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<\/p>\n<\/p>\n
<\/p>\n
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA<\/p>\n
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA<\/p>\n
SALA CONSTITUCIONAL<\/p>\n
206\u00ba y 158\u00ba<\/p>\n
Ponente: Magistrado Cioly Janette Coromoto Zambrano \u00c1lvarez<\/p>\n
ASUNTO: Acci\u00f3n Popular de Inconstitucionalidad sobre la Denuncia de la Convenci\u00f3n
\nAmericana de Derechos Humanos y la Carta de la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos.<\/p>\n
RECURRENTE: Mois\u00e9s Troconis Villarreal, venezolano, mayor de edad, casado, titular de la c\u00e9dula de identidad n\u00famero 3.909.438, elector inscrito en el Registro Electoral Permanente, abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsi\u00f3n Social del Abogado bajo el N\u00ba 14.053, domiciliado en la ciudad de M\u00e9rida, Municipio Libertador del Estado M\u00e9rida, Venezuela, y civilmente h\u00e1bil.<\/p>\n
INTEGRACION DEL TRIBUNAL: Conformado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con los magistrados elegidos y juramentados por la Asamblea Nacional de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela , el 20 de septiembre de 2017, seg\u00fan el art\u00edculo 262 y 333 de la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela y para cumplir con el deber de garantizar la vigencia de la Constituci\u00f3n, se constituy\u00f3 la Sala Constitucional con los Magistrados: Miguel \u00c1ngel Martin Tortabu; Elenis del Valle Rodr\u00edguez Mart\u00ednez; Cioly Janette Coromoto Zambrano \u00c1lvarez, Luis Manuel del Valle Marcano Salazar, Zuleima del Valle Gonz\u00e1lez, Gabriel Ernesto Calleja Angulo y Gustavo Jos\u00e9 Sosa Izaguirre y se design\u00f3 como secretario al abogado Reinaldo Paredes quien cumple los requisitos de ley para ejercer el cargo pro tempori.<\/p>\n
En cuenta del asunto, se design\u00f3 ponente a la Magistrada Cioly Janette Coromoto Zambrano Alvarez.<\/p>\n
I
\nDE LA PRETENSI\u00d3N DEL SOLICITANTE:<\/p>\n
En fecha 24\/11\/207, se recibi\u00f3 escrito contentivo de acci\u00f3n popular de inconstitucionalidad contra los dos actos unilaterales de denuncia atribuidos al Presidente de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela que identifica: 1. Nota Oficial con el N\u00ba 000125, de fecha 6 de septiembre del a\u00f1o 2012, suscrita por Nicol\u00e1s Maduro Moros, en condici\u00f3n de Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de entonces, que denunci\u00f3, en fecha 10 de septiembre de 2012, por ante la Secretar\u00eda General de la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos (OEA), la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en fecha 22 de noviembre de 1969 y aprobada y ratificada por Venezuela. 2. Nota Oficial suscrita, de fecha 27 de abril del a\u00f1o 2017, entregada en fecha 28 de abril del mismo a\u00f1o al se\u00f1or Luis Almagro, Secretario General de la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos (OEA), por Nicol\u00e1s Maduro Moros, en condici\u00f3n de Presidente de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, notificando su \u201cindeclinable decisi\u00f3n de denunciar la Carta de la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos (OEA)\u2026\u201d, con fundamento en la competencia de control concentrado de la constitucionalidad de esta Sala y los art\u00edculos 19, 25, 26, 27, 31, 49, 334 y 335 de la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela y 32 de la Ley Org\u00e1nica del Tribunal Supremo de Justicia.<\/p>\n
Argumento que, \u201cen ejecuci\u00f3n de la Carta de la OEA, la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos (CADH), suscrita (22 de noviembre de 1969), ratificada (23 de junio de 1977) y depositado el instrumento de ratificaci\u00f3n (9 de agosto de 1977) por Venezuela, constituye tambi\u00e9n un tratado multilateral interamericano seg\u00fan el cual los Estados Partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est\u00e9 sujeta a su jurisdicci\u00f3n, sin discriminaci\u00f3n alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religi\u00f3n, opiniones pol\u00edticas o de cualquier otra \u00edndole, origen nacional o social, posici\u00f3n econ\u00f3mica, nacimiento o cualquier otra condici\u00f3n social (art\u00edculo 1.1); cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o m\u00e1s Estados miembros de la Organizaci\u00f3n, puede presentar a la Comisi\u00f3n peticiones que contengan denuncias o quejas de violaci\u00f3n de la Convenci\u00f3n por un Estado parte (art\u00edculo 44); y los Estados partes en la Convenci\u00f3n se comprometen a cumplir la decisi\u00f3n de la Corte en todo caso en que sean partes (art\u00edculo 68.1).\u201d Omissis.<\/p>\n
