El Gobierno fija los criterios para adelantar la jubilación en trabajos peligrosos

NOTI-AMERICA.COM | ESPAÑA
El Gobierno ha aprobado un real decreto para regular el procedimiento previo para determinar los supuestos que permiten anticipar la edad de jubilación en la Seguridad Social a través de la aplicación de coeficientes reductores en actividades profesionales dolosas o peligrosas.
«Lo que aprobamos es, concretamente, el procedimiento para hacerlo», ha señalado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. Por tanto, se establecen los criterios —basándose en indicadores científicos y objetivos, según la ministra— para que los trabajadores de actividades penosas, peligrosas o insalubres que no puedan beneficiarse previamente de una mejora en sus condiciones laborales puedan adelantar tu jubilación.
Por tanto, esto se aplicará a profesionales «cuando no sea posible una mejora de sus condiciones de trabajo, para que puedan reducir su edad de jubilación ordinaria», ha señalado Saiz.
Este cambio normativo busca acercar a España a países como Francia, Austria o Italia, que ya tienen procedimientos similares. «Es un paso adelante en justicia social (…) El sistema debe ser suficientemente flexible para proteger a estos colectivos», ha remarcado la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El real decreto aprobado este martes supone un avance para definir la naturaleza de las actividades que puedan acceder a estos coeficientes. Por ejemplo, para determinar la penosidad se valorarán criterios como la exposición a temperaturas extremas, ruido o vibraciones, el uso permanente de la fuerza física o la exposición a agentes físicos, químicos o biológicos.
También se contemplarán criterios de toxicidad, si la actividad es susceptible de provocar accidentes o enfermedades o la exposición a ambientes insalubres que puedan perjudicar la salud del trabajador.
Para acreditar que estas circunstancias ocurren y justificar que se apliquen los coeficientes para adelantar la jubilación, se ha fijado una fórmula basada en indicadores objetivos relacionados con la Incapacidad Temporal del colectivo profesional. Después, Seguridad Social elaborará un informe sobre la enfermedad y mortalidad.
¿Cuáles son las fases fijadas en el procedimiento? Como ha explicado Saiz, serán las organizaciones empresariales, sindicales, de autónomos y administraciones públicas las encargadas de solicitar estas condiciones especiales para un colectivo en concreto. Luego, Seguridad Social y la Inspección de Trabajo elaborarán informes que se remitirán a una comisión de evaluación, que decidirá si se dan las condiciones para aplicar los coeficientes reductores.
Una vez resuelto el procedimiento se podrá, en su caso, iniciar el trámite para rebajar la edad ordinaria de jubilación.
No se aplicará a actividades que ya se benefician de una anticipación
Cabe recordar que lo aprobado en este real decreto no se aplicará a las personas trabajadoras del mar, mineros o el personal de vuelo, entre otros, porque ya disfrutan de esta anticipación. Por tanto, solo se aplicará a nuevos colectivos, sectores y actividades que actualmente no tienen esta posibilidad.
Como matizan fuentes del ministerio, la aplicación de los coeficientes reductores no podrá anticipar la jubilación a una edad inferior de 52 años. Además, la pensión de jubilación anticipada por aplicación de coeficientes reductores reconocidos a la actividad no se podrá compatibilizar con el desempeño de la misma actividad que originó la anticipación.
Balance de la primera fase del nuevo sistema de cotización de autónomos
Además, Saiz también ha presentado los resultados del primer proceso de regularización de cuotas de los autónomos, todo ello tras la entrada en vigor del nuevo sistema de cotización por rendimientos reales en 2023. Actualmente, hay más de 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia y, de ellos, alrededor de 1,3 millones son mujeres, según datos del Ejecutivo. Del total, casi medio millón proceden de otros países.
Con este sistema, en vigor desde enero de 2023 y hasta diciembre de este año, estos trabajadores cotizan en función de sus rendimientos netos anuales. Pueden estimar sus rendimientos anuales previstos y elegir un tramo provisional que podrá ir ajustando a lo largo del año si sus ingresos varían. Como ha indicado Saiz, su puesta en marcha «ha sido un ejercicio de una enorme complejidad técnica» y ha derivado en más de 1.500 millones de actualizaciones de datos procedentes de la Agencia Tributaria, la Tesorería de la Seguridad Social, el SEPE y las haciendas forales. En total, se han revisado las cotizaciones de más de 3,7 millones de autónomos y se han emitido más de 4,2 millones de notificaciones.
La ministra ha señalado que ha sido clave el acompañamiento durante el proceso y que se han celebrado más de 350 reuniones informativas con asociaciones y se han reforzado los canales de atención presencial y telefónica. Con todo, ha insistido en el compromiso del Ejecutivo para instaurar un sistema de cotización «justo, comprensible y previsible»: «Este primer ejercicio nos demuestra que es posible avanzar hacia un sistema más justo y solidario, sin dejar a nadie atrás».
Con todo, ha adelantado que convocará la Mesa de Diálogo Social en las próximas semanas para negociar las tablas de tributación para los próximos años.
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