Asamblea Nacional aprobó resolución para fiscalizar a empresas de agua y el manejo de residuos en las grandes ciudades

Con 77 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución para iniciar un proceso de fiscalización sobre la gestión de residuos y el manejo del agua en las principales ciudades del país.

La resolución aprobada exhorta a la Contraloría General del Estado a realizar de manera inmediata exámenes especiales a la empresa Interagua, a la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (EMAPAG-EP) y a los organismos encargados de la gestión de residuos y manejo del agua de las principales ciudades del país. El objetivo de dichas auditorías será verificar el cumplimiento de las inversiones en infraestructura y mantenimiento establecidas en los contratos de concesión, así como el uso y destino de los fondos recaudados a través de las tarifas cobradas a los usuarios.

Asimismo, se insta al Ministerio de Ambiente y Energía a reforzar y ampliar los mecanismos de monitoreo y control de la calidad del agua potable en Guayaquil y las principales ciudades del país, mediante la realización de pruebas independientes, aleatorias y periódicas a cargo de laboratorios certificados, bajo la supervisión de la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA).

La resolución también exhorta al Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del cantón Guayaquil y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados de los principales cantones del país, así como a sus entidades delegadas, la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (EMAPAG-EP) e Interagua, a presentar informes trimestrales detallados ante la Asamblea Nacional y a ponerlos a disposición de la ciudadanía. Estos informes deberán incluir: indicadores actualizados sobre la calidad del agua distribuida, con parámetros técnicos y resultados de análisis; un detalle de las inversiones ejecutadas y presupuesto utilizado; y el grado cumplimiento de los planes de mantenimiento y operación del sistema de agua potable y alcantarillado. Estos reportes deberán ser de acceso público y servirán de base para la rendición de cuentas y las acciones de fiscalización que correspondan.

La Secretaría General de la Asamblea Nacional remitirá oficialmente la resolución a la Contraloría General del Estado; al Ministerio de Ambiente y Energía; al Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del cantón Guayaquil –Municipio de Guayaquil–, y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados de los principales cantones del país; así como a sus entidades delegadas, la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (EMAPAG-EP), la concesionaria Interagua y demás; a fin de que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, adopten las acciones que estimen pertinentes.

El proponente de la resolución, asambleísta Alex Morán, alertó sobre la grave contaminación del agua que afecta a Guayaquil, señalando que el problema se ha agravado por la inoperancia de las autoridades municipales. Recordó que en 2024 el propio Municipio admitió que solo el 60 % de las aguas residuales es tratada, mientras que el 40 % restante se descarga sin ningún tipo de procesamiento al río.

Además, citó estudios de la Agencia de Regulación y Control del Agua, realizados en octubre de 2025, que evidenciaron la presencia de coliformes fecales en niveles hasta 80 veces superiores a los permitidos, así como metales pesados, lo que representa un serio riesgo para la salud pública. Cuestionó la falta de correctivos, pese a sanciones como la multa de 46 mil dólares impuesta a EMAPAG por incumplimientos en el tratamiento del agua.

Durante el debate, las y los legisladores coincidieron en la necesidad de mejorar la gestión de residuos y garantizar el derecho al agua potable, denunciando cobros injustos, deficiencias en la recolección, irregularidades y corrupción en municipios.