Los empresarios reclaman subsidios

NOTI-AMERICA.COM | ARGENTINA

El sistema de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años. La falta de actualización de costos y la ausencia de respuestas concretas por parte del gobierno nacional profundizaron la crisis que afecta a las 153 empresas de colectivos que operan en la región. La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) expuso recientemente un cuadro estadístico que refleja el creciente desfasaje económico en la prestación del servicio. Según el informe, la brecha entre los ingresos y los costos reales alcanzó el 38 por ciento, con una tendencia ascendente desde 2022.

El déficit en el sector del transporte público no sólo impacta en la rentabilidad de las empresas, sino que también se traduce en una reducción progresiva de la calidad del servicio. En los últimos meses, las líneas disminuyeron sus frecuencias, incrementaron los tiempos de espera y presentaron mayores dificultades para renovar unidades, de acuerdo a lo expuesto por las empresas. Además, la situación generó conflictos laborales debido a la imposibilidad de cumplir con los aumentos salariales acordados con la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

El conflicto en el sistema de colectivos del AMBA no es nuevo, pero alcanzó un punto crítico en los últimos seis meses. Desde finales del 2024 y principios de enero de 2025, las empresas alertaron sobre la falta de actualización en los subsidios y tarifas, elementos fundamentales para cubrir los costos operativos.

Celina Velayos, vicepresidenta de la empresa de colectivos Yitos, con seis líneas en su flota, advirtió en diálogo con Buenos Aires/12 que «el gobierno nacional no actualiza los costos, pero tampoco los ingresos ni por tarifa y ni subsidios». «Además, hace cálculos incorrectos que perjudican al sector, y eso se ve reflejado en el servicio”, agrega.

Actualmente, existen dos vías para equilibrar la ecuación económica del sector: incrementar los subsidios estatales o permitir una suba en el valor del pasaje. Sin embargo, el Ejecutivo nacional no ha tomado ninguna de estas medidas, lo que agrava la incertidumbre entre las compañías de transporte y los usuarios. Por un lado, el déficit cero, por el otro, el temor a que dispare la inflación. En el medio, el transporte.

El valor real del boleto
Uno de los puntos centrales del problema es la diferencia entre el valor técnico del boleto mínimo y lo que realmente reciben las empresas. Según un informe de AAETA, el pasaje debería costar alrededor de 1.400 pesos, mientras que actualmente las empresas solo perciben 861 pesos entre la tarifa abonada por los pasajeros y los subsidios estatales.

“Esta situación en la cual pone rodillas al sector, la verdad que hay empresas que están muy, muy al borde, digamos, de seguir funcionando o no. Nosotros tal y como dijimos a comienzo de año, lo volvemos a reafirmar, que estamos en el peor momento del transporte público de pasajeros en lo que hace a colectivos”, aseguró a este medio Adrián Noriega, vocero de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP).

Los datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet indican que el boleto mínimo en el AMBA debería ubicarse entre 1.393,90 pesos y 1.452 pesos si se incluye el IVA, o entre 1.261,48 pesos y 1.314 pesos sin impuestos. Sin embargo, el valor actual es de apenas 371,13 pesos, muy por debajo de lo necesario para cubrir los costos operativos.

A esto se suma que, debido a distintos programas de descuento como la integración de viajes con la red SUBE, la tarifa social y el boleto estudiantil, el monto promedio que perciben las empresas por pasajero se reduce aún más, ubicándose en 305,75 pesos.

El impacto de este desequilibrio financiero se ve reflejado en la reducción de servicios y la falta de renovación del parque automotor. Actualmente, el sistema de transporte del AMBA cuenta con 18.144 colectivos habilitados, con una antigüedad promedio de 7,71 años. Sin embargo, un tercio de las unidades (33 por ciento) tiene más de 10 años de uso, mientras que en 2021 solo el 15 por ciento de los vehículos eran considerados «viejos».

Este deterioro de la flota responde a la imposibilidad de las empresas de invertir en nuevas unidades. Según cálculos del sector, el costo real mensual del sistema de colectivos asciende a 319.788,30 millones de pesos, mientras que la recaudación reconocida por la Secretaría de Transporte es de 221.575,83 millones de pesos, lo que deja una diferencia de 98.212,48 millones de pesos que las empresas no logran compensar.

Otro punto crítico es el pago de salarios. La inflación acumulada en los últimos siete meses fue superior al 24 por ciento, sin que el Estado haya reconocido ese aumento en los costos. Como resultado, las compañías no pudieron cumplir con los acuerdos salariales pactados con la UTA, lo que llevó a paros intermitentes y amenazas de medidas de fuerza prolongadas.

El Estado nacional justificó la falta de ajuste en los subsidios argumentando la necesidad de reducir el gasto público, lo que significó un ahorro fiscal de 29.600 millones de pesos entre noviembre, diciembre y enero. Sin embargo, esta decisión puso sector al borde del colapso, con empresas que han advertido que no podrán sostener el servicio si no se encuentran soluciones a corto plazo.

“Nosotros venimos diciéndose ya, hace unos meses, que el costo real del boleto tendría que rondar en los 1.400 pesos. Esto contempla todo el costo que hace a la actividad. El ítem salarios de los trabajadores es el principal costo para la actividad, pero bueno, allí también después hay que sumarle el combustible y el costo del seguro de cada una de las unidades. Hoy el costo de la unidad para el Estado Nacional, una unidad cuesta 125.000 dólares y en realidad una unidad cero kilómetros hoy por hoy está cerca de 200.000 dólares”, añadió Noriega.

El 2025 comenzó con un fuerte enfrentamiento entre las empresas de transporte y el Gobierno nacional. En los primeros días del año, las compañías alertaron sobre su incapacidad para afrontar los aumentos salariales acordados con la UTA, debido a la falta de actualización en los subsidios.

Las cámaras empresariales enviaron una carta dirigida al secretario de Transporte, Franco Mogetta, advirtiendo sobre el riesgo inminente de una reducción masiva en la prestación del servicio. La falta de respuesta del Ejecutivo llevó a que muchas líneas suspendieran servicios o disminuyeran frecuencias, afectando a millones de pasajeros.

El reclamo central del sector es la necesidad de que el Gobierno actualice los subsidios o permita un aumento en la tarifa, para que los costos del sistema reflejen la realidad económica del país.