Resolución para fiscalizar

Con 77 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución para iniciar un proceso de fiscalización sobre la gestión de residuos y el manejo del agua en las principales ciudades del país.
La resolución aprobada exhorta a la Contraloría General del Estado a realizar de manera inmediata exámenes especiales a la empresa Interagua, a la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (EMAPAG-EP) y a los organismos encargados de la gestión de residuos y manejo del agua de las principales ciudades del país. El objetivo de dichas auditorías será verificar el cumplimiento de las inversiones en infraestructura y mantenimiento establecidas en los contratos de concesión, así como el uso y destino de los fondos recaudados a través de las tarifas cobradas a los usuarios.
Asimismo, se insta al Ministerio de Ambiente y Energía a reforzar y ampliar los mecanismos de monitoreo y control de la calidad del agua potable en Guayaquil y las principales ciudades del país, mediante la realización de pruebas independientes, aleatorias y periódicas a cargo de laboratorios certificados, bajo la supervisión de la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA).
La resolución también exhorta al Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del cantón Guayaquil y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados de los principales cantones del país, así como a sus entidades delegadas, la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (EMAPAG-EP) e Interagua, a presentar informes trimestrales detallados ante la Asamblea Nacional y a ponerlos a disposición de la ciudadanía. Estos informes deberán incluir: indicadores actualizados sobre la calidad del agua distribuida, con parámetros técnicos y resultados de análisis; un detalle de las inversiones ejecutadas y presupuesto utilizado; y el grado cumplimiento de los planes de mantenimiento y operación del sistema de agua potable y alcantarillado. Estos reportes deberán ser de acceso público y servirán de base para la rendición de cuentas y las acciones de fiscalización que correspondan.
La Secretaría General de la Asamblea Nacional remitirá oficialmente la resolución a la Contraloría General del Estado; al Ministerio de Ambiente y Energía; al Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del cantón Guayaquil –Municipio de Guayaquil–, y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados de los principales cantones del país; así como a sus entidades delegadas, la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (EMAPAG-EP), la concesionaria Interagua y demás; a fin de que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, adopten las acciones que estimen pertinentes.
El proponente de la resolución, asambleísta Alex Morán, alertó sobre la grave contaminación del agua que afecta a Guayaquil, señalando que el problema se ha agravado por la inoperancia de las autoridades municipales. Recordó que en 2024 el propio Municipio admitió que solo el 60 % de las aguas residuales es tratada, mientras que el 40 % restante se descarga sin ningún tipo de procesamiento al río.
Además, citó estudios de la Agencia de Regulación y Control del Agua, realizados en octubre de 2025, que evidenciaron la presencia de coliformes fecales en niveles hasta 80 veces superiores a los permitidos, así como metales pesados, lo que representa un serio riesgo para la salud pública. Cuestionó la falta de correctivos, pese a sanciones como la multa de 46 mil dólares impuesta a EMAPAG por incumplimientos en el tratamiento del agua.
Durante el debate, las y los legisladores coincidieron en la necesidad de mejorar la gestión de residuos y garantizar el derecho al agua potable, denunciando cobros injustos, deficiencias en la recolección, irregularidades y corrupción en municipios.



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