FRENTE NACIONAL DE ABOGADOS DE VENEZUELA
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FRENTE NACIONAL DE ABOGADOS DE VENEZUELA
CARACAS.– En una jornada de protesta gremial realizada este lunes 28 de septiembre de 2026 en Plaza Venezuela, el Frente Nacional de Abogados de Venezuela fijó una postura contundente de rechazo frente a los anuncios derivados de las mesas de negociación entre las delegaciones de la Asamblea Nacional actual y la representación parlamentaria de 2015.
El gremio se unió a la convocatoria nacional impulsada por centrales sindicales y familiares de presos políticos, unificando una sola exigencia: el respeto irrestricto a la Constitución de 1999 y la selección de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fundamentado estrictamente en el Derecho.
El presidente de la organización, Noé Mújica, denunció que las cúpulas parlamentarias acordaron a «madrugonazo» la creación de una supuesta «comisión de revisión de credenciales», una figura que no existe en la ley ni en la Constitución. Mújica sostuvo que esta instancia busca maquillar la reforma del artículo 65 de la Ley Orgánica del TSJ para imponer a 11 diputados en el Comité de Postulaciones Judiciales, despojando a la sociedad civil de la atribución que le otorga el artículo 270 de la Carta Magna.
La jornada se desarrolló de manera cívica y pacífica. La concentración inicial tuvo lugar en Plaza Venezuela y se desplazó en marcha hasta la sede de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), ubicada en la Avenida Libertador. Si bien se registró presencia de efectivos policiales durante el recorrido, el contingente actuó como escolta de la movilización.
Al arribar al destino, las puertas del recinto judicial fueron cerradas, impidiendo que las representaciones gremiales y sindicales consignarán formalmente los recursos con petitorios puntuales centrados en la liberación de los presos políticos y la restitución del Estado de derecho.
«Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos»
El representante gremial alertó a la colectividad y a los inversionistas extranjeros que el intento de acelerar la selección judicial mediante una «simulación de legitimidad» dejará al país en un estado de justicia de facto.
Declaró: «Le decimos al país y a la comunidad internacional que este acuerdo entre las bancadas es violatorio a todas luces de la Constitución. Han designado una supuesta comisión de revisión de credenciales, es decir, una comisión que no existe ni en la ley ni en la Constitución».
Mújica enfatizó que la representatividad social no es negociable en las mesas políticas. «Pretenden esconderse detrás de la supuesta honorabilidad de algunos abogados, pero ningún jurista con vergüenza profesional puede prestarse para usurpar el rol de la sociedad civil. ¿Seguro que son honorables? Porque si usted fuera honorable y tuviera algo de vergüenza con sus hijos y con las nuevas generaciones de venezolanos, usted no aceptaría que lo designaran en esa comisión», fustigó.
El dirigente sustentó la invalidez absoluta del proceso selector en la doctrina constitucional, al explicar que de forma estrica el artículo 138 de la Constitución, que estipula que la usurpación de los poderes públicos representan una nulidad de sus actos, aunado a la doctrina del fruto del árbol envenenado.
«Los magistrados que salgan de esa comisión no serán magistrados; serán ineficaces y sus decisiones jamás alcanzarán firmeza jurídica. Todo lo que sale de algo nulo es nulo y sus actos ineficaces; eso no le garantiza Estado de derecho ni seguridad jurídica ni a los venezolanos ni a los inversionistas que vienen a colocar dinero», aseveró Mújica.
El jurista advirtió sobre el trasfondo político del acuerdo interparlamentario que parece pretender imponer por la vía de la fuerza un TSJ a favor de ellos para tratar desesperadamente de designar un Consejo Nacional Electoral que los favorezca en sus pretensiones «y seguir con la misma burla a las pretensiones del pueblo que quiere elecciones libres, democráticas y transparentes».
Ante el avance del proceso, Mújica ratificó el desconocimiento ciudadano y la apelación al texto constitucional: «Nosotros lo desconocemos y llamaremos al pueblo para que, en uso de sus facultades que le concede el artículo 350 de nuestra Constitución, esté en la obligación de desconocer toda autoridad que viole la Carta Magna. La única forma de hacerlos retroceder es haciendo cumplir la Constitución».
Edgar Guevara: Ilegalidad de tribunales de terrorismo y nulidad de la «Ley contra el Odio»
Durante la movilización, el abogado penalista, criminólogo y defensor de derechos humanos, Edgar Guevara, exigió la disolución inmediata de las instancias judiciales creadas al margen de la ley para perseguir la disidencia.
«Hoy queremos informar que estamos solicitando la anulación y la eliminación de los tribunales mal llamados contra el terrorismo, porque legalmente esos tribunales no existen en la Constitución Nacional. Eso fue un invento del Tribunal Supremo de Justicia; esos tribunales contra el terrorismo son ilegales y espurios», sostuvo Guevara.
El especialista expuso las consecuencias directas de estas instancias en las causas penales de los privados de libertad.
«Todas las decisiones de estos tribunales son nulas de toda nulidad. Todos los presos políticos que se encuentran ahora en prisión y a quienes esos mismos tribunales les han dictado privativas de libertad, han sido imputados por jueces ilegales. Vamos a seguir luchando hasta lograr la libertad de todos», aseveró.
En relación con los recursos de nulidad consignados ante la Sala Constitucional, Guevara detalló el catálogo de leyes impugnadas por el gremio. «Hemos introducido la anulación no solamente de la Ley contra el Odio, sino de la Ley Bolívar y de la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo. Estas leyes fueron creadas por el régimen para someter al pueblo. Si la Ley contra el Odio fuera justa y se le aplicara a los chavistas, todos estuvieran presos porque son los que más la violan; a ellos les saldría mínimo 20 años de cárcel», sentenció.
El docente universitario criticó la mora judicial en la que incurre el máximo tribunal del país frente a los reclamos del gremio. «El tribunal debería darnos respuesta a los cinco días de incoar la demanda, pero no nos dan respuesta a nada de lo que introducimos, porque es un tribunal que legalmente no existe pero que utiliza la figura para hacerle creer al mundo que actúan con legalidad», agregó.
El Frente Nacional de Abogados de Venezuela ratificó que mantendrá las acciones de calle y la presión ante organismos internacionales para evitar la consumación de una designación judicial írrita y garantizar el restablecimiento de las garantías constitucionales en el país.
Contacto de Prensa:
Frente Nacional de Abogados de Venezuela
Coordinación de Medios e Información Gremiada
Caracas, Venezuela
