Un derecho con precio: la nueva ley migratoria que cambia las reglas del asilo en EE.UU.

NOTI-AMERICA.COM 

Un derecho con precio: la nueva ley migratoria que cambia las reglas del asilo en EE.UU.

Miami, 6 de julio 2025.

Estados Unidos ha dado un giro histórico en su política migratoria. A partir del 4 de julio de 2025, el país impone por primera vez una tarifa de 100 dólares para solicitar asilo. Esta medida, incluida en la nueva ley fiscal firmada por el Presidente Donald Trump en el Día de la Independencia, representa un cambio drástico en la manera como se ha concebido tradicionalmente el derecho al refugio en una democracia moderna. Hasta ahora, el asilo era considerado una protección internacional básica para quienes huían de la persecución, la violencia o la guerra. Pero a partir de ahora, tendrá precio.

Lo que más ha alarmado a organizaciones de derechos humanos es que Estados Unidos se convierte así en uno de los pocos países democráticos del mundo que exige el pago por ejercer este derecho. En contraste, naciones como Canadá, Alemania, España, México, Brasil, Reino Unido o incluso Australia, permiten solicitar asilo de forma gratuita. En estos países, el procedimiento puede ser largo y complejo, pero se entiende que nadie debería tener que pagar para pedir protección cuando su vida corre peligro. En Canadá, por ejemplo, los solicitantes pueden acceder a servicios básicos y permisos de trabajo durante el proceso. En México, la COMAR tramita solicitudes de manera gratuita, mientras que en Brasil, los refugiados tienen acceso a salud y educación sin costo. La mayoría de los países europeos también garantizan el acceso al asilo sin imponer tarifas.

En cambio, la nueva legislación estadounidense establece no solo el cobro inicial de 100 dólares por solicitar asilo, sino también un pago anual de 100 dólares mientras el caso esté pendiente. Además, el permiso de trabajo para solicitantes costará 550 dólares y tendrá una vigencia de solo seis meses. La renovación costará 275 dólares. Si el solicitante desea apelar una decisión negativa ante un juez migratorio, deberá pagar 900 dólares, en lugar de los 110 que se cobraban anteriormente. A esto se suma un impuesto del 1% sobre las remesas enviadas al extranjero, afectando directamente a millones de familias migrantes, muchas de las cuales dependen de ese ingreso para sobrevivir. También se restringen beneficios fiscales para familias donde uno de los padres no tenga número de seguro social, y se eliminan subsidios de salud para personas con estatus legal temporal, como el TPS o visas de trabajo.

Desde el punto de vista de quienes impulsaron esta reforma, el objetivo es fortalecer el sistema migratorio, aumentar su capacidad operativa y reducir el uso indebido del asilo. El nuevo presupuesto contempla más de 170 mil millones de dólares para expandir centros de detención, contratar más de 20,000 agentes de inmigración y modernizar la frontera con sistemas de vigilancia, inteligencia artificial y mayor infraestructura. Argumentan que estas tarifas permitirán sostener los costos sin aumentar el déficit fiscal y que servirán como filtro para evitar solicitudes “abusivas”.

Sin embargo, el fondo del debate no es económico, sino humano y jurídico. El derecho al asilo está consagrado en la Convención de Ginebra de 1951 y en otros tratados internacionales firmados por Estados Unidos. No es un privilegio, sino una garantía mínima para quien no puede regresar a su país por miedo a ser encarcelado, torturado o asesinado. Cobrar por acceder a esa protección es, para muchos expertos y organizaciones, una forma de limitar el acceso al refugio a quienes menos tienen.

Se espera que pronto se acoja una verdadera reforma migratoria que ayude a tantos inmigrantes que, a pesar de tener años en el país, pagando impuestos y contribuyendo a la economía, no han podido regularizarse. Aunque se sabía que el asilo no era una vía completa para la residencia, pues muy pocos casos logran ser aprobados, sí era una opción válida para quienes tenían las bases legales.

Otros se acogieron a beneficios como el TPS, DACA u otros programas especiales. Muchos más, sin otra salida, se escondieron en la oscuridad, alejados del sistema. Pero la gran mayoría ha aportado desde su trabajo silencioso, su esfuerzo cotidiano y su compromiso con el país que los recibió. Ahora, esta nueva y dura realidad obliga a reflexionar y tomar decisiones. Volver a sus países de origen no es una opción segura para muchos; hacerlo significaría enfrentar amenazas, pobreza extrema o incluso la muerte.

Por eso, este es el momento de actuar, de buscar una buena asesoría con abogados calificados, de entender las vías legales que aún existen, y de proyectar un futuro con bases sólidas. Porque la migración no es un delito, es parte de la historia humana. Y porque vivir con dignidad es un derecho que no debería depender de una tarifa.

Finalmente, es importante compartir esta información con familiares, vecinos y colegas, especialmente con aquellos que no manejan bien el idioma o no tienen acceso a fuentes confiables. La migración es un derecho humano, no un crimen, y la mejor herramienta de defensa es el conocimiento. Esta nueva ley representa un reto para millones de personas, pero también un llamado a la organización, la educación y la protección de los derechos fundamentales de quienes han contribuido con su trabajo, cultura y esfuerzo al crecimiento de este país.

«GRACIAS POR PERMITIRNOS EDUCARLOS. ¡EL CONOCIMIENTO ES SU MEJOR DEFENSA!»

Pueden adquirir la primera y segunda edición de la Revista “Educando al inmigrante” por Amazon.

Cualquier ayuda no duden en escribirnos por nuestras redes.

Reportaje realizado por YANET MUÑOZ  Periodista y Abogada Venezolana, Paralegal, Magister en Leyes, Coordinadora legal del Área Migratoria oficina del Abogado Gustavo García-Montes, Directora de la Revista Educando al Inmigrante en  los   EEUU.