En tal sentido, con fundamento, \u201cDe los art\u00edculos 19, 26, 27 y 31 constitucionales se desprende que el derecho constitucional a la tutela jurisdiccional de los derechos humanos de los venezolanos es de fuente com\u00fan, la constitucional, y de doble alcance, interno e internacional: el derecho a la tutela jurisdiccional interna se manifiesta en el derecho de toda persona de acceder a los \u00f3rganos de administraci\u00f3n de justicia para hacer valer sus derechos e intereses (art\u00edculo 26) y, en particular, para ser amparada en el goce y ejercicio de los derechos y garant\u00edas constitucionales (art\u00edculo 27); y el derecho a la tutela jurisdiccional internacional se manifiesta en el derecho de toda persona a dirigir peticiones o quejas ante los \u00f3rganos internacionales creados para tales fines (art\u00edculo 31) por tratados, pactos o convenciones de jerarqu\u00eda constitucional y de aplicaci\u00f3n inmediata y directa (art\u00edculo 23), con el objeto de solicitar amparo a sus derechos humanos, debiendo el Estado adoptar las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de aquellos \u00f3rganos.<\/p>\n
En consecuencia denuncia, \u201cla nulidad por inconstitucionalidad del acto de denuncia de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, contenido en la Nota Oficial identificada con el N\u00ba 000125, de fecha 6 de septiembre de 2012,\u2026 as\u00ed como la del acto de denuncia de la Carta de la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos, contenido en la Nota Oficial de fecha 27 de abril de 2017,\u2026 por cuanto el efecto com\u00fan de tales actos ser\u00eda el de excluir ilegalmente a los venezolanos de la protecci\u00f3n de sus derechos esenciales\u2026\u201d por cuanto los actos impugnados incurren \u2026en la violaci\u00f3n por falta de aplicaci\u00f3n de la disposici\u00f3n contenida en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica, por cuanto niegan y pretenden suprimir sine die la validez y eficacia constitucionales de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos y de la Carta de la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos,\u2026 falta de aplicaci\u00f3n de la disposici\u00f3n contenida en el art\u00edculo 31 de la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica, por cuanto niegan y pretenden suprimir sine die el goce y ejercicio del derecho humano de los venezolanos a la tutela jurisdiccional internacional, reconocido en la disposici\u00f3n constitucional en referencia, contenido expresamente en la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos y declarado en t\u00e9rminos generales en la Carta de la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos,\u2026 falta de aplicaci\u00f3n de la disposici\u00f3n contenida en el art\u00edculo 19 de la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica, por cuanto por intermedio de tales actos el Ejecutivo Nacional incurre en el incumplimiento de la obligaci\u00f3n constitucional de respeto impuesta expresamente a los \u00f3rganos del Poder P\u00fablico en la disposici\u00f3n mencionada, obligaci\u00f3n consistente en su deber de abstenerse de impedir el goce y ejercicio irrenunciable de los derechos humanos de los venezolanos reconocidos en los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la Rep\u00fablica,\u2026 as\u00ed como la \u2026obligaci\u00f3n consistente en su deber de asegurar el goce y ejercicio irrenunciable de los derechos humanos de los venezolanos reconocidos en los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la Rep\u00fablica,\u2026 por infringir \u2026el principio constitucional de progresividad previsto expresamente en la disposici\u00f3n citada, y que garantiza la permanencia, estabilidad y mejoramiento del goce y ejercicio irrenunciable de los derechos humanos de los venezolanos\u2026\u201d<\/p>\n
Por ultimo solicita, \u201cla nulidad absoluta por inconstitucionalidad manifiesta de los actos de denuncia de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos y de la Carta de la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos,\u201d suficientemente identificados.<\/p>\n
II
\nDE LA COMPETENCIA<\/p>\n
En el marco del Cap\u00edtulo I, del T\u00edtulo VIII de la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, relativos a la garant\u00eda, la obligaci\u00f3n de asegurar la integridad de la Constituci\u00f3n y del control concentrado de la constitucionalidad de los actos dictados en ejecuci\u00f3n directa e inmediata de esta, contenido en los art\u00edculos 333, 334, 336, numeral 4 de la Constituci\u00f3n; que otorga como competencias de la Sala Constitucional del TSJ, \u201cDeclarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecuci\u00f3n directa e inmediata de la Constituci\u00f3n, dictados por cualquier otro \u00f3rgano estatal en ejercicio del Poder P\u00fablico, cuando colidan con \u00e9sta\u201d. En concordancia con las disposiciones en los art\u00edculos 