Batalla Legal Por el Parole Humanitario: Demandas en Boston y Maryland Buscan Frenar la Cancelación del Programa

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Batalla Legal Por el Parole Humanitario: Demandas en Boston y Maryland Buscan Frenar la Cancelación del Programa

El fin del programa de parole humanitario para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ha generado una intensa batalla legal en Estados Unidos. En respuesta a la decisión de la administración de Donald Trump, que dejó sin efecto los permisos de trabajo y la estadía legal de más de 530,000 migrantes, se han presentado demandas en Boston y Maryland para frenar la medida y garantizar el debido proceso a los afectados.

Demanda en Boston: Esperanza en los Tribunales

El 7 de marzo de 2025, ocho beneficiarios del parole humanitario, junto con tres patrocinadores y la organización Haitian Bridge Alliance, presentaron una demanda federal en Boston contra la administración de Trump. La acción legal busca restablecer el programa y permitir que los beneficiarios continúen con sus trámites migratorios. Los demandantes argumentan que la terminación del programa impide la reunificación familiar y afecta negativamente a las comunidades que los acogen. La representación legal está a cargo de las organizaciones Justice Action Center y Human Rights First.

El lunes, el tribunal escuchó los argumentos y programó una nueva audiencia dentro de dos semanas. Los abogados que representan a los migrantes expresaron optimismo ante la posibilidad de que la jueza federal de distrito, Indira Talwani, emita una orden de protección temporal antes de la próxima audiencia, ya que mostró preocupación ante los argumentos del gobierno.

Además, los demandantes solicitarán una reforma a la demanda, ya que esta se presentó antes de que la administración de Trump oficializara la cancelación del parole. Con la terminación del programa, se dejó sin efecto incluso los permisos de trabajo vigentes, afectando a quienes llegaron el año pasado. También se impuso un «hold» que impediría a los beneficiarios solicitar asilo después del 25 de marzo, dejando a miles en un limbo legal.

Demanda en Maryland: Lucha por el Debido Proceso

En Maryland, otra demanda fue presentada con el objetivo de impedir la deportación acelerada de los beneficiarios del parole sin la posibilidad de presentar su caso ante un juez. Organizaciones de derechos civiles y representantes de migrantes sostienen que la cancelación del programa viola los principios básicos del debido proceso, al eliminar la protección legal que permitía a los migrantes trabajar y permanecer en el país legalmente.

Los demandantes en este caso argumentan que el gobierno federal está incumpliendo su promesa con los migrantes que siguieron todas las reglas establecidas para obtener el parole. Además, advierten que la eliminación repentina del estatus migratorio expone a miles de personas a deportaciones expeditas sin oportunidad de defenderse en corte.

El Futuro del Parole Humanitario en Manos de la Justicia

Ambas demandas representan la última esperanza para miles de beneficiarios del parole humanitario, quienes ahora enfrentan la incertidumbre sobre su futuro en Estados Unidos. Con el precedente de que programas similares han sido protegidos en tribunales en el pasado, los abogados y activistas confían en que la justicia pueda intervenir para evitar un daño irreversible a las comunidades migrantes.

Mientras las audiencias avanzan en Boston y Maryland, los migrantes y sus defensores se mantienen en pie de lucha, esperando que los tribunales reconozcan la urgencia de su situación y frenen la implementación de una medida que podría separar familias y afectar la estabilidad de miles de personas en el país.

Muchos de los afectados han manifestado que la preocupación no es solo la eliminación del programa, ya que desde un principio se sabía que su duración sería de dos años. Sin embargo, lo que ha causado mayor angustia es que ni siquiera se ha permitido que los permisos de trabajo concluyan su período de vigencia, afectando la planificación de miles de familias. Sus hijos están en clases, muchos se programaron para cumplir con el plazo establecido y regresar a sus países de origen, y ahora se sienten vulnerables ante una decisión abrupta.

Otros migrantes se acogieron al TPS (Estatus de Protección Temporal) con la esperanza de encontrar estabilidad, pero el gobierno también busca eliminarlo, lo que agrava aún más la incertidumbre de quienes confiaron en los procesos legales vigentes.

A pesar de esta difícil situación, los inmigrantes mantienen la fe en la justicia. Estados Unidos es un país de derecho, donde la Constitución y las leyes deben ser respetadas. Cualquier violación a estos principios será defendida en los tribunales, garantizando que los derechos de todas las personas, sin importar su origen, sean protegidos bajo el amparo de la justicia. Los afectados confían en que las cortes decidirán su futuro con base en la legalidad y el respeto a los compromisos adquiridos.

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Reportaje realizado por YANET MUÑOZ  Periodista y Abogada Venezolana, Paralegal, Magister en Leyes, Coordinadora legal del Área Migratoria oficina del Abogado Gustavo García-Montes, Directora de la Revista Educando al Inmigrante y  Vicepresidenta de USDPA   en  los   EEUU.