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Imagine a un empleado bienintencionado subiendo los estados financieros proyectados de su compañía a una inteligencia artificial pública para generar una presentación. En segundos, el secreto industrial mejor guardado de la firma queda expuesto en una nube de datos fuera de su control. Situaciones como esta han llevado a que la IA escale, por primera vez, al puesto número uno de riesgos empresariales en el país (48% de menciones), según el Allianz Risk Barometer 2026.

Para la firma Ávila Arias & Asociados, este no es un problema puramente tecnológico, sino una crisis de gobernanza jurídica. «Estamos viendo empresas que operan con herramientas de 2026 bajo estructuras legales de 2010. Ese vacío es donde hoy se pierde el patrimonio», advierte Andrés Ávila Ávila, socio director de la firma.

Retratos de una realidad digital: El impacto en diversas áreas del derecho

La firma señala que la protección corporativa hoy debe ser transversal, pues el riesgo digital no conoce fronteras entre especialidades. Así se vive hoy el choque entre la innovación y el derecho:

• Compliance y gestión del riesgo (El fantasma del «Shadow AI»): No es solo una cuestión de ética; es la realidad de equipos usando plataformas no supervisadas. Un descuido aquí no solo filtra datos, sino que genera sanciones regulatorias que pueden paralizar la operación y la reputación de una marca en cuestión de horas.
• Derecho corporativo y activos desamparados: Muchas empresas están creando software o contenido mediante IA sin notar que, bajo la ley actual, podrían no ser los dueños de lo que producen. Sin una arquitectura contractual que defina la propiedad intelectual del algoritmo, el valor comercial de la innovación queda en el limbo legal.
• Gestión de cartera ante la «identidad sintética»: Los procesos de cobro tradicionales se están enfrentando a deepfakes y suplantaciones tan sofisticadas que autorizan pagos a cuentas erróneas. La recuperación de activos hoy exige una trazabilidad jurídica blindada que verifique quién está realmente al otro lado de la transacción.
• Riesgos fiscales por error algorítmico: Confiar ciegamente en reportes tributarios automatizados puede ser una trampa legal. Un cálculo errado por un sesgo en la IA puede derivar en multas administrativas masivas durante una fiscalización técnica, donde el contribuyente es el único responsable ante la autoridad.
• Defensa patrimonial frente al rastro digital: En un entorno de transacciones automatizadas de alta frecuencia, el riesgo de que fondos de origen ilícito se mezclen con el patrimonio lícito es real. La debida diligencia ya no es solo documental; ahora debe ser forense para proteger a la empresa de ser vinculada injustamente en procesos de extinción de dominio.

Con una trayectoria marcada por el liderazgo en entidades de control patrimonial y fiscal de alta complejidad (como la DIAN y la SAE), Andrés Ávila insiste en que el papel del abogado ha cambiado. «Ya no se trata de esperar a que llegue la demanda. En 2026, el éxito de un gerente depende de su capacidad para anticipar cómo la tecnología afecta su balance. El abogado de hoy debe ser un estratega de riesgos que hable el lenguaje del negocio y del regulador por igual».