23 y 31 de la Constituci\u00f3n, referidas a \u201cLos tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela\u2026; y a la garant\u00eda constitucional seg\u00fan la cual \u201cToda persona tiene derecho, en los t\u00e9rminos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la Rep\u00fablica, a dirigir peticiones o quejas ante los \u00f3rganos internacionales\u2026 Basado en la coexistencia del sistema protecci\u00f3n venezolana, que constituye el bloque de constitucionalidad conformado por la normativa convencional y la jurisprudencia regional e internacional \u2013acquis conventionnel-, que forma parte del ordenamiento jur\u00eddico interno, incluido en nuestro cat\u00e1logo interno de derechos fundamentales; lo cual da cumplimiento al prop\u00f3sito y raz\u00f3n del Principio de Progresividad de los Derechos Humanos reconocido por la CRBV, consagrado en el art\u00edculo 19 de la Constituci\u00f3n y en Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos.<\/p>\n
La preeminencia de los derechos humanos como \u201cPrincipio Fundamental\u201d de nuestro ordenamiento jur\u00eddico, producto de su evoluci\u00f3n originalmente en el \u00e1mbito internacional, consagrada en el art\u00edculo 2\u00b0 constitucional, es un principio que conlleva la necesidad de interpretar y aplicar todo el ordenamiento jur\u00eddico del Estado Venezolano de conformidad con la preeminencia de los derechos humanos, obteniendo como resultado, un plexo de valores y normas que garanticen su respeto, cumplimiento y protecci\u00f3n efectiva. Todo lo cual existe en cumplimiento del art\u00edculo 2 del Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, por la cual los Estados se obligan a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otro car\u00e1cter para hacer efectivos tales derechos y libertades.<\/p>\n
Esta Sala Constitucional se declara competente para conocer la presente solicitud, y as\u00ed se decide.<\/p>\n
III
\nDEL LA DENUNCIA POPULAR DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ACTOS DE
\n\u201cDENUNCIA\u201d DE LA CONVENCI\u00d3N AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y
\nLA CARTA DE LA OEA<\/p>\n
Se plantea a esta Sala Constitucional la revisi\u00f3n bajo el control concentrado de la constitucionalidad, dos actos emanados del Ciudadano Nicol\u00e1s Maduro Moros, el primero como Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la Rep\u00fablica Bolivariana de
\nVenezuela, integrante del gabinete de gobierno del Presidente Rafael Hugo Ch\u00e1vez Fr\u00eda, en Nota No. 000125 de fecha 6\/09\/2012, por la cual procedi\u00f3 a \u201cDenunciar\u201d la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, se\u00f1alando \u201cen nombre de mi gobierno, me permito manifestar la decisi\u00f3n soberana de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela de denunciar la Convenci\u00f3n Americana sobre (sic) de Derechos Humanos, raz\u00f3n por la cual, a tenor de lo dispuesto en su art\u00edculo 78, mucho apreciare considere la siguiente nota como la Notificaci\u00f3n de denuncia, para que, a partir del termino establecido en la misma, cesen sus efectos internacionales, en cuanto a ella se refiere, y la competencia de sus \u00f3rganos para nuestro pa\u00eds, tanto de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.\u201d<\/p>\n
El segundo, producido en fecha 27 de abril del 2017, por el Ciudadano Nicol\u00e1s Maduro Moros, ahora con el car\u00e1cter de Presidente de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, en su condici\u00f3n de jefe del Estado de la Rep\u00fablica, en la cual notifico al Secretario General de la OEA, su prop\u00f3sito de denunciar la Carta de la OEA y dar inicio al retiro definitivo de Venezuela de esta Organizaci\u00f3n, indicando: \u201cla presente nota constituye nuestro indeclinable manifiesto de denuncia a la Carta de la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos (OEA), para que cesen su efectos internacionales, en cuanto a la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela se refiere, por lo que en su condici\u00f3n de depositario deber\u00e1 comunicar, de manera inmediata a los Estados Miembros la presente decisi\u00f3n.<\/p>\n
Le\u00eddo y analizado el escrito de solicitud, comparte esta Sala el hecho cierto de que la Carta de la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos suscrito y ratificado por Venezuela, constituye un tratado multilateral interamericano, seg\u00fan el cual los Estados Partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est\u00e9 sujeta a su jurisdicci\u00f3n, sin discriminaci\u00f3n alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religi\u00f3n, opiniones pol\u00edticas o de cualquier otra \u00edndole, origen nacional o social, posici\u00f3n econ\u00f3mica, nacimiento o cualquier otra condici\u00f3n social e igualmente a garantizar a cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o m\u00e1s Estados miembros de la Organizaci\u00f3n, a presentar a la Comisi\u00f3n peticiones que contengan denuncias o quejas de violaci\u00f3n de la Convenci\u00f3n por un Estado parte, as\u00ed como los Estados partes en la Convenci\u00f3n se comprometen a cumplir la decisi\u00f3n de la Corte en todo caso en que sean partes.<\/p>\n
