ESPAÑA NO SE DIVIDE POR GENERACIONES. SE SALVA CON TODAS ELLAS.

ESPAÑA NO SE DIVIDE POR GENERACIONES. SE SALVA CON TODAS ELLAS.

29 de noviembre: votar no es un trámite, sino un acto de responsabilidad histórica

Para Noti-América España
Por Ricardo Ojeda Salazar
Opinión

Existe una idea que se ha instalado con demasiada facilidad en el debate público: España es un país fracturado por generaciones; los mayores vivieron tiempos de prosperidad que hoy resultan inalcanzables para los jóvenes; los baby boomers son presentados como una generación privilegiada, los millennials como una generación frustrada y la Generación Z como una juventud ajena a los problemas reales del país.

Es una simplificación interesada. Y, como tantas simplificaciones, termina ocultando los verdaderos problemas.

Mientras se alimenta la confrontación entre padres e hijos, entre abuelos y nietos, se relega a un segundo plano el debate verdaderamente importante: qué modelo de país queremos construir y qué clase de futuro estamos dispuestos a legar a quienes vienen detrás.

España no necesita una pugna generacional. Necesita recuperar la confianza en sus instituciones, la prosperidad económica, la libertad individual y la ambición colectiva. Necesita, en definitiva, un proyecto de país capaz de reconciliar a sus ciudadanos con el futuro.

El próximo 29 de noviembre no se trata únicamente de elegir entre siglas y candidatos. Se trata de decidir qué modelo de sociedad queremos, qué España deseamos dejar a nuestros hijos y qué nivel de exigencia estamos dispuestos a mantener sobre quienes asuman la responsabilidad de gobernarnos.

Conviene recordar algo elemental: el intervencionismo desmedido, la expansión injustificada del aparato del Estado, la presión fiscal creciente y el clientelismo político no constituyen, por sí mismos, políticas de progreso. Tampoco lo es convertir la división social en una estrategia permanente de conservación del poder.

El progreso verdadero no se mide por el tamaño de la Administración ni por la cantidad de promesas que se formulan desde el poder. Se mide por la capacidad de una sociedad para generar oportunidades, reconocer el mérito, garantizar la igualdad ante la ley y permitir que cada ciudadano pueda desarrollar su proyecto de vida con libertad y autonomía.

CUATRO GENERACIONES, UNA MISMA ESPAÑA

Los Baby Boomers (1946-1964): ustedes son la raíz.

Conocieron y protagonizaron la transformación de España. Vivieron la Transición, trabajaron, ahorraron, levantaron empresas y sacaron adelante a sus familias. Con sus aciertos y sus sacrificios, contribuyeron decisivamente a construir el país que hoy conocemos.

Merecen respeto, pensiones dignas, una sanidad pública eficiente y seguridad. Pero también merecen algo más: la certeza de que sus hijos y nietos tendrán oportunidades para desarrollar una vida digna, sin que el esfuerzo de toda una generación termine convertido en una herencia de incertidumbre.

Su experiencia no debe ser objeto de desprecio ni su legado quedar reducido a una caricatura generacional. La memoria de quienes construyeron buena parte de la España contemporánea merece consideración. También merece ser escuchada cuando se debate el país que heredarán las próximas generaciones.

La Generación X (1965-1980): ustedes son el soporte.

Son, en buena medida, quienes sostienen hoy el engranaje económico y social del país: trabajan, pagan impuestos, mantienen empresas, atienden a sus mayores y ayudan a sus hijos. Han atravesado distintas crisis y conocen por experiencia que los problemas económicos no se resuelven mediante declaraciones institucionales ni por decreto.

Saben lo que supone soportar una burocracia excesiva, afrontar una presión fiscal elevada y desenvolverse en un entorno en el que, con demasiada frecuencia, se exige más a quienes producen, invierten y crean empleo.

Necesitan seguridad jurídica, una fiscalidad razonable, menos trabas administrativas y una Administración que facilite la actividad económica en lugar de convertirse en un obstáculo.

No reclaman privilegios. Reclaman estabilidad, eficacia y una gestión responsable de los recursos públicos. Saben cuánto cuesta ganarse la vida y tienen derecho a exigir que el dinero que aportan a las arcas públicas se administre con rigor.

Los Millennials (1981-1996): el esfuerzo merece oportunidades.

Les dijeron que estudiar, formarse y trabajar era el camino hacia una vida mejor. Muchos cumplieron con esa promesa: se prepararon, se incorporaron al mercado laboral y asumieron responsabilidades. Sin embargo, una parte importante se ha encontrado con empleos precarios, salarios que no acompañan el coste de la vida, alquileres desproporcionados y enormes dificultades para acceder a una vivienda en propiedad o formar una familia.

