De la soberanía revolucionaria al negocio del Imperialismo Por: Eduardo Fernandez
NOTI-AMERICA.COM | VENEZUELA
De la soberanía revolucionaria al negocio del Imperialismo
El acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos no es solo un negocio energético: es una prueba de estrés para la identidad política del chavismo. Durante más de dos décadas, la narrativa oficial construyó su legitimidad sobre el antiimperialismo, la soberanía petrolera y la denuncia de Washington como principal amenaza externa. Hoy, esa misma estructura de poder necesita presentar como salvación económica un pacto que concede a Estados Unidos una participación decisiva en la explotación de campos venezolanos.
La contradicción no reside en comerciar con Estados Unidos. Los paises comercian, negocian y protegen intereses; la diplomacia seria no se guía por consignas. El problema surge cuando un gobierno que hizo de la confrontación con Washington una doctrina convierte ahora la asociación con capital, tecnología y mercados estadounidenses en la pieza central de su recuperación. El lenguaje de la soberanía queda obligado a convivir con un acuerdo que, según los anuncios públicos, involucra 17 campos, reservas estimadas en 65.000 millones de barriles y una participación estadounidense de 55% en la producción efectiva de una nueva empresa conjunta.
Delcy Rodríguez ha defendido el acuerdo como una vía para reactivar la industria, atraer más de 100.000 millones de dólares en inversión, elevar la producción por encima de 1,5 millones de barriles diarios y generar ingresos para el Estado venezolano. Su argumento es pragmático: Venezuela mantendría la propiedad formal de los recursos mientras aprovecha capital, tecnología y capacidad operativa externa. Es una posición que puede discutirse técnicamente, pero que confirma un giro innegable: del discurso de confrontación a la necesidad de cooperación.
Para el Partido Socialista Unido de Venezuela, el desafío no será económico sino ideológico. La militancia fue educada durante años en la idea de que cualquier presencia estadounidense en sectores estratégicos equivalía a subordinación nacional. Ahora deberá aceptar que la recuperación petrolera dependa, al menos parcialmente, de una alianza con el mismo actor señalado como adversario histórico. Esa transición discursiva no será sencilla.
El PSUV puede intentar presentar el pacto como una jugada soberana: una negociación desde la necesidad, pero bajo control estatal y con beneficios fiscales para el país. También puede sostener que la soberanía no se mide por aislarse del mundo, sino por decidir libremente con quién se negocia y bajo qué condiciones. Ese argumento tiene lógica. Sin embargo, debe existir transparencia radical: contratos públicos, mecanismos de control parlamentario, auditorías independientes, reglas ambientales y una explicación verificable sobre el destino de los ingresos.
Sin transparencia, el pragmatismo corre el riesgo de ser percibido como capitulación. Y sin una revisión honesta de su propio discurso, el PSUV quedará atrapado en una incoherencia mayor: denunciar al imperialismo en la tribuna mientras comparte con Washington el corazón de la economía petrolera.
La verdadera pregunta no es si Venezuela debe relacionarse con Estados Unidos. Sería ingenuo pensar que puede reconstruir su economía aislándose de mercados, financiamiento, tecnología y socios internacionales. La pregunta es otra: ¿puede hacerlo con instituciones capaces de defender el interés público, negociar condiciones justas y rendir cuentas a la ciudadanía?
En esa respuesta se juega el futuro del PSUV. Si transforma su nacionalismo petrolero en una política moderna de desarrollo, con reglas claras y beneficios sociales verificables, podrá argumentar que evolucionó. Si utiliza el acuerdo para sostener redes opacas de poder mientras conserva una retórica antiestadounidense de conveniencia, revelará que su ideología era menos una convicción que un recurso de propaganda.
El petróleo puede financiar la recuperación venezolana, pero no reemplaza la coherencia política ni las instituciones. Un país no recupera soberanía porque firme un contrato; la recupera cuando sus ciudadanos conocen los términos, vigilan los resultados y pueden exigir responsabilidades.
