Los colombianos visitarán las urnas los próximos 29 de mayo, y 16 de junio en segunda vuelta, para elegir un nuevo presidente. Aproximadamente 39 millones de colombianos podrán elegir a la persona encargada de dirigir al país en un contexto en el que Colombia se enfrenta a los mayores retos de su historia.
El nuevo inquilino de la Casa de Nariño, que deberá jurar su cargo el próximo 7 de agosto, se enfrenta a grandes desafíos a nivel nacional como la pobreza, la inflación, la mejora de la gobernabilidad democrática, el medio ambiente, la inmigración venezolana o la violencia en las calles. Según el jurista constitucionalista Rodrigo Uprimny, hay siete grandes retos que el futuro presidente deberá encarar en la siguiente legislatura, pero no todos son igual de importantes: «El primer desafío que enfrentará el próximo presidente es la gobernabilidad democrática».
La campaña electoral ha alcanzado unos niveles muy altos de polarización ideológica que hace pensar que, si cualquiera de los dos candidatos situados a izquierda o derecha, Gustavo Petro o Federico Gutiérrez, gana las elecciones, el bando perdedor acusará las elecciones de “fraude”. A la radicalización política y las debilidades del sistema electoral colombiano hay que sumarle un tercer factor: el pluripartidismo. Aunque, en principio la presencia de varios partidos distintos es buena para mejorar la calidad democrática de un país y obliga a los gobiernos a basarse en el consenso, esta característica puede ser problemática para países como Colombia, que tienen un sistema muy personalista. “La primera tarea será construir y lograr una gobernabilidad respetuosa de la democracia y del Estado de derecho, porque existe el riesgo de que su fracaso le podría abrir la puerta a tentaciones autoritarias», opina Uprimny.
Uno de los grandes retos a los que se va a enfrentar el próximo presidente colombiano es a la situación en la que se encuentra el Acuerdo de Paz y el incremento de la violencia paramilitar. Según Viviana García Pinzón, investigadora del Instituto Arnold Bergstraesser, esta situación tiene que ver con el deterioro de la seguridad nacional debido al aumento de la violencia por parte de grupos armados al margen del control estatal. Según la politóloga colombiana, «con una política de seguridad que sigue anquilosada en lo que era el conflicto con las FARC, y que solo busca eliminar a los cabecillas, no se resuelve el problema», y añade que esta estrategia «lleva a más fragmentación y no atiende los problemas de la gente en el terreno».
La Policía y las Fuerzas Armadas de Colombia han dado muestras de estar altamente politizadas y actuar sin consentimiento del Estado. A raíz de este giro de las fuerzas de seguridad nacionales se habla de «las violaciones a los derechos humanos, y los asesinatos de civiles en operativos militares y policiales, incluyendo menores de edad”, señala Uprimny; y agrega que «la Policía está totalmente sin control, como lo demuestran la represión violenta del estallido social y las declaraciones vociferantes del comandante del Ejército, Eduardo E. Zapateiro, contra el candidato de la oposición, Gustavo Petro». Ante esta situación, el nuevo inquilino de la Casa de Nariño debe definir y poner en funcionamiento una nueva política de seguridad para plantar cara al crimen organizado y frenar los asesinatos a manos de la Policía y el Ejército, dos fuerzas que están politizadas y fuera de control.
Para cambiar la situación el nuevo Gobierno deberá terminar de implementar el Acuerdo de Paz, el cual ya está funcionando parcialmente, pero con «elementos irreversibles como los del sistema de verdad, justicia y reparación», explica Uprimny, que destaca a pesar de las dificultades que «la JEP avanza y revela o documenta atrocidades tanto de las FARC como de la fuerza pública».
Coordinador de América: José Antonio Sierra.
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