Nieves Quispe perdió un riñón y quedó con varios órganos dañados luego de someterse a una cirugía con un ginecólogo que debía extirparle un nódulo del útero. Según relata, luego de esa primera intervención un urólogo intentó solucionar los daños ocasionados por el primero pero no lo logró y al no informar oportunamente de la situación que atravesaba arriesgó mucho más su salud y el estado de las partes afectadas. Todo eso le sucedió en 2008. Yolanda Miranda hoy vive con incontinencia urinaria luego de someterse a una histerectomía en 2012. Señala que la ginecóloga que la intervino lastimó su vejiga durante esa intervención, lo que causó, además de la pérdida de la funcionalidad de ese órgano, que en la actualidad corra el riesgo de perder sus riñones.

Sus historias son parecidas no solo en lo que se refiere a la atención médica que recibieron y las posteriores consecuencias, también son similares en el plano jurídico. Ambas decidieron procesar a los médicos que les causaron esos daños que denuncian mediante oficinas públicas de atención a las víctimas y ambas consiguieron sentencia contra los galenos, aunque éstas no se ejecutaron. En el caso de Nieves porque la sentencia contra los dos médicos fue anulada un año después; en el caso de Yolanda la sentencia que se dictó a mediados de 2019 contra la ginecóloga que la atendió está a la espera de los recursos de apelación y casación por parte de la defensa de la acusada.

Sin embargo, otra es la historia del resto de los casos en los que las víctimas fueron con un abogado particular o de otras instancias de ayuda: quedaron estancados y algunos, incluso luego de años de proceso, volvieron a foja cero. En todos hubo irregularidades tanto durante la investigación preliminar y la que estuvo a cargo del Ministerio Público y sus fiscales como durante el proceso en instancias judiciales.

Como se mostró en el primer capítulo de esta investigación, la falta de acceso a la historia clínica que —en ocho de las 10 denuncias— fue entregada en el mejor de los casos tres meses después de que se inició la investigación y en el caso más extremo hasta dos años después, cuando ese documento por norma debe ser de acceso y conocimiento inmediato del paciente y su familia; la demora en la elaboración de las auditorías médicas y en el acceso al peritaje son los primeros obstáculos que atraviesan quienes denuncian hechos de mala praxis médica. Esta investigación de Página Siete en alianza con el International Center for Journalists (ICFJ) y la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS hizo seguimiento de 10 casos de los cuáles sólo 6 tienen informes forenses, cuando este documento permite saber qué pasó exactamente durante el procedimiento desarrollado por el médico.

Cuando el proceso judicial se inicia, las irregularidades y hechos de corrupción son elementos comunes que, según el testimonio de las víctimas, van desde el pedido de dinero por parte de los investigadores o personal de juzgados para citar a diferentes personas, hasta acciones “desleales” de los abogados o el rechazo de la denuncia por parte de jueces o fiscales pese a todas las pruebas del daño causado al paciente. Además, de lo mencionado, la corrupción en el aparato judicial, la inasistencia de los médicos a las audiencias, las continuas apelaciones de la defensa de los acusados, la falta de fiscales e investigadores especializados en medicina —que puedan comprender el lenguaje técnico utilizado por los galenos en sus argumentos— y la falta de jueces contribuyeron a la retardación de justicia, sin considerar que al menos en la mitad de los casos, los denunciantes quedaron con la salud en contínuo deterioro.