Ahora bien, la trascendencia adquirida en la primera d\u00e9cada de este siglo por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), el cambio de paradigma con la constitucionalizaci\u00f3n del orden normativo, y la intenci\u00f3n de armonizar la interpretaci\u00f3n de los derechos fundamentales en sede jurisdiccional nacional, compromete a la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela desde el a\u00f1o 1977, cuando reconoci\u00f3 la competencia el 9 de Agosto de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 1981, la jurisdicci\u00f3n internacional relativos a los fundamentos consagrados en el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica que otorga vigencia dom\u00e9stica a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que es fiel reflejo de la continuidad y transformaci\u00f3n de la protecci\u00f3n a los derechos humanos y de una aut\u00e9ntica revoluci\u00f3n similar a la revoluciones francesa y norteamericana, con la implantaci\u00f3n de un sistema de libertades y de igualdad que apunta a una nueva sociedad pol\u00edtica, con merecida influencia en los derechos y las libertades en el campo jur\u00eddico-social.<\/p>\n
La finalidad de los tratados que regulan el DIDH, en modo alguno es equilibrar rec\u00edprocamente intereses entre los Estados, aplicando las cl\u00e1usulas rebus sic stantibus o exceptio non adimplenticontractus, o alegar la reciprocidad entre las partes contratantes, y menos otorgar prerrogativas, privilegios a los Estados, sino por el contrario, se procura la consolidaci\u00f3n de un orden p\u00fablico internacional com\u00fan a las partes, cuyo destinatario final adem\u00e1s de ser los Estados, los Organismos Internacionales, son los individuos y grupos de personas. En tal sentido, el DIDH es pro personae y tiene por finalidad proporcionar al individuo, medios de protecci\u00f3n de los derechos humanos reconocidos internacionalmente frente y a pesar del Estado; por lo que tal obligaci\u00f3n convencional exige poner en marcha todo el aparato estatal para la promoci\u00f3n y protecci\u00f3n de los derechos humanos, siendo creados como parte de la legislaci\u00f3n y llamada a ser vinculantes en el \u00e1mbito interno, como parte de las competencias de nuestras jurisdicciones nacionales.<\/p>\n
Debemos reconocer que en las relaciones entre Derecho y poder, prevalece un derecho constitucionalizado y un poder del Estado democr\u00e1ticamente sometido al derecho; tambi\u00e9n el DIDH debe penetrar y transformar al poder pol\u00edtico, justificado en el car\u00e1cter universal y en la idea de supra estatalidad de los derechos humanos, orientando a todos los poderes p\u00fablicos al reconocimiento, respeto y garant\u00eda del DIDH, en connivencia con la teor\u00eda de la soberan\u00eda popular y de principios y derechos que se supone inherentes al Estado, como la autodeterminaci\u00f3n, la no intervenci\u00f3n, la no injerencia y la inmunidad, entre otros; que han sido relativizados, buscando la racionalizaci\u00f3n del poder pol\u00edtico, centrando a los Estados para que se engrandezcan por la democracia y no la autocracia, a la luz de los principios del sistema democr\u00e1tico; del Estado constitucional de derecho y de la Declaraci\u00f3n Universal de 1948.<\/p>\n
Los derechos inherentes a la persona humana no son de titularidad del Estado, ni de la Naci\u00f3n, ni de los pueblos; los Estados tienen la obligaci\u00f3n jur\u00eddica general y frente a todos -omnium y erga omnes- de reconocer la dignidad humana y respetar los derechos fundamentales de la persona que se encuentre bajo su jurisdicci\u00f3n, de lo que ha derivado una nueva visibilidad internacional de la persona humana como sujeto de derecho, que ha adquirido incluso la capacidad de acceso directo -iusstandi- ante la jurisdicci\u00f3n internacional o para comparecer como parte en juicio iusstandi in iuditio-.<\/p>\n
