Chile cierra el proceso constitucional tras rechazar la propuesta de las derechas

NOTI-AMERICA.COM | Chile ha rechazado por segunda vez una propuesta de nueva Constitución. En un referéndum de carácter obligatorio con altos niveles de participación (del 84%), la ciudadanía echó abajo el domingo, por un 55% contra un 44%, la propuesta de Carta Magna redactada por un Consejo Constitucional dominado por las derechas, la tradicional y la más radical del Partido Republicano (una formación hermana de Vox), que, además, lideró el proceso.

Hace un año, en septiembre de 2022, una propuesta redactada por una convención liderada por la izquierda fracasó igualmente en las urnas, fue rechazada por el 62% de los votantes, frente al 38% que la apoyó. “Nuestro país seguirá con la Constitución vigente porque, luego de dos propuestas constitucionales plebiscitadas, ninguna logró representar y unir a Chile en su hermosa diversidad”, afirmó el presidente Gabriel Boric el domingo.

En este segundo intento, a diferencia del primero, el Gobierno de izquierda procuró mantener la imparcialidad y dejar que los partidos oficialistas hicieran la campaña para declinar la propuesta.

Boric ratificó lo que había anunciado su Ejecutivo: no habrá un tercer intento constituyente, en el corto y medio plazo. “Quiero ser claro: durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional; las urgencias son otras”, zanjó el presidente en su discurso desde La Moneda.

Los partidos oficialistas, que sostienen a la coalición gubernamental, comparecieron conjuntamente y con tono de alivio en la sede del Partido Socialista. No ha habido celebraciones en la izquierda chilena porque no ha habido ningún triunfo, aunque ha ganado la opción que defendían, el rechazo al nuevo texto constituyente. La socialista Michelle Bachelet, presidenta de Chile en dos ocasiones, lo explicó durante la jornada electoral: La izquierda, dijo, tuvo que elegir entre “algo malo y algo pésimo” y, antes de respaldar la opción de una nueva Constitución, que catalogaban de conservadora y ultraliberal, prefirieron mantener la actual, aprobada en 1980, durante la dictadura de Augusto Pinochet y que ha sido reformada unas 70 veces. Además, tras los cambios de 2005, lleva la firma del socialista Ricardo Lagos y no la del autócrata.

La decisión de cerrar el cambio de la Constitución la comparte todo el espectro político. Desde que se inició el camino para cambiarla, en medio del estallido social de 2019, la ciudadanía ha acudido a las urnas en cinco ocasiones por este asunto.

La sociedad está cansada ―se habla de “fatiga constitucional”―, mientras espera que la clase política resuelva “las urgencias” de las que habló el presidente Boric. Se trata de una crisis de inseguridad pública por la irrupción de una nueva criminalidad, que comete delitos más violentos y que tiene a la gente ―sobre todo a las personas más empobrecidas― más asustada que nunca; una economía estancada desde hace más de una década; los graves problemas en el sistema educativo; un sistema de salud privatizado y al borde del colapso; o el déficit de 650.000 viviendas.

Una serie de desafíos que, tras cuatro años de un infructuoso proceso constituyente, siguen pendientes. O, peor aún, agravándose.