No estamos ante una generación carente de ambición, sino ante un problema estructural de oportunidades que la política no puede seguir ignorando.

Necesitan vivienda asequible, empleo estable, mejores perspectivas salariales, condiciones favorables para emprender y una economía que recompense la formación y el talento.

No aspiran a vivir permanentemente bajo la tutela de las administraciones. Aspiran a trabajar, prosperar, independizarse y construir un proyecto de vida propio. No piden que les resuelvan el futuro; reclaman que no se les cierren las puertas para poder conquistarlo.

La Generación Z (1997-2012): ustedes son la energía del futuro.

Han crecido en un mundo conectado, dominado por la tecnología y la circulación inmediata de la información. Cuestionan las ideas establecidas, reclaman espacios de libertad y no siempre encuentran respuestas satisfactorias en las instituciones tradicionales.

Aspiran a la independencia, a una vivienda, a un empleo digno y a un país en el que el talento y la capacidad tengan más peso que los contactos o la proximidad al poder.

Su futuro no puede depender de decisiones tomadas sin contar con ustedes. Por eso resulta fundamental que se informen, contrasten las fuentes, cuestionen los discursos y exijan explicaciones. La libertad que ejercen en el entorno digital también debe traducirse en participación y responsabilidad cívica.

Conviene no confundir la abstención con la rebeldía. Apartarse de las decisiones colectivas no significa necesariamente cuestionar el sistema; en ocasiones, sencillamente, deja que otros decidan por quienes han optado por no participar.

EL CAMBIO NECESARIO: DOS PROYECTOS QUE PUEDEN COMPLEMENTARSE

España necesita algo más que una alternancia de nombres en el Gobierno. Necesita revisar un modelo económico e institucional que ha de devolver protagonismo a los ciudadanos, fortalecer la sociedad civil y recuperar las condiciones necesarias para desarrollar todo el potencial del país.

En ese debate resulta imprescindible examinar, con rigor y sin prejuicios, las propuestas de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, líderes del Partido Popular y de VOX, respectivamente.

El Partido Popular plantea una reconstrucción institucional y económica que incluye la reducción de impuestos, el impulso de la construcción de viviendas, la simplificación administrativa, el respaldo a autónomos y empresas y la recuperación de la confianza en las instituciones.

VOX, por su parte, defiende una reducción de la presión fiscal, cambios en la legislación de vivienda, medidas de apoyo a las familias, una Administración más sencilla, el refuerzo de la seguridad y una revisión del modelo territorial.

Se trata de proyectos distintos, con diferencias políticas e ideológicas que no conviene disimular. Sin embargo, también existen coincidencias en materias económicas, administrativas e institucionales que podrían abrir espacios para el entendimiento y la cooperación. La posibilidad de alcanzar acuerdos no exige renunciar a las propias convicciones, sino reconocer que determinados problemas nacionales requieren soluciones compartidas.

Lo verdaderamente importante es que el debate político vuelva a centrarse en las cuestiones que afectan a la vida cotidiana de los españoles: empleo, vivienda, educación, pensiones, sanidad, seguridad, competitividad y sostenibilidad de las cuentas públicas.

Y hay un principio democrático que debe prevalecer sobre cualquier estrategia partidista:

Una democracia no consiste únicamente en depositar una papeleta en una urna. Consiste en comparar programas, exigir explicaciones, elegir libremente y reclamar responsabilidades a quienes reciben la confianza de los ciudadanos. Gobernar no significa disponer del poder a voluntad, sino ejercerlo con transparencia, responsabilidad y respeto a quienes lo han otorgado. Ningún gobernante está por encima de la ley ni puede quedar exento de responder por sus decisiones y actuaciones.

NO TODO EL QUE DEFIENDE EL CAMBIO ES ULTRADERECHA

Hay una práctica política que merece una reflexión seria: la tendencia a descalificar como ultraderecha a quienes discrepan del Gobierno o respaldan alternativas políticas diferentes.

¿Desde cuándo defender una fiscalidad menos gravosa, reclamar seguridad jurídica, exigir transparencia, cuestionar el intervencionismo estatal o defender la unidad constitucional convierte automáticamente a un ciudadano en extremista?

La democracia no es patrimonio de una ideología. La izquierda no posee el monopolio del progresismo, del mismo modo que la derecha no tiene por qué aceptar que sus planteamientos sean descalificados antes incluso de ser debatidos.

Las ideas deben examinarse por su contenido, su viabilidad y sus consecuencias, no por las etiquetas que sus adversarios les asignen. Una sociedad democrática no puede sustituir la discusión de los argumentos por la descalificación de quien los formula.