Efectivamente, como lo apunta el solicitante, la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica documenta un pacto de la vida en com\u00fan mediante la ordenaci\u00f3n de los poderes del Estado y el reconocimiento y configuraci\u00f3n de los derechos humanos que constituyen su l\u00edmite infranqueable, que sienta las bases justas de la convivencia pac\u00edfica entre venezolanos que nacen libres e iguales en dignidad y derechos; en raz\u00f3n a esto, los poderes del Estado se encuentran sometidos a los derechos que el pacto constitucional reconoce y configura, y que sirven de l\u00edmite para frenar el abuso de los poderes p\u00fablicos, estableciendo en cabeza de los Jueces de la Republica, -ex art\u00edculo 334 constitucional- la garant\u00eda de la integridad de la Constituci\u00f3n y esta obligaci\u00f3n de garant\u00eda se encuentra especificada en el art\u00edculo 19 constitucional, que establece el principio de \u201cprogresividad de los derechos\u201d sin discriminaci\u00f3n alguna y el goce, ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos, as\u00ed como su respeto y garant\u00eda, obligatorios para los \u00f3rganos del Poder P\u00fablico.<\/p>\n
Ahora bien, la supremac\u00eda constitucional exige la sujeci\u00f3n a la Constituci\u00f3n de todas las personas y de todos los \u00f3rganos que ejercen el Poder P\u00fablico, no excluyendo al Poder Ejecutivo y sus Ministros, ni a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quien ejerce la jurisdicci\u00f3n constitucional y las interpretaciones sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales, vinculantes para las otras Salas del TSJ y dem\u00e1s tribunales de la Rep\u00fablica; debiendo como todos los jueces, asegurar la integridad de la Constituci\u00f3n, garantizar la supremac\u00eda y efectividad de las normas y principios constitucionales, como m\u00e1ximo y \u00faltimo int\u00e9rprete de la Constituci\u00f3n, velando por su uniforme interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n.<\/p>\n
En tal sentido resultan procedentes las denuncias formuladas en el cap\u00edtulo IV del escrito de solicitud, en sus numerales primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, con fundamento en los art\u00edculos 19, 23, 25, 26, 27 y 31 constitucionales, de donde se evidencia que el derecho constitucional a la tutela jurisdiccional de los derechos humanos de los venezolanos es de fuente domestica, \u201cla Constituci\u00f3n de la Republica\u201d, con doble acci\u00f3n, el interno: tutela que se manifiesta en el derecho de toda persona de acceder a los \u00f3rganos de administraci\u00f3n de justicia para hacer valer sus derechos e intereses conforme el art\u00edculo 26 y 27, ejercido ante los Tribunales de la Republica; y el internacional: tutela que se manifiesta en el derecho de toda persona a dirigir peticiones o quejas ante los \u00f3rganos internacionales creados para tales fines, configurado en el art\u00edculo 31, por tratados, pactos o convenciones de jerarqu\u00eda constitucional y de aplicaci\u00f3n inmediata y directa, por mandato del art\u00edculo 23, ejercido en primera instancia por ante la Comisi\u00f3n Interamericana, con el agotamiento de la v\u00eda jurisdiccional interna, en los t\u00e9rminos previstos en el art\u00edculo 46.1 de la propia CADH, salvo que se configuren las excepciones previstas en el art\u00edculo 46.2 eiusdem.<\/p>\n
Por tanto, teniendo los Derechos Humanos jerarqu\u00eda, validez y eficacia constitucional, la eliminaci\u00f3n del derecho a la tutela jurisdiccional internacional, a trav\u00e9s de la \u201cdenuncia\u201d del Tratado que lo consagra, por la voluntad exclusiva del Ejecutivo Nacional, permitir\u00eda aseverar que puede ser eliminado, por tal voluntad exclusiva del Ejecutivo el derecho a la tutela jurisdiccional interna, lo que conducir\u00eda a una mutaci\u00f3n constitucional en la interpretaci\u00f3n de las normas constitucionales que los reconocen y configuran y, en definitiva, en el eventual desconocimiento de cualquier otra norma constitucional y de la Constituci\u00f3n misma, que propugna la preeminencia de los derechos humanos como uno de los valores superiores de la Rep\u00fablica en el art\u00edculo 2 y tiene la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad como uno de los fines esenciales del Estado venezolano en el art\u00edculo 3, dado que los derechos humanos en la Constituci\u00f3n tienen una doble protecci\u00f3n, interna e internacional, que deben ser vistas y tratadas como una totalidad, en relaci\u00f3n con la cual el art\u00edculo 19 constitucional impone al Ejecutivo Nacional, al igual que a los dem\u00e1s \u00f3rganos del Poder P\u00fablico, la obligaci\u00f3n expresa de respeto y garant\u00eda el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos de los venezolanos y as\u00ed se establece.<\/p>\n
En consecuencia, para esta Sala Constitucional la vigencia del Sistema Interamericano de Protecci\u00f3n de los Derechos Humanos, nace de ser Venezuela Estado Parte de la OEA, habiendo ratificado la CADH el 23 de junio de 1977, reconociendo expresamente las competencias de la CIDH el 9 de agosto de 1977; de la Corte IDH el 24 de junio de 1981 y se constitucionaliza e internaliza con la Constituci\u00f3n de 1999. As\u00ed se decide.<\/p>\n
La vigencia y eficacia del Estado de Derecho y Justicia Social, exige una profunda revisi\u00f3n de la concepci\u00f3n de soberan\u00eda y de las visiones estato-c\u00e9ntricas del Estado-naci\u00f3n soberano, considerado hasta ahora como un poder supremo que no reconoce autoridad superior superiorem non recognocens-, pretendiendo no ser sometido a la obligaci\u00f3n jur\u00eddica internacional general y frente a todos -omnium et erga omnes- de respetar los derechos fundamentales de la persona y grupos humanos que se encuentren bajo su jurisdicci\u00f3n.<\/p>\n
La soberan\u00eda, como noci\u00f3n jur\u00eddico-pol\u00edtica, debe ejercerse de buena fe en el marco del orden internacional y de acuerdo con los principios fundamentales del orden jur\u00eddico nacional e
\ninternacional contempor\u00e1neo, especialmente, la defensa de los principios consustanciales que son la igualdad de derechos, libre determinaci\u00f3n de los pueblos y el respeto a los derechos humanos fundamentales, que en concordancia con el art\u00edculo 5 Constitucional obliga a los Poderes P\u00fablicos al sometimiento a la \u201csoberan\u00eda del pueblo\u201d, en tal contexto, a la Constituci\u00f3n sancionada por el titular de la soberan\u00eda y a los derechos humanos de toda persona que dicha Constituci\u00f3n reconoce y configura; por tanto el incumplimiento por parte del Estado de la obligaci\u00f3n de respeto y garant\u00eda de los derechos humanos acarrea la violaci\u00f3n de la norma suprema que los consagra e implica el desconocimiento de la soberan\u00eda del pueblo que aprob\u00f3 el texto constitucional que los acoge.<\/p>\n
Con base en lo anteriormente expuesto se observa que el \u201cActo\u201d conformado por la \u201cNota\u201d de Denuncia de la CADH No. 000125, suscrita por el Ciudadano Nicol\u00e1s Maduro Moros, como Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, entregada en fecha 10 de Septiembre de 2012, constituye un desconocimiento de todo el Sistema de DIDH, por parte del Gobierno de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, que afecta los derechos colectivos y difusos de los personas y grupo de personas amparadas por \u00e9l, violando el \u201cPrincipio de Progresividad\u201d de los derechos de los Venezolanos y residentes del pa\u00eds, as\u00ed se establece.<\/p>\n
Igualmente el Acto constituido por la \u201cNota\u201d de Denuncia de la Carta de la OEA, para dar inicio al retiro definitivo de Venezuela de esta Organizaci\u00f3n, de fecha 27 de abril del 2017, por el cual el Ciudadano Nicol\u00e1s Maduro Moros, actuando como jefe de Estado de la Rep\u00fablica presentado ante la OEA, constituye un acto de desconocimiento del DIDH, de violaci\u00f3n a la Convenci\u00f3n de Viena y a la propia constituci\u00f3n pol\u00edtica de Venezuela, por cuanto niegan y pretenden suprimir sine die la validez y eficacia constitucional de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos y de la Carta de la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos, que se desprenden de la jerarqu\u00eda constitucional y de la aplicabilidad inmediata y directa que ordena la disposici\u00f3n constitucional en forma expresa sobre los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela, como son los casos de la Convenci\u00f3n y de la Carta de la OEA.<\/p>\n
Si bien es cierto, que Venezuela en el a\u00f1o 1999 di\u00f3 un paso hist\u00f3rico en la constitucionalizaci\u00f3n y establecimiento de las libertades p\u00fablicas y sociales, as\u00ed como de los derechos humanos, con la aprobaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, tambi\u00e9n lo es que en estos \u00faltimos a\u00f1os los mismos se han visto disminuidos y vulnerados por su falta de aplicaci\u00f3n, constituy\u00e9ndose en una positivizaci\u00f3n aparente, siendo una de esas tantas Constituciones \u201cfachadas\u201d ; en la cual Poder Judicial no ejerce la debida protecci\u00f3n de los derechos, ni el \u201ccontrol de convencionalidad\u201d entre las normas jur\u00eddicas internas que aplican en los casos concretos y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos7.<\/p>\n
Ahora bien, en el orden internacional para la terminaci\u00f3n o denuncia de un tratado o suspensi\u00f3n de su aplicaci\u00f3n como consecuencia de su violaci\u00f3n, que es lo alegado por el Poder Ejecutivo para la denuncia del CADH y ahora la Carta de la OEA, el numeral 5 del Art\u00edculo 60 de la Convenci\u00f3n de Viena sobre el Derecho de los Tratados, prev\u00e9: \u201cLo previsto en los p\u00e1rrafos 1 a 3 no se aplicar\u00e1 a las disposiciones relativas a la protecci\u00f3n de la persona humana contenidas en tratados de car\u00e1cter humanitario, en particular a las disposiciones que proh\u00edben toda forma de represalias con respecto a las personas protegidas por tales tratados\u201d.<\/p>\n
