Decenas de miles de procesados por el chavismo esperan amnistía de sus verdugos Por Braulio Jatar

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Decenas de miles de procesados por el chavismo esperan amnistía de sus verdugos

Por Braulio Jatar / NOTIAMERICA

El anuncio de una amnistía con alcance retroactivo desde 1999 reabre uno de los debates jurídicos más sensibles del constitucionalismo venezolano: ¿puede el mismo poder que diseñó y ejecutó la persecución política erigirse ahora en árbitro de su propio perdón? La pregunta no es retórica. Se apoya en cifras verificables, en obligaciones internacionales y en un contexto político excepcional.

De acuerdo con los registros sistemáticos de la ONG Foro Penal, solo entre 2014 y finales de 2025 se documentaron alrededor de 18.000 detenciones por motivos políticos.

Esta serie —la más robusta y citada por organismos internacionales— no incluye los años previos ni el universo de personas sometidas a procesos sin prisión efectiva: medidas cautelares, presentaciones periódicas, inhabilitaciones políticas o prohibiciones de salida del país.

Por ello, el número de personas procesadas por razones políticas desde 1999 se proyecta razonablemente en decenas de miles. Al último corte previo al anuncio, más de 700 personas permanecían privadas de libertad por razones políticas.

La propuesta de amnistía, formulada por Delcy Rodríguez desde el poder efectivo, pretende abarcar todo el ciclo político iniciado en 1999, es decir, el período completo del chavismo como proyecto de gobierno.

Desde una perspectiva jurídica, ello obliga a distinguir con claridad qué conductas pueden ser amnistiadas y cuáles no. La amnistía —a diferencia del indulto— extingue la acción penal respecto de hechos determinados; no declara inocencias ni implica, por sí sola, reparación integral.

Su validez constitucional exige tipicidad clara, criterios objetivos y exclusiones compatibles con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, especialmente frente a crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles e inamnistiables.

El contexto en el que surge este anuncio es determinante. La detención de Nicolás Maduro a comienzos de enero de 2026 alteró abruptamente el equilibrio interno del poder y aceleró una reconfiguración política.

En ese escenario, los hermanos Rodríguez pasaron del discurso de confrontación a una estrategia de acomodamiento a las pautas fijadas desde Washington, particularmente bajo la administración Trump: liberaciones verificables, cierre de causas políticas y señales de apertura institucional. En ese marco, la amnistía aparece menos como un gesto espontáneo de reconciliación y más como respuesta pragmática a presiones geopolíticas externas.

Desde el prisma del bloque de constitucionalidad, el debate es ineludible. Venezuela sigue obligada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por la jurisprudencia interamericana, que exige verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Una amnistía que se limite a cerrar expedientes sin mecanismos de verdad ni reparación efectiva corre el riesgo de convertirse en un instrumento de impunidad administrativa, o incluso en moneda de negociación política.

“Existe además un problema de legitimación. Cuando la persecución fue política de Estado, el perdón no puede ser auto-otorgado sin controles externos”

Un diseño normativo serio debe contemplar órganos independientes de verificación, participación efectiva de las víctimas, publicidad de listados, plazos claros y recursos judiciales eficaces. Sin esas garantías, la amnistía será selectiva y discrecional, vulnerando el principio de igualdad ante la ley.

Las cifras no admiten maquillaje: Venezuela arrastra un pasivo estructural de persecución política que no se cancela con un decreto ni con una ley exprés. La justicia transicional exige algo más que clemencia; exige verdad, responsabilidad y garantías de no repetición. Solo entonces dejará de ser el perdón de los verdugos para convertirse en reparación efectiva para las víctimas.

Braulio Jatar
Abogado, editor, escritor y profesor.
Activista de derechos humanos (DDHH) y de la causa migrante.
Ex preso político (2016–2021).