AVANCES Y DESAFÍOS EN LA PROTECCIÓN DE LA MUJER EN PERÚ: BALANCE 2024 Por: Estéfany Vásquez Rojas

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AVANCES Y DESAFÍOS EN LA PROTECCIÓN DE LA MUJER EN PERÚ: BALANCE 2024

En el Perú, el año 2024 ha sido un periodo clave para evaluar los avances en la protección de las mujeres, un tema que sigue siendo una prioridad en las agendas gubernamentales y sociales. A través de la Ley N.º 30364, Ley para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, el país ha demostrado su compromiso por enfrentar las diversas formas de violencia que afectan a las mujeres. Sin embargo, este año también deja al descubierto los desafíos persistentes y las áreas que requieren mayor atención.

Uno de los logros más destacados de 2024 ha sido la expansión de los Centros de Emergencia Mujer (CEM), que ahora operan en mayor cantidad de distritos a nivel nacional, incluyendo zonas rurales. Estos centros han sido un recurso crucial para las mujeres que buscan apoyo inmediato frente a situaciones de violencia, ofreciendo servicios legales, psicológicos y sociales. Además, se han implementado nuevas campañas de sensibilización dirigidas a desnormalizar las conductas violentas y promover relaciones de igualdad, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

El Gobierno también ha reforzado la atención en las comisarías especializadas en violencia familiar, mejorando la capacitación del personal para atender con perspectiva de género. Esto ha permitido que muchas más mujeres se sientan respaldadas al denunciar, un indicador positivo en cuanto al acceso a la justicia. Sin embargo, las cifras de subregistro aún son alarmantes, ya que muchas víctimas no denuncian por temor, desconfianza en el sistema judicial o dependencia económica de sus agresores.

A nivel legislativo, el Congreso ha debatido reformas que buscan sancionar con mayor severidad los delitos de feminicidio, abuso sexual y acoso, además de impulsar medidas para proteger a las víctimas durante los procesos judiciales. Por ejemplo, se ha planteado la creación de tribunales especializados en violencia de género, con el objetivo de garantizar una respuesta más rápida y eficaz. Este año también vio la promulgación de leyes que fortalecen el rol de los programas de empoderamiento económico para mujeres en situación de violencia, ofreciendo capacitaciones laborales y acceso a créditos.

Pese a estos avances, los desafíos son innegables. La violencia contra las mujeres sigue siendo un fenómeno extendido, y los feminicidios no han disminuido al ritmo esperado. En lo que va del año, se han registrado más de 120 casos de feminicidio, una cifra que evidencia la necesidad de redoblar esfuerzos. Además, el sistema judicial enfrenta críticas por la lentitud en los procesos y la revictimización de las denunciantes.

Otro punto preocupante es la persistencia de brechas en las zonas rurales, donde factores como la falta de acceso a servicios, la discriminación étnica y las barreras culturales dificultan la aplicación efectiva de las leyes. A pesar de los esfuerzos por descentralizar los servicios de atención y prevención, muchas mujeres en estas áreas enfrentan obstáculos significativos para acceder a justicia y apoyo.

En el ámbito de la educación, las iniciativas para incluir la igualdad de género en el currículo escolar han encontrado resistencia en ciertos sectores conservadores de la sociedad. No obstante, estas medidas son fundamentales para cambiar las actitudes que perpetúan la desigualdad y la violencia. La colaboración entre el Estado, las ONG y las comunidades ha sido clave para avanzar en esta área, aunque aún queda mucho por hacer para garantizar su implementación integral.

En resumen, el balance de 2024 muestra tanto avances significativos como desafíos persistentes. Las políticas implementadas han dado frutos en la ampliación de servicios y la promoción de una mayor conciencia social sobre la violencia de género. Sin embargo, la lucha por la protección de las mujeres requiere un enfoque más integral que aborde las raíces estructurales de la violencia y promueva cambios culturales profundos. Es crucial seguir fortaleciendo las instituciones, garantizando la aplicación efectiva de las leyes y generando espacios seguros para que todas las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos.