Las comunidades autónomas apuestan por la vivienda colaborativa como solución al problema residencial

NOTI-AMERICA.COM | ESPAÑA

Pablo González es de Zamora, lleva cuatro años viviendo en Barcelona trabajando en el sector hotelero mientras estudia un grado de telecomunicaciones. Comparte residencia con siete personas en una vivienda colaborativa. “Trabajo 30 horas semanales con turnos diferentes cada día, a final de mes, después de los gastos de manutención, gano unos 900 euros. Tal y como está la situación no puedo alquilarme nada yo solo, vivo con gente que tampoco puede alquilar nada por su cuenta porque económicamente es imposible. Cuando escucho que dicen que la vivienda colaborativa es la manera de vivir del futuro, no sé como encajarlo”, afirma González.

La vivienda colaborativa o co-living se erige como una nueva forma de convivir en urbes en las que las rentas de las viviendas no paran de aumentar; algunos portales inmobiliarios ya están tratando este formato como un nuevo nicho de mercado. Este nuevo concepto de vivienda busca combinar la vida en comunidad con espacios privados. Los residentes alquilan o compran habitaciones, pero comparten zonas comunes como la cocina, la sala de estar o zonas de trabajo, además de servicios adicionales como limpieza o mantenimiento. Esta nueva forma de convivencia es la evolución del trabajo cooperativo o co-working y, para varios gobiernos autonómicos, como la Comunidad de Madrid o la Generalitat de Cataluña, es una alternativa de acceso a la vivienda, sobre todo para los jóvenes.

Para su fomento, se han realizado variaciones en los planes de organización urbana con el fin de permitir la creación de estas infraestructuras, cumpliendo una función residencial y no hostelera, como se calificaba en el plan anterior.

Según un informe realizado por la Universidad Pompeu Fabra y la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña, la edad de emancipación ha subido a 30 años en España, mientras que la media europea se sitúa en 26 años. Las principales causas son la subida de precios en el sector inmobiliario, la inflación continuada y la disminución de la renta. El precio de la vivienda de segunda mano en España ha subido un 11,2% a nivel interanual en el primer trimestre de 2025 y un 4% en su variación mensual, situándose en los 2.635 euros por metro cuadrado, según los últimos datos de Fotocasa.

El precio medio de alquiler por metro cuadrado en Madrid supera los 21 euros, lo que se traduce en 1.600 euros mensuales por un piso de 80 m2, tal y como señala el sistema estatal de precios de alquiler de vivienda publicado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, mientras que el precio del metro cuadrado en Barcelona se sitúa en torno a 23 euros, según los datos del Ayuntamiento de Barcelona.

El acceso a una vivienda asequible se ha convertido en una gran dificultad para muchos ciudadanos, y las cifras muestran que la situación sigue empeorando. En un reciente informe, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado el elevado coste de las viviendas en las grandes metrópolis del país. El alquiler de una vivienda con el espacio mínimo habitacional (de 22 a 41 m2, varía según la comunidad) cuesta de media 1.444 euros en Barcelona, 1.207 en Valencia, 1.107 en Madrid, 878 en Málaga y 612 en Zaragoza.

Desde los gobiernos autonómicos y locales se está implementando una mejora en la fiscalización y legislación de las nuevas formas de vivienda. En Madrid, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se ha actualizado para incluir el co-living, introduciéndolo como una nueva forma de vivienda independiente con espacios compartidos para regular este tipo de vivienda.

Durante la celebración del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) José María García, viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructura de la Comunidad de Madrid, ha afirmado que desde las instituciones se va a fomentar la legislación de la vivienda colaborativa para hacer frente al problema residencial en la Comunidad de Madrid. “La vivienda colaborativa ha venido para quedarse, es una alternativa para jóvenes, y no tan jóvenes, de poder conseguir un alojamiento de forma asequible”.

Los sindicatos de inquilinos muestran reticencia ante el desarrollo de las viviendas colaborativas. «El apoyo que la Comunidad de Madrid da a estos sectores evidencia una apuesta clara por la especulación y la precarización. En lugar de fomentar alquileres sociales y protegidos por ley, se blanquea un mercado que prioriza la rentabilidad para bancos y fondos de inversión como Banco Santander, Maynor o Gray. Es un modelo basado en la movilidad y la rotación constante, expulsando a quienes buscamos un hogar estable y convirtiendo la ciudad en un espacio elitista y totalmente mercantilizado», advierte Pablo Pérez, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.

Cataluña fue la comunidad pionera en regular la vivienda colaborativa como forma de residencia compartida. Mediante el Decreto Ley 50/2020, que entró en vigor en diciembre de 2020, define el co-living como una vivienda con un espacio privativo menor al habitual, complementada por espacios comunes compartidos. El decreto exige que las unidades de alojamiento deben tener un espacio privativo mínimo de 24 m2 y los espacios comunes complementarios deben tener al menos 6 m2 por alojamiento. La suma de ambas superficies no debe ser inferior a 36 m2.