En el orden interno o dom\u00e9stico, nuestro ordenamiento constitucional establece en su pen\u00faltimo aparte del Art\u00edculo 74, la voluntad constituyente de preservar la validez y eficacia de los instrumentos de protecci\u00f3n de los derechos humanos, con la proh\u00edbe expresa para abrogaci\u00f3n por referendo de las leyes que protejan, garanticen o desarrollen los derechos humanos y de las que aprueben tratados internacionales.<\/p>\n
Por tanto, el acto por el cual se establece, la validez, terminaci\u00f3n, denuncia o retiro de la CADH, as\u00ed como de la Carta de la OEA, no pueden ser formuladas sino como resultado de la aplicaci\u00f3n de las disposiciones contenidas en el ordenamiento constitucional, como norma suprema y fundamento del ordenamiento jur\u00eddico vigente, instituyendo el T\u00edtulo IV DEL PODER P\u00daBLICO, que \u201cLa Constituci\u00f3n y la ley definen las atribuciones de los \u00f3rganos que ejercen el Poder P\u00fablico\u201d, por tanto, estando establecido en el Art\u00edculo 185 constitucional, que corresponde a la Asamblea Nacional, numeral 18, \u201cAprobar por ley los tratados o convenios internacionales que celebre el Ejecutivo Nacional, salvo las excepciones consagradas en esta Constituci\u00f3n\u201d, por razonamiento universal e interpretaci\u00f3n a contrario sensu, la terminaci\u00f3n, denuncia, renuncia o derogaci\u00f3n de estos instrumentos internacionales, que haya celebrado el Ejecutivo Nacional, deben igualmente estar aprobada por la AN, en una interpretaci\u00f3n coherente con lo estableciendo en el Art\u00edculo 154 constitucional, por la que \u201cLos tratados celebrados por la Rep\u00fablica deben ser aprobados por la Asamblea Nacional antes de su ratificaci\u00f3n por el Presidente o Presidenta de la Rep\u00fablica,\u201d empleando el mandato de \u201caplicaci\u00f3n inmediata y directa por los tribunales y dem\u00e1s \u00f3rganos del Poder P\u00fablico\u201d, impiden ser derogadas por actos de gobierno o unilaterales del Ejecutivo Nacional.<\/p>\n
De la misma manera, en el Titulo III De los Derechos Humanos y Garant\u00edas de la Carta Magna, \u201cel goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos\u201d \u2013Art. 19-, se\u00f1alan su \u201cjerarqu\u00eda constitucional y prevalecen en el orden interno\u201d-Art. 23-, sentenciando que \u201cTodo acto dictado en ejercicio del Poder P\u00fablico que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constituci\u00f3n y la ley es nulo\u201d \u2013Art. 25-.<\/p>\n
En consecuencia, los derechos y libertades reconocidos en la Constituci\u00f3n deben interpretarse de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado que contiene impl\u00edcitamente, una adhesi\u00f3n a la interpretaci\u00f3n que, de los mismos, hayan realizado los \u00f3rganos supranacionales de protecci\u00f3n de los atributos inherentes al ser humano y, en particular, el realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, guardi\u00e1n \u00faltimo de los derechos en la Regi\u00f3n.<\/p>\n
Al denunciarse por los representantes del Gobierno, -en ejercicio del Poder P\u00fablico- la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, y ahora la Carta de la OEA, sin cumplirse con el ordenamiento constitucional vigente y en contravenci\u00f3n a la normativa constitucional precitada, estos actos dictados en violaci\u00f3n de los derechos garantizados por esta Constituci\u00f3n a los venezolanos, sus derechos humanos y de libertades adquiridos, as\u00ed como los principios democr\u00e1ticos que inspiran la Carta Magna, pretendiendo con ello derogar el derecho a la tutela jurisdiccional internacional de los derechos humanos de los venezolanos, y la inconstitucional desaplicaci\u00f3n del DIDH vigente en el \u00e1mbito interno, contraviene el DIDH constitucionalizado expresamente en 1999; es un irrespeto a la voluntad popular expresada en el texto constitucional, al pretender subrogarse el \u00f3rgano de gobierno \u2013Ministro y Presidente- ileg\u00edtimamente en la ordenaci\u00f3n del contrato social que el poder constituyente originario se dio y as\u00ed desaplicar en Venezuela el DIDH, coloc\u00e1ndose m\u00e1s all\u00e1 de su condici\u00f3n de \u00f3rgano constituido, en franca violaci\u00f3n a lo que ha denominado la doctrina como el derecho fundamental a la supremac\u00eda constitucional.<\/p>\n
Por \u00faltimo, cuando un Estado representado por el Gobierno Ejecutivo, alega causa en el Derecho interno para escapar a sus obligaciones internacionales, solapa sus verdaderas pretensiones de sustraer de la justicia Internacional determinados hechos o personas, encubrir violaciones graves de derechos y asegurar la impunidad de algunos, buscando evitar el control externo que representa el DIDH, en este caso personificado por las decisiones de la CIDH y de la Corte IDH, con el objeto de desligarse de sus obligaciones en ese \u00e1mbito; desconociendo la verdadera soberan\u00eda nacional de sus pobladores, faltando a los principios que constituyen a Venezuela en un Estado democr\u00e1tico y social de Derecho y de Justicia al tenor del art\u00edculo 2 de la Constituci\u00f3n; consideraciones todas por las cuales esta Sala Constitucional establece la INCONSTITUCIONALIDAD de la nota contenida en las denuncias presentadas ante la OEA. As\u00ed se decide.<\/p>\n
