¡NOS ROBARON A TODOS!

**Venezuela: 26 años de robos, saqueos, expropiaciones e invasiones de la propiedad privada (1999-2025)**

**Por Ricardo Ojeda Salazar**
Director General del Grupo Lucha por la Democracia | Editor de Noti-América España

Durante más de dos décadas, Venezuela no sufrió una crisis. Sufrió un atraco.

Un atraco a la nación entera. Un atraco a sus arcas, a sus bancos, a sus empresas, a sus fincas, a sus viviendas y a las cajas de seguridad donde las familias guardaban lo único que les quedaba.

El país no solamente perdió su riqueza, su capacidad productiva y sus instituciones democráticas. Perdió algo más profundo: la certeza de que lo que es tuyo, es tuyo. Que nadie, ni un delincuente, ni un funcionario, ni un colectivo armado, ni un ministro, puede venir a arrebatártelo.

Entre 1999 y 2025, bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, se ejecutó uno de los procesos de destrucción económica, institucional y patrimonial más graves de la historia contemporánea de América. Un proceso que exige no solo una investigación histórica, sino una investigación judicial implacable.

Hablamos de corrupción, de robos bancarios, de bóvedas asaltadas, de cajas de seguridad violentadas, de invasiones, expropiaciones, confiscaciones, saqueos de empresas y apropiaciones de bienes por parte de particulares, grupos armados y funcionarios públicos.

No hablamos solo de estadísticas. Hablamos de personas, de familias, de empresas que perdieron el fruto de toda una vida de trabajo. Y que hoy exigen lo único que no se les puede negar: justicia.

**El saqueo no fue solamente del dinero público. Fue el saqueo de todos.**

Cuando hablamos del saqueo de Venezuela, muchos piensan en los miles de millones de dólares que desaparecieron de las arcas públicas, en los escándalos de corrupción petrolera, en los contratos fraudulentos, en las empresas estatales quebradas, en los recursos nacionales que jamás llegaron a la población.

Se han denunciado y estimado desfalcos de cientos de miles de millones de dólares. La magnitud exacta deberá establecerla una auditoría independiente y los tribunales. Pero la dimensión del daño es incuestionable: saquearon a la nación.

Sin embargo, hay otra parte de esta tragedia que duele aún más, porque tiene nombre, apellido y rostro: el saqueo del patrimonio privado de los venezolanos.

Miles de ciudadanos construyeron sus patrimonios durante décadas, con esfuerzo, con sacrificio, con madrugadas enteras. Compraron viviendas, apartamentos, terrenos, fincas, comercios, industrias, empresas. Ahorraron dinero, adquirieron joyas, obras de arte, vehículos, maquinaria, equipos profesionales.

Muchos depositaron sus ahorros y sus objetos más preciados en cajas de seguridad bancarias, confiando en que allí estarían protegidos.

Pero esa confianza también fue traicionada. Violentada. Robada.

**Las bóvedas bancarias y las cajas de seguridad: ni el banco era seguro**

Entre los episodios que deben reconstruirse con nombres, fechas y responsables están los robos a bóvedas bancarias y cajas de seguridad durante el período chavista.

Hay casos judicialmente documentados que ilustran la gravedad de lo sucedido.

En 2002, una sucursal del Banco de Venezuela en Valencia sufrió un robo que afectó a la bóveda donde se encontraban cajas de seguridad de clientes.

En agosto de 2004, en Maracaibo, fueron violentadas 173 cajas de seguridad del Banco Occidental de Descuento (BOD). Los afectados denunciaron la desaparición de dinero, joyas, documentos, títulos y otros bienes de valor. 173 familias despojadas en una sola noche.

En 2012, otra operación delictiva afectó cajas de seguridad del Banco Venezolano de Crédito, en Valencia, y dio lugar a reclamaciones judiciales.

Estos episodios no son rumores. Existen antecedentes judiciales que permiten acreditar los hechos.

Pero necesitamos ir mucho más allá. Es indispensable reconstruir los robos ocurridos en otras entidades financieras, identificar las sucursales afectadas, conocer el número de cajas violentadas y establecer cuánto perdieron los clientes. Cada caja violentada es una vida rota.

También debemos investigar por qué, durante determinados períodos, numerosos venezolanos encontraron dificultades para contratar el servicio de alquiler de cajas de seguridad bancarias. ¿A quién le convenía que los ciudadanos no pudieran proteger sus bienes?

