Venezuela en una encrucijada, ley de amnistía como espejismo de la reconciliación Por: Eduardo Fernandez

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Venezuela en una encrucijada, ley de amnistía como espejismo de la reconciliación

La reciente aprobación de la ley de amnistía en Venezuela ha reabierto un debate que parecía enterrado en los laberintos de la geopolítica latinoamericana: ¿hasta qué punto es posible perdonar para poder reencontrarse? En un país partido en dos, con un éxodo de más de siete millones de personas y una institucionalidad hecha trizas, la medida, promovida por el oficialismo, se presenta oficialmente como un gesto de «reconciliación nacional» para sanar las heridas de la represión. Sin embargo, vista con lupa y en perspectiva comparada, esta iniciativa parece responder más a una jugada de supervivencia política que a un genuino esfuerzo de pacificación.

Para entender las implicaciones de esta ley, debemos desmenuzar sus posibles efectos y contrastarla con lo que ha sucedido en otras naciones de la región que, tras salir de dictaduras sangrientas o conflictos internos, también aprobaron sus propias leyes de punto final.

La ley, en teoría, busca liberar a más de un centenar de presos políticos y permitir el retorno de exiliados. En la superficie, suena a justicia. Pero la realidad venezolana es tosca y está llena de matices que manchan cualquier buena intención. Este proyecto no surge de un consenso amplio en la Asamblea Nacional, sino de una correlación de fuerzas donde el chavismo, a pesar de tener una mayoría en el legislativo, sigue utilizando el sistema judicial como una «arma de guerra» contra sus adversarios .

A diferencia de los procesos de transición en el Cono Sur, donde las leyes de amnistía fueron el precio a pagar para volver a la democracia (como en Chile o Brasil), en Venezuela no hay una transición democrática en curso. Lo que tenemos es un autoritarismo que busca blindarse. Si el chavismo considera que puede perder elecciones futuras, esta ley no solo protege a la oposición encarcelada, sino que, interpretada con la amplitud que permite el texto, podría ser una puerta giratoria para funcionarios del régimen acusados de violaciones de derechos humanos.

América Latina tiene una deuda histórica con la justicia transicional. Los casos de Argentina, Chile y Brasil son quizás los más ilustrativos para analizar lo que podría venir en Venezuela .

Argentina aprobó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en los años 80. Inicialmente, permitieron la impunidad de los perpetradores de la dictadura. Sin embargo, a diferencia de Venezuela, Argentina contaba con una sociedad civil activa y un sistema de justicia que, dialogando con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, logró primero los «juicios por la verdad» y, finalmente, la anulación de esas leyes. Hoy, cientos de militares están condenados . La diferencia clave es que Argentina tuvo una ruptura democrática que permitió juzgar a los militares; en Venezuela, el partido de gobierno sigue controlando los tribunales.

El caso brasileño es el más oscuro y quizás el que más se asemeja al riesgo venezolano. La Ley de Amnistía de 1979 fue amplia, beneficiando tanto a los guerrilleros como a los agentes del Estado que torturaron. Décadas después, Brasil sigue sin juzgar a los perpetradores de la dictadura, y la ley ha sido utilizada por sectores militares para mantenerse políticamente activos y evitar cualquier atisbo de rendición de cuentas . Es el ejemplo perfecto de cómo una amnistía mal concebida puede congelar la democracia e impedir la construcción de una memoria histórica sólida. Si Venezuela sigue este camino, consolidará la impunidad y perpetuará la injerencia militar en la política civil.

¿Qué beneficios puede traer esta ley? En el corto plazo, el más evidente es la libertad de personas que llevan años detenidas sin garantías procesales. También podría facilitar un retorno masivo de venezolanos que huyeron de la persecución. Pero estos beneficios palidecen ante el peligro estructural.

El principal riesgo es que se trata de una ley de «autoamnistía» encubierta. La historia y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido tajantes: las autoamnistías son inadmisibles porque suponen una renuncia del Estado a su deber de investigar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos. Son leyes dictadas por quienes detentan el poder para protegerse a sí mismos y a sus aliados cuando sienten que el suelo tiembla.

La ley de amnistía venezolana no es el punto de llegada hacia la paz, sino una trinchera más en la guerra política. Mientras en Argentina y Chile se encontraron resquicios para hacer justicia a pesar de las leyes de amnistía, en Brasil la ley sigue siendo un candado. Para Venezuela, el camino no debería ser la repetición de estos errores, sino la construcción de una justicia transicional genuina, que pase por una Corte Penal Internacional efectiva y no por decretos redactados en la oficina del partido gobernante.

La verdadera reconciliación no se decreta; se construye sobre la base del reconocimiento del daño causado y la no repetición. Si esta ley no viene acompañada de una reforma judicial profunda y del cese de la persecución política, no será más que un espejismo en el desierto autoritario venezolano, dejando a las víctimas, una vez más, en la orilla del olvido.