El Gobierno cerró un organismo vinculado a la defensa de los consumidores

NOTI-AMERICA.COM | ARGENTINA

A partir de las facultades delegadas por la Ley Bases, el Gobierno nacional publicó esta mañana el Decreto 55/2025 y disolvió el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), creado por Ley 26.993, en septiembre de 2014. El objetivo de esa norma era el de acortar los plazos de las demandas de usuarios y consumidores contra las empresas y que estas paguen los resarcimientos sin ir a una instancia judicial más extensa y con mayores costos. El decreto publicado este lunes sostiene que su disolución avanza «hacia una efectiva desburocratización y simplificación de los procesos administrativos».

Para la aplicación del Coprec, el Poder Ejecutivo había dictado una serie de normas para la admición y capacitación de «conciliadores», que serían los encargados de resolver las demandas presentadas por los consumidores en una instancia previa al Poder Judicial, y que se esperaba más expeditiva. Los mediadores debían estar inscriptos en un registro dependiente del Ministerio de Justicia y su capacitación a cargo de la Secretaría de Comercio.

En el decreto publicado esta mañana –con las firmas de Javier Milei, Guillermo Francos Luis Caputo y Mariano Cúneo Libarona– disuelve tanto el Coprec como el «Registro Nacional de Conciliadores» y mantiene a la Secretaría de Industria y Comercio como autoridad de aplicación de la norma para que a través de la «Ventanilla Única Federal», distribuya y asigne los reclamos interpuestos por los consumidores a las oficinas de Defensa del Consumido (Ley 24.240) en las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

El decreto también eliminó la “Fondo de Financiamiento” creado dentro del Ministerio de Economía para amortizar los costos de los honorarios de los conciliadores y asegura que se finalizarían las mediaciones que aún permanecieran en curso.

En los argumentos del decreto, el Gobierno sostuvo que el Coprec «en la práctica, ha operado exclusivamente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires mediante la celebración de audiencias de conciliación entre proveedores y consumidores» y que la Ciudad ya cuenta con «otros ámbitos e instancias que tienen sustancialmente la misma finalidad».

Además, el decreto señala que la norma que creó el Coprec no cerraba la posibilidad de avanzar en una demanda judicial, en caso de que la mediación no llegara a un acuerdo en los términos reclamado por los consumidores. En ese sentido, el decreto sostiene que «la coexistencia de organismos con facultades y atribuciones superpuestas, así como la existencia de instancias burocráticas con misiones y funciones similares en jurisdicciones geográficas coincidentes, ha generado, en numerosos casos incrementos en los costos para los proveedores, con el consecuente encarecimiento de los precios de los bienes y servicios para los consumidores o usuarios».

De esta manera, los consumidores ahora deberán volver a presentar las demandas en los organismos locales de Defensa al Consumidor y ante la falta de respuesta o de no ser satisfactoria, sin posibilidad de conseguir una instancia de mediación previa, avanzar en una demanda judicial, de acuerdo a la Ley de Defensa del Consumidor.

«Nuestra visión es que en el mercado la gente está para servir, no para engañar al prójimo. Y no necesariamente por un tema moral, sino porque es la manera de ser exitoso en un mercado de transacciones voluntarias», celebró el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, al dar a conocer la medida publicada en el Boletín Oficial.

Y aseguró que la creación de un espacio de mediación para los consumidores fue solo el uso de «un supuesto objetivo “noble” (proteger al consumidor) para armar una capa duplicada de Estado, armar puestos para una militancia rentada o simplemente desviar recursos para darle poder a sus funcionarios.

De hecho, Sturzenegger felicitó al subsecretario de Defensa de los Consumidores, Fernando Blanco Muiño, quien «alertó de esta duplicación» de tareas para poner la motosierra en marcha y utilizar las facultades delegadas de la Ley Bases, derogar los artículos 1° a 40 y 74 y 75 de la Ley 26.993 –votada por el Congreso en 2014– y avanzar en la eliminación del sistema de mediaciones.

«Esta capa de Estado implicaba crear un Registro de Conciliadores (¡afuera!), diseñar complejos procesos de homologación (¡afuera!), y escuchen esto: designar a un conjunto de Auditores de las Relaciones de Consumo -la duplicación de la duplicación-, (¡afuera!)», celebró Sturzenegger.