En su más reciente informe sobre Colombia, el secretario general de las Naciones Unidas reconoció los esfuerzos del Gobierno, las instituciones del Estado, los excombatientes y las comunidades nacionales por ajustarse a la ruta marcada en el Acuerdo final de Paz en el país y alertó de los riesgos a los que se enfrenta la consolidación de la paz.
La Misión de Verificación de la ONU en Colombia publicó esta semana el balance de António Guterres sobre los adelantos y desafíos en la implementación del Acuerdo Final de Paz durante el periodo del 28 de diciembre de 2021 al 25 de marzo de 2022.
El texto destaca los avances logrados en la reincorporación de excombatientes, la sustitución de cultivos ilícitos, la justicia transicional y las oportunidades de desarrollo en las comunidades afectadas por el conflicto, pero advierte que estos progresos “seguirán siendo vulnerables a menos que se den pasos firmes y eficaces para consolidar la seguridad en todo el país de la manera integral prevista en el Acuerdo Final”.
Entre los principales avances, el documento subraya que la mayor parte de los más de 13.000 excombatientes continúan su proceso de reincorporación a la vida civil pese al empeoramiento de la seguridad en varias regiones y que el 63% participa en proyectos productivos para su reincorporación económica.
En cuanto a la reintegración política, refiere que hubo pocos incidentes durante las recientes elecciones al Congreso, en las que los excombatientes de las FARC-EP participaron votando.
No obstante, estos importantes avances, el titular de la ONU reiteró su preocupación por la seguridad de los exintegrantes de las FARC-EP y recordó que desde firma del Acuerdo han sido asesinados 315 de ellos. Once de esos crímenes ocurrieron en el último trimestre.
Del mismo modo, señaló que el deterioro de la seguridad tiene un impacto cada vez mayor en los proyectos productivos y cooperativas, por lo que exhortó al Gobierno a garantizar la seguridad de esas personas tanto en los antiguos Espacios de Capacitación y Reincorporación como en las nuevas áreas de reincorporación, además de llamar a que se atiendan adecuadamente los riesgos y necesidades específicas de las mujeres excombatientes.
El secretario general también reportó que los niveles de violencia se han intensificado en los departamentos del Chocó, Putumayo y Arauca como consecuencia de enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional y disidencias de las FARC-EP.
Esta violencia afecta a la población civil, incluidas las comunidades indígenas y afrocolombianas, detalló.
“La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios registró más de 13.000 personas desplazadas forzosamente, y más de 48.000 personas confinadas entre el 1 de enero y el 15 de marzo. Por su parte, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió información sobre asesinatos de 43 defensores de derechos humanos y líderes sociales, incluyendo cuatro mujeres, (siete documentados, 35 en proceso de verificación y uno no concluyente o no verificable)”, precisó.
En este sentido, consideró que es urgente la implementación completa de las garantías de seguridad estipuladas en el Acuerdo para reforzar las medidas de prevención y protección por parte de las autoridades.
Además, sostuvo que para poner fin a la inseguridad se precisa el despliegue integrado de las capacidades del Estado y el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y los organismos criminales que operan en regiones pobres donde existe una economía ilícita y donde las autoridades estatales no tienen un control eficaz del territorio.
El secretario general citó las esperanzas de los colombianos en las promesas de desarrollo, reconciliación y no repetición del Acuerdo Final de Paz y afirmó que el éxito del proceso a largo plazo dependerá “del fortalecimiento de la confianza entre las partes, así como entre los ciudadanos y las instituciones a través de su compromiso sostenido y sus esfuerzos coordinados”.
António Guterres también aseveró que el presente año constituye un punto de inflexión para el sistema de justicia transicional “al arrojar luz sobre los horrores del pasado”.
“Mientras la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas sigue proporcionando consuelo a cientos de familias de desaparecidos, la Jurisdicción Especial para la Paz se prepara para que los perpetradores reconozcan, cara a cara con las víctimas y ante la sociedad colombiana, sus responsabilidades por los crímenes cometidos durante el conflicto y contribuyan a la verdad”, puntualizó.
Con respecto a la próxima publicación del informe final de la Comisión de la Verdad, confió en que la sociedad colombiana tenga “la fuerza y la sabiduría necesarias” para entender su dolorosa historia y sentar las bases de la reconciliación y la no repetición a partir de las recomendaciones de dicho documento.
“Al acordar poner fin a décadas de conflicto violento, los colombianos y las colombianas reafirmaron ante el mundo que incluso los conflictos más arraigados pueden resolverse mediante el diálogo. A medida que el país continúa por el camino trazado por el Acuerdo Final, y ante la proximidad de las elecciones presidenciales, aliento a las fuerzas políticas a que mantengan su compromiso con una campaña libre de violencia y estigmatización y las invito a que sigan canalizando sus divergencias por cauces institucionales”, concluyó el secretario general.
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