La confianza en una entidad financiera no puede depender de la suerte de que su bóveda no sea violentada. Y cuando una persona deposita sus bienes en un banco, espera seguridad, responsabilidad y protección jurídica. No impunidad.

**Viviendas, empresas, fincas y propiedades: el despojo de la riqueza privada**

El problema tampoco terminó en las entidades financieras. Apenas empezaba.

Durante estos años se produjeron expropiaciones, intervenciones, ocupaciones e invasiones de propiedades privadas que afectaron a agricultores, ganaderos, industriales, comerciantes, constructores y propietarios particulares.

La aplicación de políticas de expropiación y ocupación de tierras, especialmente a partir de la Ley de Tierras de 2001, cambió radicalmente las condiciones de propiedad y producción en Venezuela. Y lo que comenzó como una supuesta política agraria terminó en muchos casos como un mecanismo de despojo.

Numerosos propietarios denunciaron que perdieron sus fincas, instalaciones, maquinaria, ganado y cosechas. Empresas que habían generado empleo y riqueza terminaron intervenidas, ocupadas o paralizadas. Convertidas en ruinas. En esqueletos productivos.

A ello se suman las denuncias sobre grupos de invasores, colectivos armados y estructuras vinculadas al poder político que habrían participado en ocupaciones de viviendas, edificios, terrenos y establecimientos comerciales. Gente armada, protegida, impune, entrando en la casa de otros como si fuera suya.

No debemos confundir una expropiación formal con un robo cometido por delincuentes. Tampoco podemos equiparar una intervención administrativa con una confiscación arbitraria. Cada caso debe examinarse conforme a la legislación, las garantías procesales y las pruebas disponibles.

Pero hay preguntas que ya no admiten silencio: ¿cuántos propietarios perdieron sus bienes sin recibir una indemnización justa? ¿Cuántas empresas desaparecieron? ¿Cuántos trabajadores quedaron en la calle? ¿Cuántas familias perdieron sus viviendas y sus ahorros?

Y, sobre todo, ¿quiénes se beneficiaron de esas operaciones? Porque mientras unos lo perdían todo, otros aparecían de la noche a la mañana con mansiones, con yates, con cuentas en el exterior, con fincas que no trabajaron jamás.

Esa es la verdadera historia del chavismo: empobreció a millones y enriqueció ilegalmente a una cúpula.

**Delincuencia común, funcionarios y grupos paramilitares: una misma red de impunidad**

Una investigación seria no puede limitarse a señalar a los delincuentes comunes.

También debe examinar las denuncias contra funcionarios públicos, integrantes de organismos de seguridad, grupos armados irregulares y colectivos identificados con el oficialismo.

En diferentes regiones del país se han denunciado saqueos, extorsiones, apropiaciones de cosechas, invasiones de fincas, ocupaciones de inmuebles y robos de bienes durante procedimientos de seguridad.

En algunos casos existen investigaciones periodísticas, testimonios y documentación de organismos internacionales. En otros, las víctimas no han conseguido que sus denuncias avancen ante las instituciones competentes. Porque denunciar era inútil. Porque el denunciado era el poder.

Es indispensable identificar quiénes participaron, quiénes facilitaron los delitos, quiénes los ordenaron y quiénes se beneficiaron.

La responsabilidad no puede atribuirse colectivamente a una institución o a un grupo político sin pruebas. Pero tampoco puede utilizarse la condición de funcionario público, militar, policía o integrante de un colectivo para otorgar impunidad.

Nadie puede estar por encima de la ley. Y mucho menos quienes usaron la ley para robar.

**Que lo entienda Washington: los chavistas son, en su gran mayoría, criminales sin escrúpulos**

Y aquí hay que decirlo con claridad, sin eufemismos, para que lo entiendan en Washington, en Europa y en toda América: los chavistas, en su gran mayoría, no son simples adversarios ideológicos. Son criminales sin escrúpulos cuyos delitos no pueden quedar impunes.

No hablamos de un partido político que cometió errores. Hablamos de una estructura criminal que utilizó el Estado como botín, que saqueó los bienes nacionales, que despojó a ciudadanos, empresarios, comerciantes y familias, que se enriqueció con el hambre de un pueblo entero.

