Capellanes de derechos humanos piden al CNE desbloquear registro de partidos políticos

La abogado Coromoto Ramos, defensora de los derechos humanos, pide al CNE reabrir el registro de partidos políticos (Cortesía)

La resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE), dictada a finales de enero, suspendiendo la inscripción de nuevas organizaciones partidistas debe cesar porque viola el derecho a la participación política, considera la abogada Coromoto Ramos.

La activista de los derechos humanos hacía referencia a la resolución N° 260128-004, aprobada el 28 de enero de 2026 por el CNE, que suspendió de forma temporal la constitución, inscripción y registro de nuevas organizaciones políticas.

“El sufragio y la participación política son derechos constitucionales por lo que el CNE debe desbloquear el registro de partidos políticos”, dijo la abogada.

Ramos, miembro de la Comisión Jurídica de la Organización Latinoamericana de Capellanes de los Derechos Humanos (Orgalatín), incorporada a la OEA, se pronunció por un organismo electoral “independiente, imparcial, confiable y transparente”.

La decisión fue difundida, en los canales oficiales del Poder Electoral, “sin ofrecer explicaciones sobre los motivos que llevaron a esta determinación” de aplazar el procedimiento de promoción, constitución, inscripción y registro de organizaciones con fines políticos.

Comentó que desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas militares de Estados Unidos, el 3 de enero, en Venezuela soplan vientos de “cambios” para todos los cargos de elección popular.

“Exigimos el saneamiento total del CNE y el nombramiento de nuevos rectores que garanticen la participación ciudadana y la transparencia de los procesos de elección”.

Ramos hizo un llamado a la sociedad venezolana a participar activamente en el respeto de los derechos políticos y acompañar a las voces que reclaman por un cambio de autoridades electorales.

“El CNE debe reanudar el proceso de actualización, constitución, inscripción y registro de nuevas organizaciones políticas por ser un derecho constitucional y necesario para la elección de los cargos públicos”.