En el último informe sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que abarca el período del 27 de diciembre de 2022 al 26 de marzo de 2023, el Secretario General recibe con optimismo los avances en el proceso de paz, y elogia “los esfuerzos adicionales en curso para ampliar el alcance de la paz a través del diálogo”.
No obstante, asegura que “la realidad ineludible sobre el terreno (…) es que la consolidación de la paz depende tanto de la implementación integral del Acuerdo (de Paz) como de la capacidad de las autoridades para frenar las expresiones de violencia que se continúan produciendo”, señala António Guterres en el informe.
En este sentido, Guterres insta de manera urgente a distender el conflicto y a perseverar en la búsqueda de la paz a través del diálogo. Además, saluda a las delegaciones del Gobierno y del ELN por su intercambio constructivo durante el segundo ciclo de negociaciones en México.
“Confío en que prontamente veremos resultados adicionales a medida que aborden en la próxima ronda temas clave de la agenda, incluido el llamado de las comunidades a un cese al fuego”, precisa.
El secretario general asegura que, si se lleva a cabo adecuadamente, el cese al fuego “tiene el potencial de reducir la violencia y generar confianza en los incipientes procesos de diálogo, al tiempo que alivian los obstáculos” para la implementación del Acuerdo de Paz.
Las acciones para el cumplimiento del Acuerdo y las iniciativas de diálogo con distintos grupos armados realizadas por el Gobierno en el marco de su política de paz total “se refuerzan mutuamente”, añade.
Este informe es el primero en el que se incluye la verificación de la implementación de la Reforma rural integral y del Capítulo étnico del Acuerdo de Paz, de conformidad con la resolución 2673 (2023) del Consejo de Seguridad, aprobada en enero de este año.
En este sentido, el secretario general ha destacado las acciones adoptadas hasta el momento y el compromiso de superar las desigualdades históricas, las cuales se encuentran entre las causas del conflicto en el país.
Guterres ha hecho referencia al proyecto del Gobierno, Plan Nacional de Desarrollo, el cual incluye una gran asignación presupuestaria para el primer punto del Acuerdo, y especificaciones para permitir un acceso más equitativo y amplio a las tierras por parte de las poblaciones rurales y personas afectadas por el conflicto.
El informe subraya la importancia de las disposiciones del Capítulo étnico para abordar demandas históricas de comunidades indígenas y afrocolombianas, cuya implementación ha sido menor en comparación a otros puntos del Acuerdo.
El documento destaca el papel asignado a la oficina de la vicepresidenta de la República para impulsar su implementación y registra, además, las acciones del Gobierno sobre restitución de tierras para estas comunidades.
También hace referencia a los obstáculos a los que se siguen enfrentando las comunidades indígenas y afrocolombianas, entre ellos el de la inseguridad en distintos departamentos del país.
A pesar de los asesinatos de seis excombatientes de las FARC-EP durante el periodo de este informe, este último trimestre fue uno de los menos violentos desde la dejación de armas en 2017. No obstante, continúan otras formas de violencia en su contra, como amenazas, tentativas de homicidio, desaparición forzada y secuestro.
La Misión ha observado una reducción de los asesinatos en medio de combates en zonas rurales de Caquetá, Meta, Putumayo y Norte de Santander. Sin embargo, los altos niveles de violencia relacionada con el conflicto son motivo de preocupación en Cauca, Arauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.
En materia de verificación de la reincorporación, el informe destaca que 10.577 de los más de 13.000 excombatientes acreditados continúan su proceso en más de 600 municipios de todo el país.
Frente a los avances de la justicia transicional, el secretario general indica que ha iniciado la etapa de juicio que conducirá a la emisión de sanciones propias contra comparecientes que han reconocido responsabilidad y contribuido a la verdad, en relación con crímenes cometidos en el departamento de Norte de Santander.
El informe también señala que las desigualdades de género persisten y ha hecho referencia a los riesgos específicos que enfrentan las mujeres, las niñas y las personas LGBTI, los cuales continúan obstaculizando su participación efectiva en los esfuerzos de consolidación de la paz.
Guterres reconoce el papel protagonista de las mujeres colombianas como constructoras de paz y agentes de justicia y reconciliación. “Confío en que se garantizará su participación significativa para que sus voces puedan seguir influyendo en los debates en curso en torno a la paz y la seguridad. Las Naciones Unidas se inspiran en su ejemplo y se mantienen a su lado”, ha afirmado.
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