Agradecemos la actuación de la administración Trump al capturar a Nicolás Maduro. Fue un paso histórico. Fue un acto de justicia que millones de venezolanos esperaban desde hace años.

Pero hay que decirlo también con claridad: el trabajo no está completo.

Sería como sacar a Hitler del poder pero dejar a Hermann Göring en el poder y esperar que el milagro alemán y la justicia llegaran por obra y gracia del Espíritu Santo. No. Eso no funciona. Eso no es justicia. Eso es dejar intacta la maquinaria criminal.

Si la cúpula chavista que queda en el poder, sus testaferros, sus operadores financieros, sus generales corruptos y sus capos enriquecidos ilegalmente siguen libres, siguen moviendo dinero, siguen controlando territorios, siguen intimidando, entonces no se ha desmantelado nada. Se ha cortado una cabeza, pero la hidra sigue viva.

Estados Unidos y la comunidad internacional deben entenderlo: no habrá transición real, no habrá democracia real, no habrá reconstrucción real mientras los criminales del chavismo sigan impunes y sigan disfrutando del botín.

**La destrucción de la confianza y de la seguridad jurídica**

Una nación no puede prosperar cuando sus ciudadanos viven con miedo a perder sus propiedades, cuando los empresarios no confían en las instituciones, cuando los ahorristas temen por sus depósitos y cuando los agricultores no saben si mañana podrán seguir trabajando sus tierras.

La propiedad privada no es un privilegio reservado a los ricos. Es un derecho fundamental que protege el esfuerzo, el ahorro, la inversión y la libertad económica de todos los ciudadanos.

Sin seguridad jurídica no existe inversión sostenible. Sin inversión no se recupera el empleo. Sin empleo no se reconstruye la economía. Y sin instituciones independientes no hay garantías de que los abusos no vuelvan a repetirse.

Venezuela necesita recuperar la confianza en sus bancos, en sus tribunales, en sus registros de propiedad y en sus instituciones públicas.

Pero esa confianza no se recuperará ocultando el pasado. Se recuperará con castigo ejemplar a los culpables y reparación a las víctimas.

**La reconstrucción exige verdad, justicia y reparación. Y exige recuperar lo robado.**

La recuperación de Venezuela no puede limitarse a cambiar de gobernantes ni a restablecer determinados indicadores económicos.

Necesitamos una investigación independiente sobre el patrimonio público y privado que fue sustraído, confiscado, expropiado irregularmente u ocupado durante estos 26 años.

Propongo que una futura Venezuela democrática impulse una Comisión Nacional de Verdad y Recuperación Patrimonial, con independencia institucional, participación de expertos nacionales e internacionales y garantías para las víctimas.

Entre sus objetivos deberían estar:

1. Elaborar un registro nacional de robos, saqueos, expropiaciones, confiscaciones y ocupaciones ilegales.
2. Investigar los robos a entidades bancarias y las cajas de seguridad violentadas.
3. Identificar las empresas, viviendas, fincas y establecimientos afectados.
4. Determinar las responsabilidades individuales de funcionarios, particulares y grupos armados.
5. Investigar el destino de los bienes y recursos sustraídos.
6. Promover la recuperación de activos y la restitución o indemnización de las víctimas.
7. Garantizar que los responsables rindan cuentas ante tribunales independientes.

Y hay un punto que debe ser innegociable: los bienes de los grandes capos, líderes y exlíderes, que se enriquecieron ilegalmente, y de los funcionarios corruptos, así como de sus testaferros, deben ser enjuiciados, incautados y confiscados. Esos dineros no les pertenecen. Le pertenecen a Venezuela. Y deben ser utilizados para la reconstrucción nacional.

No para que sigan viviendo como reyes en Madrid, en Miami, en Dubái o en Caracas mientras el pueblo hace cola por comida y medicinas. No. Ese dinero es para reconstruir hospitales, escuelas, empresas, viviendas y la vida de las víctimas.

La justicia debe actuar con pruebas, debido proceso y derecho a la defensa. No se trata de sustituir una injusticia por otra, ni de promover persecuciones políticas. Se trata de terminar con la impunidad. De una vez por todas.

**Venezuela necesita justicia para poder vivir en paz**

Hay algo que no podemos olvidar: detrás de cada cifra hay una historia humana.

