NOTI-AMERICA.COM | COSTA RICA

Documentos, renuncias y convocatorias: La Tormenta Legal que Sacude al Colegio de Cirujanos Dentistas

Una creciente ola de cuestionamientos, cuatro recursos de amparo, además de denuncias internas golpea al Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica, luego de que documentos oficiales de la Sala Constitucional revelaran solicitudes de información no atendidas, contradicciones en nombramientos, dudas sobre la legalidad de las actuaciones del Tribunal Electoral y presuntas irregularidades en la convocatoria y tramitación del proceso electoral 2025.

En medio de este escenario, el candidato a la vicepresidencia del Colegio, Sergio Murillo Picado, decidió acudir a la vía constitucional ante la falta de respuesta institucional, tal como consta en el expediente 25-035196-0007-CO, medida cautelar 25-002975-1075-1028-CA.

Paralelamente, la odontóloga Selena Cubero —representada por el abogado Francisco Dall’Anese Álvarez, Doctor en Derecho Público y Constitucional— presentó otro recurso similar, registrado bajo el expediente 25-033489-0007-CO 0031-0007-237491328-4409-F.

Ambos procesos fueron admitidos, y en ambos la Sala IV ordenó al Colegio entregar información certificada, completa y foliada bajo juramento, advirtiendo incluso sanciones penales en caso de falsedad u omisión, debido a la falta de información e impedimento de envío de lo solicitado.

Un proceso electoral cuestionado desde dentro

Según explicó Murillo, la controversia comenzó cuando detectó inconsistencias en la conformación del Tribunal Electoral y en el acceso a la información requerida para fiscalizar el proceso. Documentos internos muestran que el 29 de septiembre de 2025 solicitó copias certificadas del funcionamiento del Tribunal, actas de los últimos ocho años, expedientes de los miembros y presupuestos, entre otros elementos esenciales para verificar la transparencia del proceso electoral 2025.

Aunque se le dio acuse de recibido, la información nunca fue entregada, obligándolo a recurrir a la Sala Constitucional, lo cual quedó plasmado en la resolución del 18 de noviembre de 2025 0031-0007-237491333-1710-F.

A esto se suma la renuncia de una integrante del Tribunal Electoral, presentada el 27 de febrero y aceptada el 3 de marzo, quien posteriormente apareció como candidata en una de las papeletas en contienda. Para Murillo, esta secuencia genera un conflicto de intereses evidente al haber manejado información privilegiada antes de postularse.

Contradicciones en fechas y nombramientos «a dedo»

El candidato señala que existen diferencias entre actas oficiales —que ubican a la exintegrante como electa en diciembre de 2021— y documentos internos que la colocan en funciones desde enero de 2020, lo que, según él, sugiere un nombramiento sin votación en Asamblea, práctica que violaría la normativa interna.

Además, habría permanecido en funciones por un periodo total de cinco años, a pesar de que el reglamento establece períodos de cuatro; indicó que esta persona podría tener una cercanía con los anteriores miembros, además de que la misma tenía que haber renunciado un año antes, siendo esto último un acto ilegal.

Convocatorias restringidas y falta de acceso a expedientes

Según lo denunciado, las convocatorias del Tribunal Electoral no se habrían realizado a todos los propietarios y suplentes, sino únicamente a un suplente determinado, lo cual afecta la validez de las decisiones tomadas en esas sesiones.

Murillo también afirma que su papeleta recibió documentos incompletos, tardíos o fragmentados, mientras otra papeleta habría tenido acceso a información incluso antes de su publicación oficial.

Destacó que la escogencia del tribunal electoral no estaba en la agenda del día la escogencia de otros miembros de la Junta Directiva de la asamblea del 05 de diciembre del 2021 y no se sacó a convocatoria los puestos.

El criterio jurídico: entrevista con el Dr. Francisco Dall’Anese Álvarez

Consultado para esta nota, el Dr. Francisco Dall’Anese Álvarez, reconocido experto en Derecho Público y Constitucional y quien representa el recurso en el expediente 25-033489-0007-CO, confirmó que los hechos denunciados evidencian posibles violaciones al derecho de acceso a la información, al debido proceso electoral interno y al principio de igualdad entre candidaturas.

Dall’Anese señaló:

«La información solicitada por los colegiados no solo es pública, sino esencial para garantizar la transparencia del proceso electoral. La falta de entre ga o la entrega fragmentada puede constituir una violación directa de derechos fundamentales.»

Sobre las contradicciones en los nombramientos dentro del Tribunal Electoral, agregó:

«Cualquier designación que no provenga de la Asamblea General carece de legitimidad. Si se mantienen personas en funciones por periodos no autorizados o mediante nombramientos no regulados, estamos ante una posible actuación ultra vires.»

El abogado también advirtió que la Sala Constitucional fue clara y firme al ordenar al Colegio entregar copias certificadas, foliadas y completas, bajo juramento y con advertencia penal, lo que refleja la gravedad que la Sala atribuye al caso.

Adjunto en este correo:

(1) Nota de prensa

(1) entrevista en formato video

(3) recursos de amparo

(1) medida cautelar

(2) entrevistas en formato video

Prensa Política

 Entrevista Abogado.mp4