CASO ARCINIEGA: LA VERDAD Y LOS DATOS SON INSTIGACION AL ODIO PARA EL REGIMEN DE MADURO.

NOTI-AMÉRICA.COM | FLORIDA.

Por: Emilin Piña.

En Venezuela, la promulgación de la Ley del Odio ha generado un intenso debate sobre su aplicación y sus implicaciones en cuanto a la libertad de expresión y el ejercicio de la disidencia política. Esta legislación, implementada durante el gobierno de Nicolás Maduro, ha sido utilizada como un mecanismo para reprimir, perseguir y apresar a personas discrepantes al partido de gobierno, planteando serias preocupaciones sobre el estado de derecho y los derechos humanos en el país.

La Ley del Odio, oficialmente conocida como «Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia», fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en 2017. Esta ley define el odio como cualquier forma de discriminación, hostigamiento, persecución o violencia motivada por prejuicios. Sin embargo, su ambigüedad y amplitud de interpretación han permitido su aplicación selectiva para silenciar a cualquier ciudadano cuyo argumento vaya en contra de la narrativa dictada por el conglomerado que controla los poderes públicos, incluyendo a sus propios seguidores que critiquen de forma abierta algo sensible para el régimen.

Caso Arciniega.

Desde su implementación, la Ley del Odio ha sido utilizada de manera selectiva para reprimir la disidencia política y perseguir a líderes y activistas que le causen incomodidad al régimen. Casos emblemáticos como el de Edison Arciniega, que tuvo que huir de Venezuela para ponerse a salvo debido una orden de captura en su contra librada el 12 de marzo, por “incitación al odio” a través del uso indiscriminado e irresponsable de Redes Sociales y otros medios de comunicación, donde, según el fiscal Saab, difunde información falsa con el fin de causar zozobra y pánico en la comunidad. Por el contrario, Arciniega, expreso estar sorprendido por tal acusación, recalcando que él es un técnico dedicado a investigar y documentar, fenómenos agroalimentarios, además de manifestar su inocencia por medio de sus redes sociales.

En una opinión muy personal, es evidente el uso del delito de odio como herramienta para silenciar aquellas voces que visibilizamos problemáticas reales en nuestro país, siendo las ONG, los activistas y especialistas en diferentes áreas, etiquetados y enjuiciados a través de medios controlados por quienes dirigen las instituciones del estado, con el fin de desacreditar su labor.

Venezuela vive momentos muy oscuros. Es probable que en los próximos días veamos más personas con ordenes o detenciones arbitrarias para seguir silenciando y promoviendo la autocensura.

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