Detrás de una caja de seguridad violentada puede haber los ahorros de toda una vida, las joyas heredadas de una madre, documentos familiares irreemplazables o el patrimonio que una familia pensaba dejar a sus hijos.

Detrás de una finca ocupada puede haber generaciones de trabajo. Detrás de una empresa confiscada puede haber cientos de familias que perdieron su sustento. Detrás de una vivienda invadida puede haber un ciudadano que tuvo que abandonar su país y dejar atrás todo lo que había construido. Y detrás de cada exilio hay un desgarro que nunca se repara del todo.

El saqueo de Venezuela no fue solamente el robo del dinero de todos los venezolanos. También fue, y sigue siendo para muchas víctimas, el despojo de su patrimonio personal, familiar y empresarial.

Se robaron recursos públicos por cantidades extraordinarias, que deberán ser investigadas y cuantificadas. Pero también desaparecieron bienes, dinero, joyas, equipos, obras de arte, vehículos, maquinaria, cosechas y propiedades pertenecientes a ciudadanos, familias, bancos y empresas.

Todo ello forma parte de una misma tragedia nacional: la destrucción de la confianza, la vulneración de los derechos de propiedad y el debilitamiento de las instituciones encargadas de proteger a los ciudadanos.

Los responsables de estos crímenes, sean delincuentes comunes, funcionarios corruptos, integrantes de organismos de seguridad o miembros de grupos paramilitares y colectivos armados, deben responder individualmente ante la justicia cuando existan pruebas de su participación.

No puede haber impunidad para quienes robaron, saquearon, amenazaron, extorsionaron o se apropiaron ilegalmente de los bienes de otros.

Tampoco puede haber reconciliación auténtica si se obliga a las víctimas a olvidar sus pérdidas y se permite que quienes se enriquecieron ilegalmente con el patrimonio de los venezolanos conserven los beneficios de sus delitos.

La paz no se construye sobre el olvido. La democracia no se sostiene sobre la impunidad. Y la libertad no puede existir sin el respeto a la propiedad y a los derechos de cada ciudadano.

Venezuela necesita verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Porque si queremos vivir en un país de paz, libertad y democracia, quienes saquearon a Venezuela y despojaron a sus ciudadanos deben responder por sus actos. Todos. Sin excepciones. Sin pactos de impunidad. Sin perdones disfrazados de reconciliación.

La reconstrucción nacional también comienza devolviéndoles a los venezolanos el derecho a recuperar lo que les pertenece. Y eso empieza por quitarles a los ladrones lo que robaron.

—

**Ricardo Ojeda Salazar**
Director General del Grupo Lucha por la Democracia
Editor de Noti-América España

Ricardo Ojeda Salazar

Editor de Noti América España

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2 Respuestas

  1. Jackson Vladimir Diaz Peña dice:

    Te faltó decir que desde la captura de Maduro, los estados unidos juntos a los Rodríguez y los Cabello y los gobernadores y alcaldes chavistas,siguen desangrando a Venezuela…

    • Estimado Javier, comparto tu preocupación. La captura de Maduro no significa, por sí sola, que haya terminado el saqueo de Venezuela ni que se haya desmontado la estructura de poder que durante años ha controlado sus instituciones y recursos.

      La responsabilidad de reconstruir el país exige investigar también a quienes continúan ejerciendo poder político, económico y territorial: los Rodríguez, los Cabello, gobernadores, alcaldes y demás funcionarios del chavismo, así como cualquier actor externo que pudiera estar beneficiándose de esta situación.

      Pero hay algo fundamental: Venezuela no puede seguir siendo desangrada, independientemente de quién gobierne, quién administre sus recursos o quién participe en los acuerdos de poder.

      Los venezolanos necesitamos transparencia, auditorías independientes, recuperación de los activos robados, restitución del patrimonio de las víctimas y justicia para quienes han saqueado al país.

      No podemos cambiar los protagonistas y dejar intacto el sistema de impunidad.

      La libertad de Venezuela no consiste solamente en sacar a unos gobernantes, sino en recuperar el país, sus instituciones, sus riquezas y el derecho de los ciudadanos a vivir con dignidad, justicia y democracia.

      ¡Venezuela necesita verdad, justicia y libertad, no nuevos administradores de su saqueo!

      Atte. ROS. Un ciudadano del mundo como tú.
      PD: por eso puse a Trump en la imagen y yo reclamando serio frente a él.

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