Alcanzar los objetivos del cambio climático supone reorientar las decisiones de gasto de entre el 7 y el 19% del PIB

REDACCIÓN NOTI AMÉRICA (ECUADOR)

Cambio climático – paneles solares

Los argumentos a favor de una acción climática inmediata no pueden ser más contundentes. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la temperatura mundial ya ha subido 1,1°C y más de 3.000 millones de personas son particularmente vulnerables a los efectos del calentamiento global. Tenemos que adaptarnos de inmediato a los impactos de un clima cambiante.

También tenemos que limitar el aumento de temperatura lo más cerca posible a 1,5° C, el principal objetivo del Acuerdo de París. Las emisiones mundiales deberán alcanzar su punto máximo muy pronto, si no de inmediato, disminuir en más de un 40% de aquí a 2030 y alcanzar el nivel cero hacia 2050. Cuanto más tardemos en actuar, más difícil será asegurar un futuro sostenible y habitable para todos.

En la actualidad, los gobiernos se centran acertadamente en cuestiones imperativas, como la pandemia de la COVID-19 y su recuperación, la guerra en Ucrania, las interrupciones de las cadenas globales de valor, el aumento de los precios de las materias primas y la inflación. ¿En este contexto podemos permitirnos abordar los objetivos del cambio climático?

Un nuevo estudio del BID llega a la conclusión de que para que América Latina y el Caribe alcance los objetivos del Acuerdo de París tendría que redirigir entre el 7% y el 19% del PIB –hasta US$1,3 billones– del gasto público y privado al año. Esto no es un costo neto: la acción climática no solo resultará mucho más barata que los costos de la inacción, sino que además aportará beneficios importantes. Además, la acción climática no consiste únicamente en gastar más. Se trata principalmente de gastar de forma diferente .

Los resultados de nuestro estudio aportan una perspectiva sobre el papel del financiamiento climático mundial y las reformas políticas nacionales que pueden ayudar a los gobiernos a financiar la acción climática. Los países desarrollados han prometido US$100.000 millones anuales de financiamiento climático a los países en desarrollo, y deben cumplir urgentemente esta promesa. Sin embargo, estos flujos solo representan una fracción de las necesidades totales. La mayor parte del esfuerzo provendrá del replanteamiento de las instituciones, la planificación y las regulaciones para reorientar los flujos financieros públicos y privados existentes hacia soluciones climáticas.

La acción climática implica replantear las inversiones desde el primer día

Existe un consenso mundial de que se dispone de soluciones eficaces para alcanzar cero emisiones netas. Entre ellas, la inversión en energías renovables en lugar de combustibles fósiles y el cambio a dietas que requieran menos espacio para producir alimentos y ayuden a reducir la presión sobre los ecosistemas. También existen numerosas soluciones de adaptación, como la construcción de infraestructura lejos de las zonas de inundación y la elección de cultivos más resistentes al calor y la sequía.

Muchas de estas soluciones conllevan beneficios económicos netos. La rentabilidad de la resiliencia puede alcanzar hasta un 400%. La descarbonización también puede impulsar nuestras economías. Puede aumentar el PIB en un 1% para 2030, gracias al ahorro económico en los sectores de energía, construcción y transporte, a los avances en materia de salud y productividad, así como al incremento de los servicios ecosistémicos. Estas soluciones podrían crear 15 millones de nuevos empleos netos.

A fin de adoptar estas soluciones, debemos tener en cuenta los objetivos climáticos en las fases de diseño y planificación. Reducir las emisiones no significa construir una planta de gas natural y luego gastar más en un filtro. Significa dar prioridad a la energía eólica o solar desde el principio. Del mismo modo, construir una nueva carretera más alejada de la costa puede resultar mucho más barato que gastar más en construir un sistema de protección contra el aumento del nivel del mar. En los países en desarrollo donde actualmente se están construyendo infraestructuras buscando proporcionar servicios básicos para las próximas décadas, la acción climática y el desarrollo son dos caras de la misma moneda.

Los seres humanos y las instituciones son capital

La adaptación al cambio climático también está vinculada al gasto social. La pandemia ha demostrado que las repercusiones socioeconómicas de los shocks externos dependen en gran medida de si se han implementado programas de protección social para ayudar a los hogares afectados, especialmente a los más pobres. Lo mismo ocurre con los shocks climáticos, como los ciclones o las sequías.

El gasto social también resulta crucial para garantizar una transición justa. El paso a tecnologías más ecológicas afectará negativamente a ciertos grupos, como a los trabajadores de las centrales eléctricas de carbón. A fin de garantizar que nadie se quede atrás, ofrecer beneficios de desempleo decentes y oportunidades de educación y capacitación supondrá una gran diferencia. También en este caso, el desarrollo y el gasto climático son complementarios.

Los planes climáticos pueden ayudar a catalizar el financiamiento nacional e internacional

¿De dónde pueden sacar los gobiernos entre el 7% y el 19% del PIB para la acción climática? Nuestro documento explora las reformas fiscales ecológicas y la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles. Estas acciones, en conjunto, pueden liberar hasta US$200.000 millones al año. Los gobiernos también tendrán que gestionar los riesgos fiscales asociados con los objetivos climáticos. Los exportadores de gas y petróleo podrían perder hasta US$3 billones en 2035, ya que la transición energética mundial erosiona estas regalías. También será necesario reformar los impuestos sobre la gasolina y el diésel, utilizados en países como Costa Rica, a medida que vaya aumentando el número de vehículos eléctricos. Una estrategia fiscal a largo plazo  puede ayudar a identificar formas de sustituir estos ingresos.

Las reformas regulatorias e institucionales son la pieza esencial del rompecabezas. Consideremos el uso de la bicicleta como ejemplo: para quienes trabajan cerca de su lugar de residencia, ir en bicicleta puede ser más barato que desplazarse en automóvil. En las ciudades, las ciclorrutas protegidas pueden ser mucho más baratas que las vías para automóviles. Además, la bicicleta tiene beneficios para la salud y reduce la congestión. Pero las regulaciones y las instituciones pueden ir en contra del uso de la bicicleta. Las autoridades locales pueden tener un mandato de construir carreteras, pero no de construir ciclorrutas o de pensar en la conectividad. Las regulaciones pueden exigir al sector privado que proporcione estacionamientos de autos en los edificios de oficinas, pero no para bicicletas. En este contexto, resulta esencial cambiar la planificación de las ciudades y los requisitos para los constructores de oficinas y viviendas. Esto puede ser una forma sencilla de reorientar los flujos financieros existentes hacia soluciones climáticas.

La reorientación del gasto existente es fundamental para alcanzar juntos los objetivos climáticos y de desarrollo

Se necesitan docenas de cambios como estos. Los gobiernos pueden diseñar estrategias climáticas integrales que definan las transformaciones necesarias en cada sector, permitan planear hojas de ruta para eliminar las barreras que impiden el financiamiento público y privado de la acción climática. Todos los ministerios pueden desempeñar un papel. Por ejemplo, los ministerios de finanzas pueden ayudar a reforzar la coordinación interministerial y servir de enlace con los bancos multilaterales de desarrollo que pueden proporcionar asistencia técnica y financiar parte de la acción climática.

Nada de esto se producirá en un vacío. Todos los países deben hacer frente a la crisis climática al tiempo que atienden otras prioridades. De todas maneras, la pandemia y la guerra de Ucrania están demostrando que los gobiernos pueden actuar con decisión durante las emergencias. La emergencia climática no debería ser la excepción.

Fuente: BID