El Consejo General de Colegios de Oficiales de Graduados Sociales de España, en Madrid, acogía este miércoles la conferencia del que fuera especialista del Gobierno en transformación digital de la División de Innovación de Servicios al Ciudadano del Banco Interamericano al Desarrollo, y es, a día de hoy, director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo Contreras.
El encuentro, del que también participó el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, Ricardo Gabaldón, y que fue moderado por el periodista y director de la revista Atalayar, Javier Fernández Arribas, permitió a Aitor Cubo abordar y explicar la importancia de la ley en ciernes sobre transformación digital, así como su impacto para los sectores jurídico y judicial.
España está “a la vanguardia de lo que es la transformación digital” en el Servicio Público de Justicia, subrayó, ya desde el comienzo de su ponencia, el director general de Transformación Digital. Y es que, durante poco menos de una hora, Aitor Cubo realizó un pormenorizado recorrido sobre las iniciativas y proyectos que la Administración de Justicia tiene en marcha, o que planea impulsar en los próximos meses de cara a la digitalización de parte de las tareas judiciales.
El plan de transición digital –recogido en el anteproyecto de ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia y dependiente de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia– representa para la Administración el proyecto con mayor presupuesto del país. 410 millones de euros ya establecidos de cara a los próximos Presupuestos Generales del Estado, 2022/2023, y que están financiados, en gran medida, gracias a los fondos europeos.
A lo largo de su ponencia, Aitor Cubo reiteró que todos los proyectos solo “han sido posibles gracias al modelo de cogobernanza” entre el Consejo del Poder Judicial, la Fiscalía, y todas y cada una de las Comunidades Autónomas, que han trabajado por elaborar la Ley de Eficiencia Digital y construir unos servicios digitales homogéneos e interoperables en todo el territorio español que la hagan posible.
Entre las iniciativas destacadas por el director de Transformación Digital, han destacado la agenda programada de señalamientos, el Acceso al Expediente Judicial Electrónico, el Tablón Edictal Judicial Único o el Escritorio Virtual de Interacción Digital (EVID) que permite una identificación segura en los contactos judiciales a distancia, tanto de ciudadanos, profesionales o administraciones. “Este servicio no lo tiene ninguna otra administración en España ni en ningún otro país del mundo”, ha apuntado Cubo.
La ciberseguridad, por otra parte, se erige como uno de los pilares centrales, ya no solo de la propia Ley de Eficiencia Digital del Servicio de Justicia, sino también de todos y cada una de estas iniciativas. “Conseguir una contraseña en la deep web no cuesta más de 30 céntimos”, ejemplificó Aitor Cubo. Por ello “tenemos que concienciarnos de la importancia de la ciberseguridad. Especialmente en las administraciones públicas”. En este sentido, la acumulación de datos personales y el temor ante el uso de Inteligencia Artificial (IA) –como procesos de robotización – parecen ser dos de las cuestiones que más reticencias despiertan entre la población, decía Cubo.
“No estamos hablando de implantar jueces robot”, sino de comenzar a gestionar grandes cantidades de información que hasta el momento no estaba organizada y sistematizada utilizando procesos digitales. Algoritmos y programas. Utilizar IA en “textualización de grabaciones, localización de falsedad documental”, etc. para, según el director general de Transformación Digital, se traduciría en un “incremento de la productividad y la eficacia de los profesionales y una mayor rapidez en la Justicia”.
Mejoras trasladas al conjunto de la ciudadanía, no solo al sector judicial. Esta fue la última de las cuestiones centrales que trató de destacar Aitor Cubo durante su conferencia en Consejo General de Colegios de Oficiales de Graduados Sociales de España. Con el propósito de aprovechar los avances en materia de transición digital que resultarían de estos proyectos, el director general del organismo incidió en la iniciativa de formación para instruir a los formadores de las diferentes comunidades autónomas, y que estos, a su vez, repercutiese en toda la sociedad.
Los proyectos de transformación digital pretenden, también, “eliminar las brechas, tanto territoriales, como de género, de edad o de clase social”, dijo Cubo. En este sentido, no se traducirán solo en una mayor disponibilidad de servicios puramente tecnológicos, sino también en la mejora de la presencia física de servicios judiciales en pequeños municipios.
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