Suboficial de la Fuerza Naval del Ecuador enfrenta una grave situación legal y económica

REDACCIÓN NOTI-AMÉRICA (ECUADOR)

Suboficial. Carlos Barberán Vásquez

Suboficial de la Fuerza Naval del Ecuador enfrenta una grave situación legal y económica derivada de actuaciones del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), las cuales califica como arbitrarias e ilegales.

El afectado denuncia que, pese a existir una sentencia de la Corte Constitucional (No. 3100-19-EP/24) que ordena revisar su caso, su situación jurídica continúa sin resolverse por más de un año, debido a reiteradas postergaciones por parte de la Sala de lo Penal del Guayas, en el Proceso No. 09208-2018-07364.

El conflicto se origina en una presunta imputación de cobros indebidos de pensiones, que el ISSFA sostiene bajo una interpretación cuestionada de su reincorporación al servicio activo. Como consecuencia, se le ha iniciado un proceso coactivo y se le han aplicado reglamentos internos que están derogados por INAPLICABLES y otro que se basa en el Código de Procedimiento Civil, derogado en el 2015 por la vigencia del COGEP, más el cobro exagerado de intereses por varios años, lo que el afectado considera improcedente y sin sustento legal.

Adicionalmente, se denuncia que desde enero de 2025 se le retiene el 100% de su pensión de retiro militar, dejándolo sin ingresos durante más de 16 meses, a pesar de existir; una Sentencia ERGA OMNES la 105-10JP/21 que prohíbe la retención del 100% de las pensiones jubilares a los ecuatorianos, sin un análisis previo sobre su sustentación y a la Vida Digna, y también pese de existir un acuerdo previo con la institución ISSFA, lo cual no ha sido cumplido.

Esta medida contravendría disposiciones constitucionales que prohíben la retención total de pensiones y garantizan una vida digna para los jubilados. El caso evidencia un posible incumplimiento de normas constitucionales, legales y administrativas, así como de sentencias de obligatorio cumplimiento.

Ante esta situación, el afectado solicita de manera urgente que el ISSFA y las autoridades judiciales competentes adopten acciones inmediatas para resolver su caso, restituir sus derechos y cesar las medidas que afectan su subsistencia.