La reforma policial en Argentina alimenta temores sobre su alcance real

NOTI-AMERICA.COM | ARGENTINA

El gobierno argentino reformó la ley orgánica de la Policía Federal para orientarla a prevenir e investigar crímenes complejos. Sin embargo, persisten dudas sobre si las nuevas facultades operativas bastarán para enfrentar dinámicas criminales más sofisticadas.

El nuevo estatuto de la Policía Federal Argentina (PFA), que redefine el perfil de la fuerza y podría marcar un cambio de enfoque en materia de seguridad al incorporar la dimensión de seguridad del Estado, entró en vigor el pasado 16 de junio, a través de un decreto presidencial.

Esta medida, según la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, no hace más que plasmar un proceso que ya se venía gestando desde 2016, cuando también estuvo a cargo de la cartera de seguridad nacional durante la administración de Mauricio Macri.

Uno de los pilares en este proceso de reforma y modernización es la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) inspirado, según fuentes oficiales, en el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), que constituirá la nueva columna vertebral de la PFA.

“Así pondremos a la Policía Federal Argentina en línea con los estándares del FBI y las principales fuerzas de investigación criminal de los gobiernos del mundo”, afirmó el presidente de Argentina, Javier Milei, en la presentación de la DFI.

La reforma, que no contó con el aval del Congreso, incluye disposiciones que permitirán a la PFA realizar detenciones, efectuar requisas y llevar a cabo tareas de ciberpatrullaje sin necesidad de una orden judicial previa.

Análisis de Insight Crime

Aunque una reforma de fondo de la Policía Federal Argentina era una deuda pendiente desde el regreso de la democracia en 1983, la eventualidad de una mayor autonomía de la fuerza despierta temores sobre su eficacia, como ha sucedido en otros países de la región donde el fortalecimiento de los aparatos represivos no necesariamente condujo a contener el crimen organizado.

Si bien en los últimos años se han reproducido los casos en la región en los que se ampliaron las facultades operativas policiales para reducir los niveles de violencia, como en Ecuador, El Salvador y Perú, estos se hicieron en el marco de regímenes de excepción y frente a niveles de inseguridad particularmente elevados.

Este no es el caso de Argentina, que presenta niveles de inseguridad muy inferiores a la media regional, con la tasa de homicidios más baja de Suramérica y una presencia limitada del crimen organizado en comparación con otros países.

Sin embargo, el nuevo gobierno nacional ha endurecido la política de seguridad, originando cuestionamientos por parte de la oposición política, los medios locales y algunas organizaciones de derechos humanos.

Martín Verrier, secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada de Argentina, afirmó a Insight Crime, respecto a las atribuciones cuestionadas por supuestamente ampliar la autonomía policial que “se trata menos de ampliarlas que de redirigirlas a los delitos que efectivamente dañan el tejido institucional del país: corrupción, narcotráfico, trata de personas, crimen organizado”. Y agregó que la reforma, “no nace de una obsesión punitiva, sino de un diagnóstico técnico compartido por expertos: la criminalidad se ha vuelto más sofisticada que la respuesta institucional del Estado”.

Esa creciente sofisticación —que ha dado lugar a estructuras criminales más reticulares y complejas— obliga al Estado, y especialmente a sus fuerzas del orden, a adaptarse permanentemente. No es de extrañar entonces que todos los expertos consultados por InSight Crime coincidieran en la necesidad de una nueva ley orgánica para la PFA.

Sin embargo, Germán Montenegro, exsecretario de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa y exdirector Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Argentina dijo a InSight Crime que el nuevo estatuto de la PFA no introduce modificaciones significativas.

La estructura organizativa, señaló, tiene prácticamente las mismas características: es macrocefálica y con áreas en las que las funciones se superponen. Y, en cuanto a las atribuciones del nuevo estatuto que están siendo cuestionadas, ya estaban establecidas en distintos cuerpos normativos como el Código Procesal Penal y la anterior Ley Orgánica de la PFA.

La falla más grande del nuevo cuerpo normativo, señaló a InSight Crime León Carlos Arslanian —exjuez del tribunal histórico del Juicio a las Juntas militares, exMinistro de Justicia de la Nación y exMinistro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires— es que “genera un proceso de autonomización policial ya que no vincula debidamente las funciones y la operatividad de la nueva policía con el Ministerio Público Fiscal”. Es decir, esa falla podría derivar en un debilitamiento de los controles efectivos sobre la PFA.

A esto se suma un elemento institucional relevante: la forma en que fue aprobada la reforma. Al no haber sido debatida en el Congreso, el nuevo estatuto carece del respaldo político que podría fortalecer su legitimidad y sostenibilidad en el tiempo.

En efecto, ya ha sido presentado un amparo judicial por sectores de la oposición política y está en curso una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

La reforma de la PFA, en el marco de una política de seguridad nacional de mano dura, deberá demostrar en los hechos su capacidad para mejorar la respuesta del Estado frente al crimen organizado sin comprometer derechos fundamentales. Su implementación, así como el desarrollo de los procesos judiciales en curso, serán claves para determinar si este cambio normativo logra perdurar en el tiempo y alcanzar legitimidad institucional.