UN AVANCE A LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ PERUANA Por: Estefany Vasquez

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UN AVANCE A LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ PERUANA

En el Perú, se promulgó la Ley N° 31945, que introduce modificaciones al Código Civil, prohibiendo el matrimonio de personas menores de 18 años. Esta medida, aprobada el 2 de noviembre de 2023 por el pleno del Congreso, representa un avance significativo en la protección de los derechos de los menores en el país.

La nueva normativa establece que no se podrá contraer matrimonio si alguno de los contrayentes es menor de edad, ni siquiera con el consentimiento de un tutor o curador. Además, se declara nulo cualquier matrimonio en el que alguno de los contrayentes sea menor de dieciocho años.

Se incluye una disposición complementaria transitoria que permite a las personas menores de edad solicitar la anulación directa del matrimonio contraído antes de la entrada en vigor de esta ley, sin necesidad de intermediarios.

La Ley fue publicada en el diario oficial del Perú, contando con las firmas de la presidenta, el Premier y el presidente del Congreso. Hasta su promulgación, los adolescentes de 16 años tenían la posibilidad de contraer matrimonio con el consentimiento de sus padres. Entre 2013 y 2022, se registraron más de 4.000 uniones legales con menores de edad en Perú, incluyendo un promedio de 27 bodas al año con menores de 16 años desde 2012.

Es crucial destacar que el impacto del matrimonio en personas menores de edad no es neutral en términos de género, siendo las mujeres las más afectadas. Este fenómeno incrementa el riesgo de morbilidad y mortalidad materna o neonatal, así como el riesgo de sufrir violencia de género y violencia familiar. Además, contribuye a la deserción escolar y al aumento y reproducción de la pobreza, entre otros problemas.

Esta nueva legislación refleja un compromiso con la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, así como con la promoción de la igualdad de género en Perú.

Sin duda, este logro fue el resultado del trabajo en equipo con organizaciones sociales, líderes comunitarios, congresistas y autoridades. Se logró erradicar esta práctica nociva que condenaba a nuestras niñas a un ciclo de abuso, pobreza y estancamiento en sus proyectos de vida, especialmente en las regiones más remotas del país.