Esperanza para miles de migrantes: jueza ya bloqueó el fin del Parole Humanitario; falta la publicación oficial
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Esperanza para miles de migrantes: jueza ya bloqueó el fin del Parole Humanitario; falta la publicación oficial
Boston, abril de 2025. En un giro significativo para la política migratoria de Estados Unidos, la jueza federal Indira Talwani ha anunciado este jueves su intención de emitir una medida cautelar que impide, por ahora, la eliminación del programa de parole humanitario para migrantes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua. Esta decisión representa un fuerte revés para los esfuerzos de la administración Trump, que buscaba poner fin a este programa, afectando a más de medio millón de inmigrantes.
La magistrada, designada durante la administración de Barack Obama, cuestionó la legalidad de la decisión del Ejecutivo, señalando que se incumplieron procedimientos clave establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos. Según Talwani, el intento de revocar el programa se llevó a cabo de manera apresurada y sin seguir los pasos necesarios que exige la ley.
“Están convirtiendo en prioridad a la gente que obedeció las reglas, no a quienes cruzaron la frontera ilegalmente”, señaló la jueza durante la audiencia, dejando en claro que muchos de los beneficiarios del parole han seguido un proceso formal, con patrocinadores económicos y validación a través de la aplicación CBP One.
El parole humanitario ha sido utilizado por diferentes administraciones desde la presidencia de Dwight D. Eisenhower y ha permitido el ingreso legal de personas que huyen de conflictos, persecución o crisis humanitarias. Bajo la presidencia de Joe Biden, se amplió este mecanismo a ciudadanos de países como Ucrania, Afganistán, Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua, en un intento de gestionar la migración de forma ordenada y segura.
La medida judicial detiene temporalmente el plan de la actual administración, que pretendía terminar el parole para los latinoamericanos el 24 de abril, argumentando que este programa había sido mal utilizado. Abogados del gobierno argumentaron que la jueza Talwani no tenía autoridad para suspender la orden de forma generalizada y que, de concederse la medida, esta debería limitarse a las 20 personas representadas en la demanda. Sin embargo, Talwani defendió que la suspensión debía considerar el impacto masivo que una revocación abrupta tendría sobre los beneficiarios.
La decisión representa un alivio para cientos de miles de familias que ahora podrán permanecer legalmente en el país hasta que se agote su permiso actual, válido por dos años desde la fecha de entrada. Sin embargo, el futuro del parole humanitario sigue siendo incierto, ya que el caso continuará su curso en los tribunales, mientras el discurso antimigrante vuelve a ganar fuerza en medio del año electoral.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han celebrado la decisión como una victoria temporal, pero advierten que la comunidad debe mantenerse informada y preparada ante posibles cambios. La abogada Esther Sung, del Justice Action Center, señaló que “el gobierno está intentando cerrar no solo las puertas, sino también las ventanas” para quienes buscan protección en Estados Unidos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumentó ante la corte que el programa de parole humanitario ya no cumplía con los criterios de “beneficio público significativo” ni de “necesidad humanitaria urgente”. Según sus datos, al menos 75,000 beneficiarios del programa habían solicitado asilo tras ingresar a EE.UU., lo que, a su juicio, generaba retrasos adicionales en un sistema migratorio ya colapsado. La administración también sostuvo que el parole contribuía a una presión logística significativa, especialmente en aeropuertos de Florida, que recibieron cerca del 80% de los migrantes bajo este esquema.
El aviso oficial en el Registro Federal justificaba la cancelación del programa como parte de una nueva estrategia de seguridad fronteriza, y como una manera de romper el “círculo vicioso” de la inmigración irregular. Además, se cuestionaba el uso de facultades ejecutivas para establecer iniciativas como el programa CHNV (Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela), calificándolas como un abuso de poder.
Como parte de su nueva línea, el gobierno había comenzado a promover la autodeportación voluntaria de los beneficiarios del parole humanitario, instándolos a notificar su salida a través de la aplicación CBP One. Asimismo, advirtió que quienes no hubiesen iniciado otro proceso migratorio —como solicitudes de asilo, TPS o ajuste de estatus— antes del aviso federal, serían prioridad para la deportación.
La administración Trump también ha intentado limitar el alcance del poder judicial frente a sus políticas. En marzo pasado, el Presidente solicitó al Tribunal Supremo restringir la capacidad de los jueces federales para emitir medidas cautelares de alcance nacional. “Las órdenes judiciales nacionales ilegales de jueces radicales de izquierda podrían llevar a la destrucción de nuestro país”, expresó Trump en su red Truth Social. En su opinión, estos fallos “muy peligrosos e incorrectos” representan un obstáculo a sus políticas migratorias.
No obstante, en una aparente contradicción, Trump insinuó este jueves que su gobierno consideraría una vía de alivio migratorio para ciertos trabajadores indocumentados del sector agrícola y hotelero, permitiéndoles permanecer temporalmente y regresar luego con visas legales. “Vamos a frenarnos un poco para ellos, y luego vamos en última instancia a traerlos de vuelta… como trabajadores legales”, declaró desde la Oficina Oval.
En ese contexto, el fallo de la jueza Indira Talwani refuerza un principio fundamental: la independencia del poder judicial como contrapeso esencial ante el poder ejecutivo. Su decisión de impedir la cancelación inmediata del parole humanitario envía un mensaje claro: incluso las políticas presidenciales deben ser sometidas a revisión legal, y no pueden vulnerar los derechos fundamentales de cientos de miles de personas.
Además, desde el Congreso han surgido voces que buscan ofrecer un manto de protección a quienes llegaron al país bajo el programa de parole humanitario. La congresista María Elvira Salazar ha propuesto aplicar el DED (Deferred Enforced Departure, o Salida Forzosa Diferida), una herramienta ejecutiva que permite a ciertos grupos de inmigrantes permanecer temporalmente en EE.UU. con autorización de trabajo, aún sin un estatus legal formal. Esta medida, aunque poco utilizada, ha sido clave en el pasado para proteger a poblaciones en riesgo de deportación, y su implementación en este caso podría ofrecer una solución inmediata mientras se define el futuro legal del programa.
¿Qué sigue ahora?
El fallo oficial de la jueza se espera en las próximas horas, ante la redacción de este articulo no ha salido la publicacion. De confirmarse la suspensión, los beneficiarios del parole humanitario podrán seguir residiendo legalmente en EE.UU. mientras se resuelve el litigio. Y el gobierno debe publicarlo en el Registro FEDERAL, para hacer efectiva su cumplimiento.
No obstante, expertos recomiendan a los migrantes consultar con abogados de inmigración y mantener sus documentos y seguir buscando alternativas migratorias.
A pesar de esta difícil situación, los inmigrantes mantienen la fe en la justicia. Estados Unidos es un país de leyes, donde la Constitución y el debido proceso deben prevalecer sobre cualquier interés político. Cualquier intento de revocar derechos sin fundamento legal será enfrentado en los tribunales. En este contexto, los afectados por la posible suspensión del parole humanitario confían en que las cortes actuarán con imparcialidad, respetando los compromisos adquiridos y garantizando la protección de los derechos humanos, sin importar el país de origen. La esperanza sigue viva: la justicia aún no ha dicho su última palabra.
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Reportaje realizado por YANET MUÑOZ Periodista y Abogada Venezolana, Paralegal, Magister en Leyes, Coordinadora legal del Área Migratoria oficina del Abogado Gustavo García-Montes, Directora de la Revista Educando al Inmigrante y Vicepresidenta de USDPA en los EEUU.
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