El Gobierno aprueba una reforma de la ley del Poder Judicial para «democratizar» el acceso y promover la transparencia

Becas de al menos el SMI y durante cuatro años

Entre las principales medidas, la reforma establece un sistema de becas para opositores por una cuantía equivalente al salario mínimo interprofesional (SMI) durante cuatro años, que actualmente se sitúa en 1.134 euros en 14 pagas y el Gobierno quiere subir unos 50 euros más al mes este año. «No puede ser un impedimento la renta baja. Si te esfuerzas, puedes ser juez, puedes ser magistrado, puedes ser fiscal», ha dicho el ministro.

A su vez, el anteproyecto contempla que el Centro de Estudios Jurídicos se convierta en un centro público de preparación de oposiciones con delegaciones en cada territorio, para que los aspirantes puedan acudir a estudiar y cantar sus temas durante el proceso de preparación. Y prevé poner también en marcha un registro público de jueces y magistrados que actúen como preparadores.

Nueva prueba escrita basada en un caso práctico

En su intervención, Bolaños ha lamentado que el proceso de oposiciones no incluya un ejercicio escrito, pese a que el trabajo se basa principalmente en escribir. Por este motivo, el ministro ha anunciado que van a sustituir una de las pruebas orales del proceso por una escrita basada en un caso práctico, en el que «se valorará la capacidad de escribir y relacionar conceptos jurídicos».

Además de esa prueba habrá, como hasta ahora un examen tipo test y una prueba oral -en este momento había dos pruebas orales-.

Asimismo, para quienes acceden por el cuarto turno (que implica que juristas de reconocida competencia que llevan más de 10 años de ejercicio profesional puedan acceder a la carrera judicial), primero realizarán el ejercicio de redacción de un dictamen y luego se valorarán los méritos profesionales. Ambos ejercicios escritos serán anónimos, ha puntualizado Bolaños, para que «se garantice la igualdad de oportunidades».

Más jueces y fiscales

Siguiendo con el cuarto turno, desde el Gobierno quieren regularlo, con el fin de que cada vez que se convoque el turno libre se convoque también el concurso oposición. «Así se garantiza que se cumpla la ley y que una de cada cuatro plazas se cubra por juristas de reconocida competencia», ha expresado.

Bolaños ha asegurado que se ampliarán el numero de fiscales y jueces en nuestro país, con el fin de que «haya efectivos suficientes para que la justicia sea ágil y los ciudadanos tengan tener derecho a una resolución judicial». Y, con ello, se mejorará la especialización de jueces y magistrados, concretamente en los ámbitos mercantil y de violencia sobre la mujer.

Ascenso cada cinco años

En cuanto a la mejora de la carrera profesional, la reforma establece un sistema de ascenso automático por antigüedad, cada cinco años. A su vez, se elimina las incompatibilidades de jueces y fiscales sustitutos cuando no ejercen esta función.

También regula la financiación de las asociaciones profesionales de la judicatura, que no podrán tener financiación privada, algo que, según Bolaños, «va en la línea de garantizar no solo la imparcialidad, que eso nadie lo pone en duda, sino también la apariencia de imparcialidad» de tales asociaciones. «Me parece que la financiación de esas asociaciones se ha de producir con las cuotas de sus asociados y de sus socios, y también, en su caso, financiación pública», ha dicho el titular de Justicia.

Cambios en el Comité de Ética del CGPJ

Por último, el anteproyecto contempla cambios en la composición y elección de los miembros del Comité de Ética del CGPJ, pasando de cinco a nueve: cinco serán jueces o magistrados, elegidos por la Carrera; y otros cuatro serán elegidos por las Cortes Generales entre catedráticos de Ética, Filosofía del Derecho o Filosofía Moral.

Y se mejoran los procesos de elección de las Salas de Gobierno de los principales tribunales: candidaturas individuales y un solo voto por elector; prohíbe el voto delegado; introduce el voto telemático; y reduce el mandato de cinco a tres años.