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Solicitan juicio penal por la quiebra del Banco del Orinoco NV

Javier Ignacio Mayorca

En el último informe sobre este caso, el síndico procurador indicó que el grupo Cartera del banquero venezolano Víctor Vargas Irausquín, responsable de la entidad financiera, no ha entregado los recaudos ofrecidos para corroborar que posee fondos para pagar lo adeudado

Luego de conocerse el décimo octavo informe de los síndicos designados para conocer de esta quiebra, Michael Gorsira y Danilo Narváez, los representantes de los cuentahabientes llegaron a la conclusión de que no será posible la restitución de los fondos mediante una negociación amistosa, tal y como se venía intentado desde 2019, cuando las finanzas del banco entraron en rojo.

El reporte emitido el 27 de agosto establece que la situación no ha cambiado con respecto a lo que se dictaminó en octubre de 2023, cuando el grupo Cartera (propiedad del banquero venezolano Víctor Vargas Irausquín) solicitó un plazo adicional para presentar pruebas de sus activos. Hasta que, en octubre del año siguiente, consignó un documento atribuido a la firma Farringdon de Singapur, que supuestamente confirmaba que ellos poseían un portafolio de valores del grupo de Vargas, como “beneficiario final” del Banco de Orinoco NV.

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Los síndicos de la quiebra contactaron al representante de Farringdon, Martin Young, quien negó haber emitido tal constancia, y dijo que Cartera nunca ha sido cliente de ellos.

A pesar de esto, el tribunal que conoce de esta quiebra, a cargo del magistrado Pieter de Kort, otorgó un lapso adicional para que Cartera presentara un proyecto de acuerdo, que fue rechazado por los representantes de los clientes durante una audiencia celebrada en abril de este año.

Silencio de la Fiscalía

Ante esta situación, y la perspectiva de que los fondos del BdO NV desaparezcan definitivamente, los representantes de las víctimas han acudido a la fiscalía de Curazao para solicitar el inicio de una averiguación penal, y que se emprendan las acciones para resarcir lo adeudado.

Roberto Hung y Carlos Calderón, en representación de 70 víctimas, exigieron al Ministerio Público de la isla que se investigue la presunta comisión de los delitos de desviación de depósitos, falsificación de documentos, usurpación de funciones y apropiación indebida de valores.

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Ha transcurrido más de un mes desde que se llevó a cabo aquella diligencia, y los abogados no han recibido respuesta del órgano judicial. Un silencio que preocupa a los litigantes.

“Hemos pedido audiencia, y estamos viendo si puede ser no solo con el fiscal. No sabemos si asignaron número al expediente. Esto debe escalar a responsabilidades que van más allá del banco. Incluso, debería estudiarse la falta de supervisión, y la responsabilidad moral, pues esto afecta la imagen del sistema bancario”, afirmó Hung.

El abogado aclaró que, en este caso, cumplen el rol de representantes de los intereses de los clientes afectados. Pero indicó que, de iniciarse una causa penal en la isla, será necesario designar a un abogado con capacidad para litigar en esa jurisdicción.

Captación en Venezuela

Según el abogado Lucas Rodríguez, entre las irregularidades que deberían ser investigadas en este caso figura el hecho de que Cartera supuestamente captaba fondos en Venezuela para engrosar las arcas del Banco del Orinoco NV, sin contar con autorización de la Superintendencia de Bancos (Sudeban).

Rodríguez también solicitó una averiguación penal ante el Ministerio Público de Curazao por este caso, en representación de cuentahabientes que residen en Zulia y Falcón.

Sostuvo que, a casi seis años de haberse declarado la quiebra de la entidad, ha transcurrido suficiente tiempo para que los propietarios del banco cumpliesen con sus obligaciones. La prolongación de las deudas le hace concluir que, en realidad, “nunca tuvieron interés de pagar”.

2.756 víctimas

El último informe de los síndicos, pertenecientes a la consultora VanEps, precisa que al momento de la quiebra el Banco del Orinoco NV tenía 2.756 cuentahabientes comprobados. Entre todos ellos, sumaban 573,66 millones de dólares, cuyo paradero se desconoce.

La deuda supera el medio millardo de dólares

Hubo además otro grupo de 151 acreedores, que tenían 280,5 millones de dólares en la entidad. Estos créditos fueron “impugnados” durante el proceso de revisión.

Los síndicos indican que el banco se dirige a un proceso de liquidación definitiva, pero desconocen cuánto podrá durar.

Fuente cortesia de Cronicas del Caribe