Persisten irregularidades por titularidades en el complejo Manuelita Sáenz

Irregularidades por titularidades en el complejo Manuelita Sáenz, denuncian 74 familias, se debe a cobros por los lotes de terreno e incremento en los precios de los materiales de construcción otorgados por el Estado en beneficio de quienes no poseen viviendas dignas

Por Yliana Duque (CNP 9.136)

(23/04/2023)  Residentes del complejo eco-urbano Manuelita Sáenz, ubicado en el Km 17 al oeste de Barquisimeto, en el Estado Lara,  insisten en ser víctimas de abuso de poder por parte de quien debía velar por el buen manejo de los recursos que el Estado, en este caso FUNREVI y Banavih, organismos encargados de otorgar el beneficio a los adjudicatarios de dichos terrenos.

Afectados no quieren que otros padezcan las penurias que ellos han enfrentado, ya que han tenido que pagar más de 3000$ por sus casas, recibiendo amenazas y ABUSOS de parte de los llamados coordinadores de la obra.

Recordemos que desde el pasado mes de enero y en meses anteriores, varios habitantes, entre ellos un amplio grupo de familias fundadoras del desarrollo urbano creado en terrenos de la antigua hacienda Sanduy , comenzaron a realizar denuncias contra la ciudadana Marbella Bracamonte, persona encargada de coordinar los recursos monetarios y materiales que el gobierno regional entrega a los parceleros que se integraron a construir sus viviendas “con su esfuerzo y mano de obra”, ésta última premisa es el emblema que identificó el proyecto de construcción “ecológico”.

A razón de las voces levantadas, en denuncia, para hacer respetar sus derechos ciudadanos, los residentes, aseguran que a la ciudadana Bracamonte se le han presentado obstáculos para recibir los materiales que inicialmente entregaban para los adjudicatarios construir sus residencias, sin embargo, el proyecto no ha sido paralizado, porque al parecer la coordinadora goza de relaciones gubernamentales que le apoyan para permanecer en el cargo de supervisora de la obra.

Se suponía que las residencias se construirían con mano de obra propia, no obstante se vieron obligados a pagar por albañiles contratados por la señora Bracamonte, incrementando los gastos de los beneficiarios, reiteran molestos los adjudicatarios afectados por los abusos.

Cabe destacar que se han expuesto diversos cargos penales de las que ha sido acusada Marbella Bracamonte, y diversas personas cercanas a ella, de acuerdo con la causa N° KP0-P-2014-014264 del Circuito Judicial Penal, y las cuales se mantienen en funciones en el complejo Manuelita Sáez.

Sumado a estos antecedentes, recientemente la señora Bracamonte decidió elaborar un escrito donde describe los problemas que ha enfrentado con personas -74 familias- del complejo urbano, quienes según a su parecer han expuesto “mala información”, pese a las pruebas que la acusan por malversación de los recursos y materiales de construcción entregados por el gobierno regional para los fines pertinentes de las viviendas a construir, documento que obliga firmar a los nuevos adjudicatarios para respaldar su gestión, la cual mantiene en descontento a más del 60% de los residentes.

De acuerdo a todo lo aquí expuesto, los denunciantes quieren dejar un precedente del malestar que les genera el hecho de que una funcionaria con antecedentes penales, donde claramente la ciudadana Bracamonte, cometió delitos graves que no son tomados en cuenta para continuar al mando de los trabajos que se siguen efectuando en el Manuelita Sáenz, y de los que se ha lucrado con evidencia en los bienes que ostenta, entre ellos casas en la zona y abastos, aparte del manejo oscuro de los productos de Mercal que se reciben a través de ella para beneficiar a las familias de la zona.

La denuncia de las 74 familias es para evitar que los próximos residentes, a quienes se les está exigiendo firmar documentos nada pertinentes,  no sufran las mismas circunstancias que han tenido que enfrentar al tener que pagar más dinero de lo requerido y exigido por Banavih y Funrevi.

El llamado es a las autoridades competentes; al fiscal general Tarek William Saab, a los representantes de la Misión Vivienda, por Banavih y Funrevi, además de la Gobernación del estado Lara y la Alcaldía, a fin de que investiguen a fondo y aclaren los malos manejos de los recursos, porque aunque se ha buscado respaldo en instancias gubernamentales en la ciudad de Caracas, hasta la fecha, con abiertas denuncias, no se entiende por qué permiten que una funcionaria se asuma acciones judiciales sin la autoridad pertinente.