IV
\nDISPOSITIVO<\/p>\n
En fuerza de las consideraciones precedentes, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la ley, declara:<\/p>\n
PRIMERO: La nulidad absoluta por inconstitucionalidad manifiesta de los actos de \u201cDenuncia\u201d que contienen las \u201cNotas\u201d No. 000125 de fechas 6 de Septiembre de 2012 y S\/N fechada 27 de abril del 2017, presentada por el Ciudadano Nicol\u00e1s Maduro Moros como Ministro y posteriormente como Presidente de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela al Secretario General de la OEA en ambos casos, con el prop\u00f3sito de denunciar la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y la Carta de la OEA y dar inicio al retiro definitivo de Venezuela de dicha Organizaci\u00f3n, por ser actos dictados en ejercicio del Poder P\u00fablico, que violan y menoscaban los derechos garantizados por la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica a los Venezolanos.<\/p>\n
SEGUNDO: Se declaran las Notas de fechas 6 de Septiembre de 2012 y 27 de Abril de 2017, suscritas por el Ciudadano Nicol\u00e1s Maduro Moros, como Ministro y Presidente de la Rep\u00fablica, \u00f3rganos del Poder Nacional, violatorias al orden constitucional de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela y sin efecto jur\u00eddico internacional, por contrariar el esp\u00edritu y raz\u00f3n del principio de progresividad de los derechos humanos contenido en los Art\u00edculos 19, 22, 23 y 31 de la Constituci\u00f3n de la Rep\u00fablica de Venezuela, que \u00e9l mismo tiene la obligaci\u00f3n de cumplir por mandato del articulo 236.1 eiusdem; dado que tales actos pretenden disminuir o desmejorar, la tutela de los derechos humanos, que son una conquista del Pueblo Venezolano depositario de la Soberan\u00eda Popular conforme al Art\u00edculo 5 eiusdem y quien se dio un pacto social que sienta las bases de la convivencia pac\u00edfica en el respeto de los derechos humanos, siendo dichas Notas de denuncia del Tratado en cuesti\u00f3n, carentes en consecuencia de legitimidad, validez y de todo efecto jur\u00eddico y as\u00ed se declara.<\/p>\n
TERCERO: Se insta a la Sala de Casaci\u00f3n Penal del TSJ, a determinar la responsabilidad penal a que hubiere lugar de conformidad con los Art\u00edculos 25 y 139 CRBV, del Ciudadano Nicol\u00e1s Maduro Moros, actuando en primera fase como Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela y actualmente en su car\u00e1cter de jefe del Estado de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela.<\/p>\n
CUARTO: Se ordena oficiar y Notificar al Ciudadano Luis Almagro Secretario General de la OEA, al Ciudadano Nicol\u00e1s Maduro Moros Presidente de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, Diputado Julio Borges Presidente de la Asamblea Nacional de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, Ciudadano Zeid Ra’ad Al Hussein Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Presidente Francisco Jos\u00e9 Eguiguren P. Comisionado Interamericano de Derechos Humanos, al grupo de Cancilleres que firman el Acuerdo de Lima, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a el Parlamento del Mercosur a los fines legales pertinentes, anexando copia electr\u00f3nica de la presente decisi\u00f3n.<\/p>\n
Publ\u00edquese y reg\u00edstrese. Rem\u00edtase los oficios acordados. C\u00famplase lo ordenado.<\/p>\n
Dada, firmada y sellada, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Washington a los (4) cuatro d\u00edas del mes de diciembre de dos mil diecisiete (2017). A\u00f1os 206 de la Independencia y 158 de la Federaci\u00f3n.<\/p>\n
Exp: SC-2017-005<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA SALA CONSTITUCIONAL 206\u00ba y 158\u00ba Ponente: Magistrado Cioly Janette Coromoto Zambrano \u00c1lvarez ASUNTO: Acci\u00f3n Popular de Inconstitucionalidad sobre la Denuncia de la Convenci\u00f3n Americana de...<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":1233,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"om_disable_all_campaigns":false,"rop_custom_images_group":[],"rop_custom_messages_group":[],"rop_publish_now":"initial","rop_publish_now_accounts":{"twitter_242054905_242054905":""},"rop_publish_now_history":[],"rop_publish_now_status":"pending","_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-1231","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-politica"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n