El Territorio Digital: Un punto ciego en la legislación ecuatoriana

REDACCIÓN NOTI-AMÉRICA | ECUADOR

PERFIL DEL AUTOR:
Gabriel Brito es antropólogo digital e investigador en el Oxford Internet Institute de la Universidad de Oxford, donde estudia el impacto social, económico y político de las tecnologías digitales. Es fundador y director de la Fundación Ayawana, dedicada a promover el bienestar digital de los ecuatorianos mediante la investigación social y la alfabetización digital.
Su trabajo se centra en fenómenos como la desigualdad algorítmica y la democracia digital, con especial énfasis en el contexto ecuatoriano, explorando cómo la brecha social y el analfabetismo digital exponen a comunidades vulnerables a riesgos en línea que afectan directamente su vida cotidiana.

El siglo XXI marca el génesis de la Cuarta Revolución Industrial; un período histórico inédito que se caracteriza por la consolidación de las tecnologías digitales como elemento intrínseco de la vida social de las personas, donde las esferas de la vida online y offline se entrelazan creando una sociedad híbrida con ciudadanos que piensan, sienten y actúan en dos dimensiones diferentes de la realidad.

Es preocupante notar que, en Ecuador, seguimos discutiendo la política como si la vida social ocurriera solo en las calles, en las esquinas de los barrios, limitada al espacio tangible. Pero una gran parte de la vida de los ecuatorianos ocurre en un lugar que la legislación ecuatoriana todavía no reconoce: el territorio digital.

Hoy somos ciudadanos en dos ecosistemas: la física y el digital. Conversamos, trabajamos, amamos, nos informamos y decidimos sobre el futuro de la patria tanto en el padrón electoral como en la pantalla de nuestro celular. Podemos decir que cada vez hay menos distancia entre un “me gusta” en Facebook y un voto en la urna. La vida digital nunca ha sido un tema tan pertinente como hoy y todo apunta a que esta tendencia llegó para quedarse en nuestras vidas. Sin embargo, el Estado ecuatoriano sigue actuando como si lo digital fuera un simple accesorio, una mera fuente de entretenimiento, cuando en realidad es un espacio vital donde también se juegan derechos y vulnerabilidades de la ciudadanía.

En un país con una de las tasas más altas de analfabetismo digital en la región, esta omisión es grave. Millones de ecuatorianos de comunidades vulnerables navegan el internet varias horas al día sin herramientas críticas, expuestos a riesgos como la desigualdad algorítmica, la desinformación y contenidos que amenazan su salud mental y en muchos casos hasta su vida. Lo digital ya no es una ficción: es una condición elemental para ser un ciudadano competente. Un ecuatoriano sin acceso a internet, y aún más importante, sin un criterio formado para navegarlo es un ciudadano que no es capaz de gozar de sus derechos y libertades fundamentales plenamente.

El reto actual es reconocer que lo digital es un territorio más que se entrelaza con el espacio físico. Eso implica legislar con visión integral, impulsar programas de alfabetización digital y diseñar políticas que no separen lo que en la práctica ya está unido: la vida online y offline. Esto ya no es una elección que queda en manos del gobernante de turno sino una obligación de los organismos del Estado que han sido creados para velar por el bienestar de los ciudadanos en todos las dimensiones y territorios que habitan. Al ser un espacio de convivencia y producción social, cultural y económica, el internet es además un lugar donde el Estado debe estar presente; constantemente explorando los cambios tecnológicos que son la norma en el territorio digital y ajustando las leyes de manera ágil y responsable.

Ignorar lo que ocurre en este territorio es gobernar con un punto ciego. Hoy en día Ecuador, en medio de sus desafíos sociales y políticos, no puede darse el lujo de ignorar o minimizar la mitad de la realidad de sus ciudadanos solamente por encontrarse limitada a una pantalla. Tal vez este cambio de enfoque nos dará las herramientas que tanto necesitábamos para innovar y superar los paradigmas actuales de la política pública que, desde una perspectiva limitada, informan leyes que vienen y van, y que no terminan de producir un cambio real en las condiciones de vida de los ciudadanos.