A partir del estudio realizado por la OCU, en el que han analizado 155.509 anuncios inmobiliarios de los portales Idealista, Milanuncios y Fotocasa, la organización ha mostrado cómo el precio medio de las viviendas supera, en algunas ciudades, al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

El informe señala que el precio medio del alquiler en Madrid para un piso de 28 m2 alcanza los 1.100 euros mensuales. Esto supone que el precio del metro cuadrado ha alcanzado los 21 euros a principios de enero de 2025, lo que representa un aumento del 15,2 % (el más alto en España) respecto a enero de 2024 y un incremento del 1,6 % en comparación con diciembre de 2024. El incremento a nivel nacional es del 11,2%.

Sin embargo, para muchas personas recién llegadas a las grandes urbes, este tipo de formato es una solución rápida y eficaz de encontrar una vivienda en la que residir. «Cuando llegué a Madrid por trabajo tuve que buscar rápido un sitio donde vivir, donde más disponibilidad había era en formatos de este tipo, en un principio no era mi primera opción», comenta Antonio Bellido, originario de Sevilla, lleva ya año y medio en la capital.

El principal desarrollo de esta vivienda colaborativa se encuentra en el centro de las grandes ciudades. Esto permite residir en el downtown por menos precio pero, debido al cambio de legislación y el incremento de viviendas de este tipo, aumenta los precios de las viviendas convencionales y dificulta la búsqueda de estas a un precio asequible. «Allí estuve alrededor de 10 meses, no es como alquilar un piso o estar en uno compartido, pero cumplió mis expectativas. Es cierto que si económicamente pudiera vivir solo lo haría; creo que es una solución temporal por si no encuentras vivienda. Al final donde yo estaba todo el mundo acababa marchándose fuera del centro a una piso normal», afirma Bellido.

Desde la Asociación de Inquilinos de Madrid consideran que «este tipo de residencias colaborativas precariza aún más el acceso a la vivienda, es un modelo que opera con contratos temporales de menos de 11 meses sin la protección legal que ofrecen los alquileres tradicionales de larga duración. No se presenta como una opción flexible, funciona como residencias de paso para personas con altos ingresos que no buscan estabilidad temporal», comenta Pérez.

La regulación de la vivienda colaborativa en España tiene resultados mixtos, con avances en la comprensión y adaptación legal, pero también desafíos en la implementación y la gestión de los riesgos asociados. Se observa un crecimiento en el sector, especialmente en las grandes ciudades, según el informe Global Living Investment Universe 2025 elaborado por JLL , el sector inmobiliario continuará siendo el preferido para la inversión en España y Europa, atrayendo entre el 30% y 35% de la inversión total en 2025. A pesar de la previsión de 138.000 visados de obra nueva, la oferta seguirá siendo insuficiente para cubrir la demanda, lo que impulsará un aumento del 5,3% en los precios de la vivienda. Las compraventas, en cambio, descenderán un 2,3%, estabilizándose entre 600.000 y 650.000 transacciones a largo plazo.

Por otro lado, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) no aborda específicamente las viviendas colaborativas, lo que puede generar dudas y conflictos legales en la interpretación de las normas aplicables. Además, la concentración de este tipo de viviendas en algunas zonas puede generar problemas similares a los de los pisos turísticos, como la saturación de determinadas áreas y la posible expulsión de residentes locales, para ello las comunidades autónomas podrán imponer límites en cuanto a la ubicación, el número de licencias o los tipos de contrato permitidos.

Desde los sindicatos de inquilinos se muestran «escépticos» ante esta nueva forma de vivienda y las mejoras legislativas impulsadas desde los gobiernos autonómicos. «Creemos que el fomento masivo de estas nuevas formas de vivienda implica el aumento del precio del alquiler y del metro cuadrado, desplazando a los ciudadanos que no puedan afrontar económicamente esos precios», advierte Pérez.

Las ciudades en España agrupan cada vez más personas trayendo consigo un problema residencial. Fuentes de la comunidad de Madrid afirman que, en el último año, la capital ha superado los siete millones de personas , lo que representa un incremento del 2% respecto a 2023 y se traduce en 140.000 nuevos residentes. Por su parte, la población de la ciudad condal ha crecido un 2,6% con respecto al año anterior, alcanzando 1.702.814 de habitantes. Un crecimiento récord que, según los datos del consistorio, es el más alto desde 1991.

*Miguel B. Irigaray es alumno del máster de Reporterismo Internacional de la UAH con el Instituto de RTVE. Este artículo ha sido supervisado por la redactora jefa de Economía, Asun Gómez Bueno.