134 dias del 2017 son reflejo de nacionalismo reprimido

Veintiocho de las 158 muertes ocurridas en medio de las movilizaciones se atribuyen a los civiles armados pro gobierno. (Fuente: Provea)

Casos de denuncias ante organismos judiciales enmarcados en las protestas, señalaban abuso de autoridad, intimidación y extorsión a quienes participaron durante los enfrentamientos, jóvenes, en su mayoría estudiantes, fueron víctimas de abuso de autoridad junto a sus familiares, de acuerdo a múltiples declaraciones ante defensores de derechos humanos (Provea).

Miguel Ángel Colmenárez Milano, de 36 años, caminaba cerca de su casa la noche del 11 de abril de 2017 junto a cuatro amigos cuando se topó con sus victimarios. En la calle 60 de Barquisimeto, en el estado Lara, se habían levantado dos barricadas en medio de la ola de manifestaciones antigobierno que se habían desatado en el país una decena de días atrás. Miguel Ángel había salido para ver lo que sucedía en la calle y poco después fue rodeado por hombres armados y encapuchados. Eran los colectivos que minutos más tarde lo asesinaron.

Uno de los testigos de aquella noche relató el hecho , en 2017 a Runrun.es. Recordó que los atacantes arribaron en tres taxis del Gobierno y una camioneta Bronco de color negro. Estos conocían a unos supuestos guardias nacionales que minutos antes habían interrogado a la víctima y a sus amigos. Pero los colectivos no los dejaron moverse después de que los uniformados les habían entregado sus documentos de identidad. “Nos preguntaron si estábamos manifestando, porque en la calle 60 con carrera 15 había protestas en ese momento. Les dijimos que no y hasta nos agarraron las manos y nos las olieron para ver si olían a gasolina. Nos requisaron y nos quitaron los teléfonos y todas nuestras pertenencias”, afirmó el sobreviviente.

Lo siguiente que pasó fue que a los cinco amigos los tiraron al piso. Los golpearon, los insultaron y amenazaron con matarlos. Detonaron frente a ellos un artefacto explosivo y luego les ordenaron que huyeran en carrera y, en ese momento, dispararon. A Miguel Ángel lo impactaron en la espalda con una escopeta y la bala salió por su pecho. A uno más lo hirieron en el glúteo y en la pierna y a otro en el hombro.

Miguel Ángel murió esa misma noche con una herida que le desprendió las vísceras y 11 perforaciones en el cuerpo producto de la explosión previa. Fue la primera víctima –de un total de 28, de acuerdo con datos recogidos por Runrun.es–, que murió en manos de colectivos paramilitares durante las protestas de 2017, un año en el que estos grupos de civiles armados vieron respaldadas sus acciones de asedio, represión y amedrentamiento con un proyecto gubernamental que, según expertos, los amparó: el Plan Zamora, que desde el 18 de abril –poco después de la caída de Miguel Ángel– instauró la “unión cívico-militar” con el fin de acabar con el “golpe de Estado» que, para el presidente Nicolás Maduro, “la derecha” quería darle a través de las movilizaciones de calle.

En Barquisimeto, la ciudadanía permaneció encerrada en sus casas por temor a ser víctima del asedio de los colectivos que movilizados en motos y amparados por las fuerzas armadas (FANB), arremetía contra cualquiera.

El mismo día que mataron a Miguel, al noreste de Barquisimeto, un miembro de un colectivo le disparó a Brayan Principal, un adolescente de 14 años que había salido de su residencia, ubicada en la “Misión Vivienda” Alí Primera, a comprar la cena para su familia. Cuando apenas se asomó a la entrada del urbanismo, comenzó una balacera que buscaba castigar a quienes habían cerrado el acceso a la vía principal de la zona con barricadas de cauchos quemados en medio de la calle. El muchacho murió al día siguiente con el intestino perforado.

