El Gobierno de Gabriel Boric no logra levantar cabeza

NOTI-AMERICA.COM | CHILE – El Gobierno de Gabriel Boric no solo tuvo una compleja instalación desde que llegó a La Moneda en marzo de 2022, sino que lo que ha seguido –sus primeros 16 meses– no ha sido mejor. La Administración de izquierdas, que no tiene mayoría en el Parlamento y que está apoyada en dos bloques, no logra recuperarse de un golpe cuando viene el otro. En septiembre del año pasado, un 62% de la ciudadanía rechazó la propuesta de nueva Constitución que el oficialismo apoyaba. En mayo, el Partido Republicano, de la derecha conservadora, obtuvo un 35% de la votación y se quedó con la mayoría de los puestos del Consejo Constitucional que redacta una nueva Constitución.

Todavía no se reponía políticamente de esta segunda derrota electoral, cuando se desató un nuevo incendio: un escándalo por presuntos delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible y fraude al Fisco que impactan a Revolución Democrática (RD), la principal fuerza del conjunto de partidos y movimientos del Frente Amplio, del presidente. El Gobierno de Boric, en definitiva, no logra levantar cabeza.

En la trama está involucrada una diputada, el que era su novio, el que fue su asesor y, entre los caídos, está la número dos del ministerio de Vivienda, todos militantes del RD. No es el partido del presidente Boric, que milita en Convergencia Social, pero esta fuerza política está liderada por el ministro Giorgio Jackson, un “compañero de ruta” del mandatario y parte de su círculo estrecho.

La Fiscalía investiga los delitos, la derecha pide cabezas y la Contraloría ha ingresado este jueves a la escena, con la orden de paralizar la toma de razón de todos los contratos entre el Estado y las fundaciones, en una decisión categórica. Fue donde se originó el escándalo: el ministerio de Vivienda, en su secretaría regional de Antofagasta, en el norte del país, asignó directamente 426 millones de pesos (unos 530.000 dólares) a la Fundación Democracia Viva, ligada a RD y al círculo de la diputada. El dinero estaba destinado, supuestamente, a colaborar en la ayuda se asentamientos precarios de la región, una zona fuertemente impactada por los problemas de vivienda.