#Análisis | EEUU suaviza algunas sanciones a Venezuela, pero no a PDVSA

La necesidad de evitar sanciones ha llevado a PDVSA a ceder las operaciones de los yacimientos petrolíferos y la venta de crudo a socios minoritarios.

Estados Unidos, por medio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) ha decidido suavizar algunas de las sanciones impuestas al gobierno de Venezuela, pero mantiene las sanciones a PDVSA.

Giro en la política estadounidense: La OFAC ha emitido una nueva licencia que permite ciertas transacciones relacionadas con la exportación o reexportación de gas licuado de petróleo (GLP) a Venezuela hasta el 8 de julio de 2025.

PDVSA sigue bajo presión

Sin embargo, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), la empresa estatal venezolana de petróleo y gas natural, no se beneficia de esta medida. Las transacciones con la petrolera nacional siguen estando prohibidas en virtud de las sanciones impuestas por varias órdenes ejecutivas de EEUU.

unos 200.000 bpd. Las autoridades venezolanas estudian actualmente una prórroga del proyecto Petropiar entre ambas empresas hasta 2047, con una inversión prometida de 2.390 millones de dólares para aumentar la producción de 110.000 a 150.000 bpd.

Caracas ha intentado mejorar las condiciones para los inversores extranjeros en un intento de impulsar la recuperación económica. El presidente Nicolás Maduro anunció recientemente que su administración había conseguido inversiones de los «países BRICS» para las industrias básicas del país sudamericano.

Al parecer, el grupo indio Jindal se dispone a hacerse con un complejo estatal venezolano de mineral de hierro y también está presionando al Departamento del Tesoro de EE.UU. para obtener una licencia que le permita adquirir una participación minoritaria en el mejorador de crudo Petrocedeño.

En el sector petroquímico, el grupo turco Yildirim, un importante grupo naviero y minero, invertirá 750 millones de dólares en la construcción de una planta de amoníaco en el este de Venezuela tras firmar un acuerdo con la petroquímica estatal Pequiven.

Las denominadas «alianzas estratégicas» en las que intervienen activos públicos no tienen los detalles del acuerdo hechos públicos, pero suelen consistir en concesiones por tiempo determinado que no incluyen cambios en las participaciones accionariales. Algunos sectores de la izquierda venezolana han criticado las aperturas al sector privado por su falta de transparencia y la reducción del papel del Estado.