En Barquisimeto, -18 de julio de 2017- la Avenida Libertador con calle 54 fue escenario de una fuerte represión por parte de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes lanzaron lacrimógenas contras las residencias en el Centro Metropolitano Javier. En La Sucre también fue escenario de manifestación. (Fuente: diario El Impulso)

Los estudiantes universitarios se hicieron sentir en defensa de las instituciones, y atrincherados en las diversas áreas resultaron víctimas de agresiones , de acuerdo a declaraciones posteriores, que en medio del caos no eran escuchadas por autoridad alguna, muchas voces silenciadas ante la mirada indiferente de un sistema complice. Denuncias fueron remitidas y expuestas ante organismos como el Cuerpo de Investigación Penales y Criminalista (CICPC), quienes ante los medios aseguraron atender, pero que al final no obtuvieron atención o respuesta judicial.

Momentos de incertidumbre vivió la ciudadanía,  afectada por la intimidación en las calles, al impedir el libre desenvolvimiento  para cumplir con sus requerimientos diarios.

Las autoridades suspendieron actividades laborales con la finalidad de controlar los focos de violencia, sin embargo, las acciones incrementaron el saldo de heridos y caídos consecuencia del uso de armas de fuego contra los manifestantes desarmados, que para defenderse cerraron el paso de tanquetas con barricadas construidas con el apoyo de ciudadanos de los sectores.

Las acciones violentas que emergieron durante los dias de protesta en el 2017, representaron la verdadera cara de un sistema al amparo de cuerpos armados afectos al gobierno, con orden de atacar, y que por no formar parte de los cuerpos adscritos a las FANB,  facilitaron la actuación de la Fiscalía General de República, que sólo dedicó esfuerzo a llamar a la ciudadanía a denunciar atropellos, con el mínimo esfuerzo por ejecutar acciones judiciales formales, acusando que «aún se recolectan pruebas para llegar a los culpables de tanta violencia».  Hasta la fecha se desconocen arrestos, nombres o acusaciones judiciales contra quienes dispararon a mansalva contra jovenes, mujeres y niños durante esos 134 dias de malestar e inconformidad política en el país.

Fueron muchos los periodistas caídos durante las protestas – del 2017 y de los años siguientes-, que en función de aportar información resultaron silenciados, medios impresos, radiales y digitales cerraron por presión gubernamental, destruida propiedad y suspendidas transmisiones y/o renovación de permisos.

Transcurridos 8 años de esos fuertes sucesos, los defensores de los derechos humanos, padres y testigos de los hechos, siguen esperando respuestas de parte de los Tribunales, del TSJ, de las fiscalías y de los cuerpos de seguridad -expedientes sobre denuncias desaparecieron de las oficinas, expusieron muchas víctimas-, para hacer valer la justicia en nombre de las innumerables víctimas, y muertes aún sin  esclarecer.

fotos: Hector Andres Segura

Presos políticos

En una reciente entrevista con periodistas de La Gran Aldea la líder opositora, María Corina Machado, denunció que familiares de presos políticos estarían siendo presionados para inscribirse como candidatos a las elecciones regionales y parlamentarias del 25 de mayo a cambio de la libertad de sus seres queridos.

“Sé de algunos compañeros, presos políticos, dirigentes, que se les acercan a sus hijos, parejas o madres a decirles que si los quieren libres se tienen que inscribir en esa farsa es de las cosas más asquerosas y bajas que hace una tiranía, y por supuesto que a ellos no los juzgo, a ningún preso político, pero quien diseña esa operación es verdaderamente cruel”, consideró Machado en esa conversación.

En la misma línea, se dio a conocer que familiares de presos políticos (fuente: Efecto cocuyo, 10 de marzo de 2025) que se encuentran en el Centro Penitenciario de Aragua, denunciaron que en la conocida cárcel de Tocorón se reportaron maltratos y promesas incumplidas, de acuerdo con un reporte del Comité por la Liberación de Presos Políticos de Venezuela (Clippve). 

fotos: Héctor Andrés Segura

Un total de 1.061 personas permanecen privadas de libertad en Venezuela hasta el pasado 17 de febrero (2025), consideradas por la ONG Foro Penal como presos políticos, según informó la organización.

