Juventud, justicia y oportunidades

NOTI-AMERICA | COLOMBIA

Colombia avanza en una reflexión necesaria sobre cómo fortalecer las oportunidades, la protección y los entornos seguros para los adolescentes, en un momento en el que el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) vuelve al centro del debate público. Este marco, establecido por la Ley 1098 de 2006, reafirma su propósito pedagógico, protector y restaurativo, orientado a acompañar a los jóvenes hacia caminos de resocialización y desarrollo integral.

El SRPA aplica a adolescentes entre 14 y 18 años que incurren en conductas tipificadas como delito, con un enfoque que prioriza la educación, la prevención y la reintegración social, marcando una diferencia clara con el sistema penal de adultos.

“La participación de adolescentes en hechos delictivos nos invita a revisar y fortalecer las estrategias de prevención, educación y apoyo familiar. Este es un llamado a unir esfuerzos y cerrar brechas sociales”, explica Valeria Canosa, líder del área Penal en Cafore Abogados. Aunque el sistema contempla sanciones, su esencia sigue siendo brindar oportunidades reales de transformación, bajo medidas proporcionales y orientadas a la resocialización.

Tres puntos clave en la construcción de soluciones

1. Fortalecimiento de la prevención y las oportunidades
El país requiere políticas integrales que combinen justicia, acompañamiento social y programas que permitan a los jóvenes acceder a entornos seguros, educación de calidad y alternativas de desarrollo.

2. Claridad en la edad de responsabilidad penal
La normativa establece que solo los adolescentes entre 14 y 18 años pueden ser procesados penalmente. Los menores de 14 años reciben exclusivamente medidas de protección y restablecimiento de derechos, reafirmando un enfoque humanista y garantista.

3. Justicia restaurativa con corresponsabilidad social
La ley privilegia la reparación, la mediación y la reintegración social, destacando el papel conjunto del Estado, la familia y la comunidad en la protección y orientación de los jóvenes.

Este escenario refuerza la necesidad de impulsar políticas públicas de prevención que fortalezcan los entornos familiares, educativos y comunitarios, evitando la estigmatización y promoviendo procesos efectivos de acompañamiento y orientación.

“Un punto crucial es combatir con decisión a las estructuras criminales que instrumentalizan a menores de edad. La verdadera transformación está en proteger a los jóvenes, sancionar a quienes los utilizan y desmantelar los grupos que se aprovechan de su vulnerabilidad”, añade Valeria Canosa.

El reclutamiento de menores por redes criminales perpetúa ciclos de exclusión y riesgo. Por ello, el fortalecimiento de la investigación penal, la inteligencia judicial y las estrategias sociales de prevención es clave para garantizar que los adolescentes estén protegidos y que las sanciones recaigan sobre quienes realmente dirigen y se benefician del delito.

Promover la responsabilidad penal adolescente sin atacar estas estructuras ofrecería una respuesta incompleta. La protección integral de la infancia exige prevenir que los jóvenes sean usados por el crimen organizado y, al mismo tiempo, brindarles alternativas reales para construir un futuro seguro y prometedor.