INSEGURIDAD: CAOS Y DESGOBIERNO SON EVIDENTES EN EL PERÚ

NOTI-AMÉRICA PERÚ

Por César Ortiz Anderson

Para muchos especialistas en seguridad ciudadana, el número de víctimas por homicidio en el Perú está alcanzando el promedio diario al que se llegó durante los años más violentos del enfrentamiento contra el grupo terrorista Sendero Luminoso.

Los escándalos de corrupción y mal uso del poder en el gobierno no contribuyen en nada al restablecimiento del orden social.

Foto Prensa/ Presidencia

La politización de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior hunden al país en el caos y la violencia urbana.

Las autoridades intentan aplicar algunas medidas contra la delincuencia: Hay un estado de emergencia en Lima y una Ley del Terrorismo Urbano. 

La crisis política y social que vive el Perú caracterizada por la inestabilidad del gobierno, la corrupción generalizada y la impunidad del delito, que ha llevado al Perú a tener seis presidentes en los últimos seis años, se ha acrecentado lejos de haber encontrado el país la estabilidad y la normalidad prepandemia.

Juan José Santibáñez Ministro del Interior, foto: Andina

La situación de caos y de crimen en las calles ha llevado al Perú a cambiar 12 ministros del Interior, sucesivamente en los últimos tres años.

Lo más grave para la seguridad ciudadana es que desde el gobierno de Pedro Castillo se ha intentado politizar a la Policía Nacional, no sólo con política e ideología de izquierda propias del partido político Perú Libre de Pedro Castillo y de Dina Boluarte, sino también haciendo partícipe a la institución policial de la denominada “politización de la justicia”, proceso de corrupción en el que se encuentra el Perú desde el estallido del caso Lava Jato, que implicó judicialmente a todos o casi todos los líderes y partidos políticos, autoridades y exautoridades del Gobierno Central.

Esta “politización de la justicia” ha llevado al enfrentamiento abierto entre los tres poderes del Estado, y está llevando a juicio o investigación a las más altas autoridades en función del Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación, así como también a miembros del Poder Ejecutivo, incluyendo a la misma Presidenta de la República. La Policía Nacional y el Ministerio del Interior entraron en esta dinámica durante la gestión de Dina Boluarte.

En un contexto de total colapso de la seguridad ciudadana, mientras el Poder Ejecutivo se enfrenta a la Fiscalía de la Nación, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior entraron en el juego de la presidenta Boluarte al politizarse a estas instituciones para hacerlas cómplices y partícipes del supuesto encubrimiento y protección del prófugo de la justicia Vladimir Cerrón, quien bajo la supuesta protección de Boluarte ha logrado burlar a la Policía Nacional del Perú durante meses.

Prófugo por más de 365 días, Cerrón, fundador y líder máximo de Perú Libre, partido de izquierda marxista procubano que llevó a la presidencia a Castillo y a su vicepresidenta, Dina Boluarte, se encuentra sentenciado por la justicia penal. La sentencia consiste en pena privativa de libertad por corrupción en la gestión pública.

En septiembre, el Ministerio del Interior anunció que se ha incrementado la recompensa para quien ofrezca información que permita su captura. El monto de la recompensa asciende a 500 mil soles. El caso de Cerrón se complicó más aún cuando el fiscal de la Nación interino, Juan Villena, abrió una investigación preliminar en contra de la presidenta de la República por presuntamente encubrir al prófugo.

Vladimir Cerrón ex Gobernador regional de Junín. Foto : Andina

El Ministerio Público le está imputando a la presidenta la supuesta comisión del delito de encubrimiento personal debido a que Cerrón habría conseguido escapar de la Policía Nacional en el vehículo presidencial asignado a la mandataria, más conocido como el “Cofre”, cuando iba a ser detenido en el balneario de Asia en febrero de este año.

LIMA EN ESTADO DE EMERGENCIA