ONU denuncia tortura contra detenidos en México por caso Ayotzinapa
Ciudad de México – La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) afirmó hoy que tiene la «fuerte convicción» de que hubo tortura en al menos 34 casos de personas procesadas por la desaparición de 43 estudiantes en México en 2014.
«Oponerse a la tortura no significa estar a favor de los delincuentes», dijo el reprsentante en México del organismo, Jan Jarab, al presentar en la Ciudad de México el informe «Doble Injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa».
«El informe se enfoca en actos de tortura y otras violaciones a los derechos humanos cometidas en la fase inicial de las investigaciones», indicó. «Los funcionarios responsables permanecen impunes».
El 26 de septiembre de 2014, en el municipio sureño de Iguala, en el estado de Guerrero, 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa desaparecieron tras ser perseguidos y atacados por policías municipales aliados con el crimen organizado.
La Fiscalía mexicana detuvo a varias personas, incluidos policías, y al principio concluyó, basada en las declaraciones obtenidas, que los estudiantes habían sido entregados a un grupo criminal, asesinados e incinerados en un basurero cercano a Iguala.
Sin embargo, las investigaciones continúan. La versión inicial fue descartada por un grupo de expertos independientes y rechazada por los padres de los jóvenes, que exigen la aparición con vida de sus hijos.
Jarab dijo que se analizaron los casos de 63 detenidos y que 33 hombres y una mujer presentaron lesiones físicas como golpes, patadas, toques eléctricos, intentos de asfixia, agresiones sexuales y varias formas de tortura psicológica.
La ONU-DH pidió por esa razón a las autoridades mexicanas desechar todas las pruebas obtenidas bajo tortura.
La ONU-DH indica en su informe que durante la investigación realizada por las autoridades mexicanas existió «un patrón consistente de violaciones de derechos humanos».
«En varios casos habría habido amenazas de violación sexual a las mujeres familiares de las personas detenidas», señala el informe.
El «modus operandi» consistió, según el informe, en detenciones arbitrarias por parte de autoridades federales, tardanzas en la presentación formal de la persona detenida ante el Ministerio Público, actos de tortura para obtener información o confesiones y, por último, presentar al detenido ante la Fiscalía donde presuntamente continuaron los actos de tortura.
Quienes incurrieron en estas presuntas prácticas, de acuerdo con el documento, fueron agentes de la Fiscalía, de la Policía Federal y de la Marina.
Agrega que varias de las personas que confesaron su culpabilidad de forma voluntaria presentaban lesiones físicas, de acuerdo con los partes médicos. Estos también señalan que varios detenidos tenían heridas, pese a que las autoridades indicaron que la detención se había realizado sin violencia.
El informe menciona también irregularidades en diligencias realizadas en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, cuando el entonces jefe investigador de la fiscalía, Tomás Zerón, trasladó a un detenido hasta el lugar y levantó evidencia sin dejar registro.
La ONU-DH exhortó a las autoridades mexicanas a «evitar una práctica institucional de comisión de actos de tortura, así como de su tolerancia y encubrimiento», por lo que pidió encontrar a los responsables de tales actos y aplicar las sanciones correspondientes.
Fuente(dap)
Comentarios recientes