Bruselas pide al Tribunal Europeo sancionar económicamente a España por no adaptar normas de transparencia laboral
NOTI-AMERICA.COM | ESPAÑA
La Comisión Europea (CE) ha solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sanciones económicas a España por no adaptar en su legislación nacional la normativa comunitaria sobre transparencia en condiciones laborales.
Esas disposiciones se refieren a la Directiva europea de 2019 que exige, por ejemplo, que los trabajadores reciban información detallada y oportuna sobre aspectos esenciales de su empleo, como el horario de trabajo y la remuneración, unas normas que, según las medidas notificadas a la Comisión, España aún no ha establecido.
La Comisión ya abrió expediente a España en septiembre de 2022, seguido de un ultimátum para adaptar estas disposiciones a su legislación nacional en junio de 2023. En febrero de 2025, España notificó a la Comisión las medidas nacionales que transponían algunas, pero no todas, las disposiciones de la directiva.
Por tanto, la Comisión considera que los esfuerzos realizados por las autoridades españolas son «insuficientes» hasta la fecha y ha decidido llevar al Gobierno ante el TJUE, al que ha solicitado también que imponga sanciones financieras.
Discriminación de no residentes
Además, la CE ha abierto un expediente a España este miércoles por trato fiscal discriminatorio de no residentes. A estos se les exige pagar el impuesto sobre la renta sobre el 2% del valor catastral de sus viviendas utilizadas como residencia habitual. El Ejecutivo comunitario ha instado a las autoridades españolas a poner fin a esta imposición, que considera discriminatoria.
Según Bruselas, esta situación afecta a la libre circulación de trabajadores y a la libre circulación de capitales. Por todo ello, la Comisión ha enviado una carta de emplazamiento a España. Ahora dispone de dos meses para responder y subsanar las deficiencias detectadas por el Ejecutivo comunitario.
A falta de respuestas satisfactorias, Bruselas podrá dar un ultimátum de dos meses al Gobierno para eliminar esta tasa antes de elevar el caso al TJUE.
Directiva sobre accidentes graves por vertidos peligrosos
A su vez, la CE ha anunciado este miércoles la apertura de un expediente sancionador contra España por no cumplir plenamente con las normas europeas que obligan a contar con planes de emergencia y medidas de limpieza del medio ambiente frente a la contaminación por accidentes industriales graves. El Ejecutivo europeo da un primer plazo de varios meses a España para responder.
El caso se refiere a la no transposición completa de la directiva Seveso III sobre el control de los riesgos de accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. Esta es una norma que se aplica a más de 12.000 instalaciones industriales en el conjunto de la Unión.
Al igual que con el expediente sobre la discriminación fiscal de los no residentes, si las irregularidades no se resuelven, el expediente seguirá adelante con una nueva fase de diálogo para buscar solución. Si esta situación no se resuelve, permitirá a Bruselas elevar el caso al TJUE.
En este caso, la CE ha apuntado a que España no ha trasladado correctamente a su legislación varias disposiciones, incluidas aquellas que establecen obligaciones de presentación de informes, plazos para la elaboración de planes de emergencia para nuevos establecimientos y la necesidad de limpiar el medio ambiente después de un accidente grave.
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