Consumo obligará a las compañías telefónicas a bloquear las llamadas comerciales que no se identifiquen con un prefijo

NOTI-AMERICA.COM | ESPAÑA

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado un cambio normativo para impedir el ‘spam’ telefónico: las compañías telefónicas deberán bloquear las llamadas comerciales no consentidas y que no estén identificadas como tal.

El grupo parlamentario de Sumar ha registrado varias enmiendas a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, todavía en trámite para su aprobación en el Congreso de los Diputados. Por un lado, se establece que las empresas estén obligadas a identificar sus llamadas comerciales con un prefijo telefónico específico. Y si las empresas no utilizan ese código, el operador de telecomunicaciones deberá bloquear la llamada.

Por otro, se busca declarar nulos todos los contratos que se suscriban a través de llamadas telefónicas no consentidas, y obligar a las empresas a renovar cada dos años el consentimiento del usuario para recibir llamadas, entre otras medidas que se han dado a conocer en semanas anteriores.

«De lo que se trata es de impedir que haya modelos de negocio que se basen en menoscabar el derecho al tiempo, el bienestar o la privacidad de los consumidores», ha afirmado Bustinduy este martes en declaraciones a la prensa. Las medidas son una propuesta de su Ministerio y están acordadas con el PSOE, según la comunicación remitida el martes.

El ministro ha asegurado que el cambio de normativo supondrá un «cambio de paradigma». «Será un hito en la defensa de los consumidores», ha insistido. «La regulación pública y la denuncia de prácticas abusivas es clave para que tengamos unas relaciones comerciales que sean más democráticas, más justas y más transparentes».

Bustinduy confía en que la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que se encuentra «en la última fase de su tramitación parlamentaria», pueda votarse en el Congreso en las «próximas semanas». En la víspera, afirmó en una entrevista en la Cadena SER recogida por RTVE que sería «antes de verano», cuando existe «casi unanimidad» entre los grupos.

A finales de junio de 2023 entró en vigor la Ley General de Telecomunicaciones, publicada un año antes, y que protege explícitamente el derecho de los consumidores a no recibir llamadas o mensajes con fines comerciales sin haber prestado un consentimiento previo para ello.

La primera de estas enmiendas obligará a las empresas a identificar con un prefijo telefónico todos los números desde los que hagan llamadas comerciales y con otro distinto las llamadas de atención al cliente. «En base a estos códigos se va a obligar a su vez los operadores de telecomunicaciones a bloquear todas las llamadas de empresas que no utilicen estos códigos», reza la nota del Ministerio de Consumo remitida a RTVE, que explica que para ello el Gobierno adaptará el Plan de Nacional de Numeración para facilitar la implementación técnica de esta medida.

Según ha reiterado también Bustinduy este martes, «las compañías de telecomunicaciones tienen tecnología suficiente» para poder hacer esta identificación.

Por otro lado, la segunda enmienda propone anular los contratos que se cierren en llamadas telefónicas que no han sido consentidas para «desincentivar a las empresas a hacer llamadas no deseadas», según recoge la nota de prensa.

Según el departamento que dirige Bustinduy, esta iniciativa responde al «creciente volumen de quejas por parte de la ciudadanía, que denuncia sentirse presionada o confundida por estas llamadas». Por otro lado, agrega, se busca «proteger el derecho del consumidor a decidir con libertad e información suficiente».

Asimismo, se obligará a todas las empresas a renovar cada dos años el consentimiento con el usuario para recibir llamadas comerciales, asegurando así que las empresas no se amparen en autorizaciones indefinidas o ambiguas para seguir contactando a los consumidores.

«A todo el mundo le ha pasado que ha autorizado con una casilla las llamadas comerciales. Pero eso no puede ser una autorización ambigua o sin fecha de caducidad», ha argumentado el ministro a los medios de comunicación.

Estas dos enmiendas presentadas por el Ministerio de Consumo a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela se suman a otras tres registradas por el Gobierno a esta misma norma la semana pasada, también a petición de este departamento.

A través de ellas, el Ejecutivo plantea regular las suscripciones para evitar renovaciones automáticas no deseadas, obligando a las compañías a comunicar con 15 días de antelación la fecha de renovación de un servicio o suscripción que haya sido contratado de forma online y deberán facilitar la baja voluntaria en caso de que se desee.