Próximos pasos del Gobierno: consolidar poder y acelerar reformas
Tras la reforma laboral, el Gobierno acelera su agenda legislativa para consolidar poder y lanzar nuevas reformas estructurales.
Con la reforma laboral como primer gran hito legislativo del año, el Gobierno de Javier Milei ingresa en una etapa de consolidación política. En la Casa Rosada no lo leen como un hecho aislado, sino como el punto de partida de un rediseño estructural del Estado y de la relación entre poder político, sindicatos y sector privado.
La estrategia oficial combina tres dimensiones: cerrar las sesiones extraordinarias con resultados concretos, fortalecer la narrativa económica y lanzar el 1° de marzo una agenda 2026 ambiciosa que marque rumbo y profundidad reformista
Cierre de extraordinarias: exhibir gobernabilidad
El oficialismo entiende que el capital político no se acumula, se utiliza. Por eso aceleró negociaciones parlamentarias para llegar al 28 de febrero con la mayor cantidad posible de proyectos encaminados o aprobados.
Mesa política y orden interno
La reunión de Mesa Política en Casa Rosada cumple una función central: coordinación y disciplina. Allí se alinean ministros, jefatura de Gabinete y operadores legislativos para evitar fisuras públicas y optimizar acuerdos con aliados parlamentarios (PRO, sectores de la UCR y bloques provinciales).
El mensaje interno es claro: la etapa de improvisación terminó; ahora comienza la fase de institucionalización del programa libertario
Reforma laboral: el punto de inflexión
La eventual sanción definitiva en el Senado no solo tiene impacto jurídico, sino simbólico. En el entorno presidencial sostienen que se trata de un “cambio de paradigma” en la relación entre Estado y litigiosidad laboral.
Para el oficialismo, el objetivo es doble:
Reducir incertidumbre empresarial.
Enviar una señal al mercado internacional de que Argentina avanza hacia reglas más previsibles.
El conflicto con sectores sindicales —especialmente los vinculados al transporte— es leído en clave política: no solo es una discusión sectorial, sino un reordenamiento del poder sindical histórico.
1° de marzo: el relanzamiento del proyecto libertario
La Apertura de Sesiones Ordinarias será el momento político central del semestre. El discurso presidencial no será solo balance, sino hoja de ruta.
En el oficialismo trabajan sobre un documento amplio que incluiría más de 40 iniciativas legislativas, articuladas bajo un mismo concepto: estabilizar la macroeconomía y profundizar reformas estructurales
Reforma Electoral
Cambios en el sistema de votación y revisión de las PASO buscan instalar el argumento de eficiencia institucional y reducción de costos políticos.
Reforma Penal y Anticorrupción
El endurecimiento de penas para delitos graves y corrupción forma parte del discurso de orden institucional y fortalecimiento del Estado de Derecho.
Ley Bases 2.0
El Gobierno no abandona su proyecto de desregulación y privatizaciones. Lo que no prosperó en la primera etapa podría relanzarse con ajustes tácticos y mayor negociación.
La dimensión económica: sostener la narrativa de estabilidad
El oficialismo vincula cada reforma con tres objetivos macro:
- Consolidar equilibrio fiscal
- Reducir inflación de manera sostenida.
- Atraer inversiones vía RIGI y comercio exterior.
La lógica es clara: primero estabilizar, luego crecer. En esa ecuación, cada reforma institucional es presentada como condición necesaria para la llegada de capital.
Tensiones y riesgos
El Gobierno es consciente de los límites políticos. La CGT ya anticipó medidas de fuerza ante la reforma laboral. Algunos gobernadores resisten recortes o cambios en coparticipación indirecta.
Sin embargo, en la Casa Rosada predomina la convicción de que el contexto económico —si muestra mejoras visibles— puede neutralizar parte de la conflictividad.
La reforma previsional, por ejemplo, permanece en pausa. Es considerada estructural pero políticamente delicada. La estrategia sería abordarla en una etapa posterior, cuando el clima económico sea más favorable.
Un Año Decisivo
Para el oficialismo, 2026 no es un año más: es el momento de transformar legitimidad electoral en arquitectura institucional duradera.
La pulseada con sectores sindicales y opositores no es vista como obstáculo, sino como parte inevitable de un proceso de cambio profundo.
Si logra cerrar febrero con sanciones clave y lanzar una agenda ambiciosa el 1° de marzo, el Gobierno habrá dado un paso importante hacia la consolidación de su proyecto político.
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