Agua Bonita, Colombia – Rodeada de verdes campos, con montañas cubiertas de nubes como telón de fondo, la aldea recién fundada parece un oasis de paz. Pero las más de 300 personas que viven en el Espacio de Reincorporación conocido como Héctor Ramírez tienen un pasado marcado por la violencia.
La mayoría de los vecinos pasó años en las filas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el movimiento guerrillero más antiguo de América Latina, que luchó contra el Gobierno colombiano durante 52 años. El conflicto que involucró a las FARC y grupos más pequeños de extrema izquierda, el Ejército y los grupos paramilitares de derecha dejó alrededor de 220.000 personas muertas, 80.000 desaparecidas y siete millones de desplazados.
Situada cerca de Florencia, en el sur de la región de Caquetá, la aldea es una de las 26 áreas destinadas a reincorporar a la sociedad a los ex combatientes de las FARC, después de que este grupo firmara un acuerdo de paz con el Gobierno en noviembre de 2016. El acrónimo ahora hace referencia a un nuevo partido político, la Fuerza Revolucionaria Alternativa Común, que participará en las elecciones del 11 de marzo.
En Héctor Ramírez la gente se detiene a conversar en senderos serpenteantes entre casas prefabricadas de poca altura, decoradas con coloridas imágenes de plantas, animales, líderes revolucionarios y consignas. Un hombre está construyendo una vivienda de ladrillo, otro lleva un saco de harina de maíz sobre el hombro, los gallos cantan y un grupo de personas toma algo en un bar.
Los 260 guerrilleros desmovilizados, algunos de los cuales pasaron toda su vida adulta peleando en los bosques de Colombia, y los familiares que los acompañan han lanzado una serie de proyectos para reconstruir sus vidas como civiles. Las piñas crecen en un campo rodeado de cultivos de árbol de plátano, ex guerrilleros hacen botas de montaña en un taller mientras otros construyen camas de madera y, en un tercero, se fabrican bolsas marcadas con las letras FARC.
Un proyecto de piscicultura está a punto de producir 13.000 tilapias para la venta en la temporada de Pascua. El pueblo también tiene tres tiendas, un restaurante, una cocina común y una biblioteca.
Los ex guerrilleros crearon la aldea en parte con fondos del Gobierno, que les dio a cada uno una suma de dos millones de pesos (700 dólares). Además, reciben un ingreso mensual de 700.000 pesos hasta agosto de 2019, así como alimentos y algunos cursos para aquellos que tienen poca o ninguna educación formal.
Aunque estas áreas de reincorporación debían ser temporales, los residentes de Héctor Ramírez están en proceso de comprar la tierra, que suma unas 160 hectáreas, a su propietario privado. «No tenemos tierra ni casa», dice Alexander, de 35 años, que sirvió en las FARC durante 21 años. «¿Para dónde nos vamos a ir?», agrega.
«¿Para qué vamos a regresar a esta sociedad donde hay hambre, donde no hay educación (adecuada)», se pregunta Sandra González, alias Betsy, presidenta de la cooperativa que dirige los proyectos. Y es que la aldea de «Héctor Ramírez» es excepcionalmente exitosa en comparación con muchas otras áreas de reincorporación, que no están tan bien administradas y donde muchos de los residentes se han ido.
«Queremos tener una comunidad soberana y autónoma con una economía solidaria» que pueda servir de modelo para una aldea socialista, dice Iván, de 29 años, que trabajó como organizador urbano no combatiente de las FARC durante siete. A diferencia de muchos miembros de la guerrilla, que se unieron para escapar de la pobreza, a este ex estudiante universitario lo movían razones ideológicas en uno de los países más desiguales de América Latina. «Empecé a cuestionar por qué algunos tuvieron más que otros», explica.
Según una fuente del Gobierno, los miembros de las FARC pueden quedarse en la aldea si logran comprar la tierra, pero los desconfiados ex combatientes temen que las autoridades los expulsen. Las FARC afirman que más de 50 personas vinculadas al partido han sido asesinadas desde que se firmó el acuerdo de paz. Los homicidios se atribuyen a pistoleros paramilitares, grupos de izquierda rivales y traficantes de cocaína que buscan controlar a los cultivadores de coca a quienes las FARC solían gravar para financiar sus operaciones.
Los vecinos de Héctor Ramírez han recibido amenazas, dice Federico Montes, de la cooperativa, quien acusa al Gobierno de no protegerlos. «Es una construcción de confianza», señala el portavoz del Gobierno, que pidió no ser identificado. «Cuando alguien ha recibido disparos de otro durante 50 años, no van a ser amigos en un día». Un sistema de justicia transicional tratará de promover la reconciliación mediante la investigación de los crímenes cometidos por ambas partes del conflicto.
Mientras las FARC son acusadas de crímenes que incluyen asesinatos y secuestros de civiles y abuso sexual, la reputación del Ejército se ha visto empañada, ante todo, por un escándalo en el que los soldados presuntamente habrían matado a miles de civiles, para posteriormente presentarlos como guerrilleros muertos, por lo que obtenían bonos económicos.
Los ex guerrilleros que permanecen en Héctor Ramírez admiten que se cometieron «errores», pero no están dispuestos a hablar de ello, por temor a que, en su opinión, esos casos puedan ser utilizados por la elite gobernante conservadora para estigmatizar a la izquierda. «Siempre son las mismas personas y sus familias las que tienen el monopolio del poder» en Colombia, dice Francisco, un guardaespaldas de uno de los líderes de la cooperativa.
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