Tildar de «facha» a un ciudadano por exigir responsabilidades a Pedro Sánchez y a su entorno político no constituye una respuesta política. Es una forma de descalificación que empobrece el debate público y revela una preocupante intolerancia hacia la discrepancia. Quien reivindica la libertad de expresión debe aceptar, necesariamente, que los demás ejerzan ese mismo derecho, incluso cuando sus opiniones resulten incómodas para el poder.

Discrepar no es ser extremista. Extremista es quien no tolera la crítica, quien pretende situarse por encima de la rendición de cuentas y quien confunde el ejercicio del poder con la propiedad del Estado. También lo es quien compromete el futuro de las próximas generaciones mediante un endeudamiento creciente, multiplica la burocracia hasta hacerla difícilmente sostenible y pretende gobernar sin presupuestos, como si España fuese patrimonio de quienes ocupan temporalmente sus instituciones.

Exigir un cambio de políticas no significa atacar la democracia. Reclamar responsabilidades a quienes gobiernan es, precisamente, ejercer un derecho democrático.

El pluralismo no es una concesión del poder ni una cortesía hacia la oposición. Es una condición indispensable para que exista una democracia real.

EL PROYECTO COMÚN: LIBERTAD, MÉRITO Y RESPONSABILIDAD

España necesita recuperar algunos principios esenciales que deberían estar por encima de las diferencias partidistas:

1. Libertad: un Estado que garantice los derechos y las libertades, sin asfixiar la iniciativa individual ni la capacidad de emprender.
2. Mérito: una sociedad en la que el esfuerzo, la preparación y el talento encuentren reconocimiento y recompensa.
3. Prosperidad: empresas competitivas, empleo productivo, inversión y oportunidades para quienes desean desarrollar un proyecto profesional o empresarial.
4. Justicia social: igualdad ante la ley, servicios públicos eficaces y protección para quienes realmente necesitan el respaldo de la sociedad.
5. Responsabilidad: instituciones independientes, transparencia, control del gasto público y rendición de cuentas.

No somos generaciones enfrentadas. Somos eslabones de una misma cadena. La experiencia de los mayores, la capacidad de gestión de la Generación X, la preparación de los millennials y la energía de la Generación Z son necesarias para construir una España con mayor cohesión, más oportunidades y mejores perspectivas de futuro.

ESPAÑA NECESITA MÁS AMBICIÓN Y MENOS DIVISIÓN

A los abuelos les corresponde pensar en el futuro de sus nietos. A los padres, en las oportunidades de sus hijos. A los trabajadores, reconocer la importancia de las empresas que generan actividad y empleo. A los empresarios, procurar las condiciones que permitan crear riqueza, invertir y ofrecer mejores oportunidades a sus trabajadores. Y a los jóvenes, comprender que su futuro no puede quedar al margen de las decisiones colectivas.

No permitamos que el desencanto y el hartazgo terminen convirtiéndose en indiferencia. Tampoco que la propaganda sustituya al pensamiento crítico ni que la confrontación permanente impida abordar los problemas reales del país.

El próximo 29 de noviembre, cada ciudadano tendrá la oportunidad de expresar libremente qué modelo de España desea. Informarse, contrastar las propuestas y votar con responsabilidad forma parte del ejercicio de la ciudadanía. Pero hay algo que conviene tener siempre presente: el voto no es un cheque en blanco.

Quienes reciban la confianza de los españoles deberán responder por sus promesas, sus decisiones y sus resultados. El sanchismo tiene una responsabilidad política por su gestión que no puede eludir. La rendición de cuentas no concluye cuando se cierran las urnas; comienza, precisamente, cuando se asume la responsabilidad de gobernar.

El abuelo necesita que el nieto encuentre oportunidades y el nieto necesita que el abuelo conserve su dignidad. El trabajador necesita empresas capaces de generar empleo y el empresario necesita trabajadores preparados. Todos necesitamos instituciones que funcionen, administraciones eficaces y gobernantes conscientes de que el poder es una responsabilidad temporal, no un patrimonio particular.

España dispone de historia, talento, recursos y ciudadanos extraordinarios. No tiene por qué resignarse a vivir enfrentada ni aceptar como inevitable un futuro por debajo de sus posibilidades.

No se trata de que una generación gane y otra pierda. Se trata de que España vuelva a ganar con todas ellas.

El futuro no pertenece a ningún partido ni a ningún dirigente político. Pertenece a los ciudadanos, que tienen el derecho de elegir a sus representantes y la obligación cívica de exigirles resultados.

EL FUTURO DE ESPAÑA PERTENECE A LOS ESPAÑOLES. Y TAMBIÉN LA RESPONSABILIDAD DE DECIDIRLO, DEFENDERLO Y EXIGIR CUENTAS A QUIENES NOS GOBIERNAN.

Ricardo Ojeda Salazar
Director General del Grupo Lucha por la Democracia
Editor de Noti-América España

Ricardo Ojeda Salazar

Editor de Noti América España

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