En su último informe sobre la situación en Colombia, la Oficina de la Alta Comisaria de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos “ve con preocupación la presencia de grupos armados no estatales que operan en zonas que corresponden a las 16 circunscripciones de paz y su impacto negativo en las garantías de seguridad para el proceso electoral”.

Por ese motivo, la Oficina que lidera Michelle Bachelet insta al Estado a tomar medidas preventivas para garantizar el ejercicio de actividades electorales y la participación política en un ambiente libre de amenazas y de todo tipo de violencia.

Además, considera oportuno atender las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y los informes de la Misión de Observación Electoral, con medidas de protección, y con mayor presencia de la institucionalidad civil en zonas críticas, llevando a cabo acciones frente a la estigmatización o la discriminación por razones de género o étnicas.

De hecho, uno de los mayores obstáculos a la paz, según el informe, es la limitada presencia del Estado, sobre todo de las autoridades civiles, en muchas zonas del país, lo que permite que se produzcan muchos asesinatos y otros actos violentos. 

El año pasado volvió a ser un año violento en Colombia con matanzas, centenares de muertos y miles de desplazados.

ONU Derechos Humanos recibió información sobre 100 casos de posibles masacres en 2021, de las cuales verificó 78 casos, dos siguen en proceso de verificación y veinte fueron considerados como no concluyentes.

En las 78 masacres verificadas se registraron 292 víctimas (32 mujeres, 15 niños, 5 niñas y 13 personas pertenecientes a pueblos étnicos: 7 indígenas y 6 afrocolombianos). Los departamentos más afectados son Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

Además, entre enero y noviembre de 2021, 72.388 personas (12.848 niños y niñas) fueron desplazadas, triplicando casi la cifra que se registró en 2020 de 26.291.

La ONU, a través de su Misión de Verificación, también constató el asesinato de 54 antiguos integrantes de las FARC-EP y recibió 202 alegaciones de homicidios de defensores de derechos humanos, de las cuales verificó que en 100 existía un vínculo entre su muerte y su labor.

En cuanto a las presuntas violaciones de derechos humanos por parte de la Fuerza Pública, la ONU recibió 100 alegaciones de muertes de las que verificó 54 casos. De ellos, 29 se dieron por el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza en el marco de protestas sociales.

“La acción violenta de grupos armados no estatales y organizaciones criminales afecta proyectos de vida individuales y colectivos, impactando desproporcionadamente a pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas”, observa el informe.

Además de masacres, desplazamientos forzados e imposición de restricciones y horarios para la movilidad, estos grupos también cometen asesinatos de líderes y lideresas sociales y amenazan a quienes desatienden las exigencias del grupo.

Asimismo, controlan las comunicaciones de los miembros de la comunidad, limitan el relacionamiento con terceros, restringen y controlan actividades productivas de siembra, cosecha, pesca y comercialización de productos, y desconocen a las autoridades étnicas.

Tales acciones afectan negativamente el acceso a la comida de las comunidades y socava su autonomía política y económica.

También fortalece el desarrollo y explotación de las economías ilícitas y el control territorial por parte de grupos armados no estatales.

La violencia ejercida contra mujeres y niñas es otro factor de preocupación, en particular la violencia sexual. Las amenazas ejercidas generan silencio, invisibilizando la gravedad de esta situación.

El reclutamiento o el uso de niños y niñas por grupos armados son de particular gravedad y tienen un impacto negativo, profundo y en muchos casos irreversible, en el tejido social de las comunidades afectadas.

Igualmente, el reclutamiento o utilización por grupos armados no estatales y organizaciones criminales de niños les expone a dinámicas de explotación que incluyen algunas de las peores formas de trabajo infantil, tráfico, trata, explotación y esclavitud sexuales, que afectan principalmente a las niñas. 

Para mitigar toda esta violencia, ONU Derechos Humanos indica que el Estado debe promover su presencia integral en particular en las zonas rurales de Antioquia, Amazonas, Arauca, Caquetá, Cauca, Bolívar, Chocó, Nariño, Norte de Santander Putumayo y Valle del Cauca.

“Esto permitirá un mayor acceso a la justicia y a servicios básicos, facilitando la lucha contra la impunidad y aumentando la realización de derechos económicos, sociales y culturales, factores fundamentales para disuadir y prevenir la violencia”.

Además, estima necesario profundizar en la reforma rural integral prevista en el Acuerdo de Paz mediante la implementación participativa de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. “Es urgente resolver los conflictos agrarios y de propiedad de la tierra en las áreas rurales”, se lee en el documento.

También es urgente avanzar, en el marco de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en la elaboración de una política pública concertada con la sociedad civil, incluidas las organizaciones de mujeres, para desmantelar organizaciones criminales y sus redes de apoyo, como lo prevé el Acuerdo de Paz.