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Las mujeres ocupan menos de la mitad de los puestos de liderazgo en el sector público pese a representar más del 50% de la población. La presencia de mujeres en posiciones de liderazgo en la Administración pública es fundamental, no solo por factores de igualdad de género, sino porque existe evidencia de que su presencia, además de contribuir con nuevas experiencias y perspectivas, genera un mayor crecimiento económico, mejor provisión de servicios públicos, mejor desempeño de las organizaciones públicas y una disminución notable de los niveles de corrupción, entre otros beneficios.

Algunas cifras sobre la presencia de mujeres en el sector público podrían parecer alentadoras. Según datos de la Organización Internacional de Trabajo, en América Latina y el Caribe las mujeres representan el 52% de la fuerza laboral en el sector público y ocupan el 41% de los cargos directivos. Sin embargo, las cifras agregadas brindan información parcial y solo cuentan una parte de la historia.

Un reciente estudio del BID llena este vacío de información al analizar, 15 países de la región, la presencia de mujeres en los cuatro niveles más altos de la función ejecutiva, en 12 sectores. Los resultados no necesariamente son sorprendentes y ese es precisamente el problema. A continuación, te contamos las principales conclusiones del análisis.

1. Falta mayor presencia de mujeres en los niveles más altos de toma de decisiones de las Administraciones públicas centrales.

En los 15 países de análisis, las mujeres ocupan apenas el 23,6% de los puestos de nivel 1 de jerarquía, equivalente a ministra, comparado con el 44,2% que alcanza puestos de nivel 4, equivalente a directora. En promedio, el 41,5% de las posiciones de liderazgo de las 12 agencias seleccionadas para el estudio son ocupadas por mujeres.

2. Las mujeres en la Administración Pública siguen haciendo “cosas de mujeres”.

La presencia de mujeres en puestos de liderazgo es mayor (45,9%) en áreas asociadas a los estereotipos tradicionales de género, como Educación y Salud, y su presencia disminuye (38%) en sectores tradicionalmente dominados por hombres, como Finanzas y Defensa. Este comportamiento persiste incluso en aquellos países donde la participación de mujeres es más alta (datos aquí).

3. En el papel la región ha cumplido con la paridad de género, pero en la práctica la tarea aún está pendiente.

En la mayoría de los países existen normativas, organizaciones y políticas públicas para la transversalización de género, pero su efecto aún es incierto. La mera existencia de estos instrumentos no garantiza que se cumpla el objetivo para el que fueron creados.

4. El enfoque de inclusión de las mujeres en puestos de liderazgo ha estado en los objetivos y no en generar las condiciones necesarias para alcanzarlos.

Si la región busca implementar de manera exitosa políticas hacia la igualdad sustantiva, es fundamental fortalecer la capacidad del Estado para implementar, monitorear y evaluar dichas políticas. Por ejemplo, implementando sistemas de gestión de recursos humanos con perspectiva de género que fomenten el acceso, participación y promoción de las mujeres en múltiples sectores, sobre todo en niveles decisorios.

5. América Latina y el Caribe requieren una agenda de género en el sector público más ambiciosa, que pase de cumplir con la formalidad, al verdadero aprovechamiento del talento de las mujeres en la región.

El sector público podría ser el referente en cada país de lo que significa cerrar la brecha de género. Para esto, se requiere voluntad política y priorizar acciones concretas, que sean medibles y alcanzables en el tiempo. Para ello también es clave fomentar la presencia de liderazgos de mujeres que no sean meros roles simbólicos.

Si bien la presencia numérica de las mujeres en cargos de liderazgo importa, este no debe ser el fin en sí mismo; se requiere fortalecer las capacidades y recursos de los mecanismos responsables de la igualdad y transversalización de género. En suma, se debe considerar una agenda de género que elimine las barreras que impiden a las mujeres ejercer plenamente sus derechos y tener acceso a iguales oportunidades de desarrollo mediante medidas estructurales, legales o de política pública.

Es momento de medir el avance en temas de género en función de los resultados, no de la simple adopción de normas, estándares y políticas que, en la práctica, no cambian nada.

En el siguiente estudio Mujeres líderes en el sector público de América Latina y el Caribe del BID, conoce en mayor detalle sobre las propuestas para generar cambios efectivos que reduzcan estas brechas.