La cifra supone 133 personas menos que una semana antes de la fecha descrita, cuando Foro Penal contabilizaba 1.194 los detenidos por implicaciones políticas.

A través de Instagram, la ONG detalló que, del total de los 1.061 detenidos, 940 son hombres y 121 son mujeres, entre los cuales hay 1.057 adultos y cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años de edad, la mayoría arrestados luego de las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó la victoria de Nicolás Maduro pese a las denuncias de fraude por parte de la oposición y diversos gobiernos de la región.

Foro Penal indicó que 896 de los detenidos son civiles y 165 son militares de distintos cuerpos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

La ONG contabiliza, desde 2014 hasta la fecha, 18.295 “detenciones políticas” y asegura que “más de 9.000” personas siguen sujetas “arbitrariamente” a “medidas restrictivas de su libertad”.

fotos: Héctor Andrés Segura

Detención de periodistas

Por otro lado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela denunció este viernes la detención del periodista Rory Branker, quien trabaja para el medio digital La Patilla, con la advertencia de desconocer su paradero.

“Transcurridas cerca 15 horas desde la detención del periodista Rory Branker. No se sabía dónde está. Testigos aseguraron que fue detenido mientras se trasladaba en su carro y que luego un grupo de uniformados fue a su casa para llevarse algunas pertenencias”, señaló el SNTP en una publicación en X.

Por su parte, el medio digital La Patilla indicó que Branker fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). “Según se pudo conocer, Branker fue trasladado a la sede del organismo de inteligencia en El Helicoide (Caracas)”, añadió en una nota de prensa, en la que dijo que hasta el momento se desconoce su estado y las causas de detención.

Además, se evidenció que los funcionarios “regresaron” al domicilio del periodista y se “llevaron dos laptops”.

Sin cambios políticos y judiciales

Son múltiples los testimonios que enmarcan el proceder de las autoridades, en cuanto a quienes dedican esfuerzos a revelarse en contra de las políticas de Estado y las determinaciones a mantenerse en el poder, enmascarados en acciones democráticas que carecen de amparo constitucional, sin embargo  la condición de la lider opositora y del electo presidente Edmundo González Urrutia en búsqueda de cambios en favor de los venezolanos no cesa.

Mientras tanto la incertidumbre se mantiene, y la migración sigue siendo una garantía y alternativa para salir de la crisis y conseguir calidad de vida, en medio de un decadente sistema de salud, un salario que no supera los 4 dólares, y una constante economía en picada, dadas las acusaciones del presidente Nicolás Maduro de culpar a una sanciones que no afectan el bolsillo del venezolano, empobrecido desde hace mas de una década, sólo merma las transacciones de la cúpula de gobierno que expone con descaro su enriquecimiento.

Por su parte, y a consecuencia de las decisiones emanadas desde Estados Unidos la situación del retorno deja expuesta la fragilidad de un país que no impome justicia, solo genera favoritismo para desencadenar adeptos y apoyo de un sector que no tuvo más que retornar por no contar con documentos que les permitan una permanencia legal.

Son muchos los factores que afectan a los venezolanos, que no hsn cambiado, pero que tienen un origen de fondo, la pésima actuación gubernamental para  atender un país debilitado por la destrucción de las instituciones y la pérdida del hilo democrático, tal como se expuso el pasado 28 de Julio de 2024, con detenciones arbitrarias, cuando un pueblo en descontento eligió un cambio, soportando adversidad y ataques frontales de parte de afectos pro gobierno que apoyados por organismos ministeriales y judiciales demostraron el verdadero abuso del poder.

fotos: Héctor Andrés Segura

La esperanza de un cambio no es un sueño, es la suma de acciones que se mantienen con perseverancia y en el seno de los venezolanos que no descansan ante las condiciones adversas de un país, cada vez más vulnerado en su sistema democrático. No dejan de abandonar el país quienes tienen en mente que nada es posible, y emigrar a pesar de las complicaciones se ha convertido en suerte para algunos y muerte para muchos.