El chavismo y la oposición acuerdan una vía judicial para la posible habilitación de María Corina Machado

NOTI-AMERICA.COM | VENEZUELA –La presión ejercida por Estados Unidos para que el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana concretaran los acuerdos alcanzados ha dado un resultado.

Los facilitadores de Noruega, que alentaron el último acercamiento entre las dos partes en las conversaciones de Barbados, han anunciado este jueves que los dirigentes venezolanos inhabilitados que aspiren a presentarse como candidatos a las próximas elecciones presidenciales pueden solicitar la revisión de sus procesos ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

El acuerdo abre la puerta a una eventual habilitación de María Corina Machado, ganadora de las primarias opositoras.

Lo que han llamado “el mecanismo”, una vía para dar garantías democráticas a las presidenciales de 2024, ha sido detallado en un comunicado difundido por Noruega cuando finaliza el mes de noviembre, el deadline que había puesto el secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, para que Venezuela diera señales de que las negociaciones están avanzando.

“Las partes han convenido procurar la revisión de las medidas de inhabilitación dictadas por la Contraloría General de la República a diversas personas que aspiran a postularse como candidatos en las elecciones presidenciales de 2024″, indica el texto.

El procedimiento establece que “los interesados” pueden acudir a la máxima instancia judicial y solicitar un recurso contencioso-administrativo acompañado de un amparo en un plazo establecido.

Entre este viernes y el 15 de diciembre, los inhabilitados podrán presentar estos documentos y comenzará otra etapa de suspenso en Venezuela.

“La Sala Político Administrativa se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución”, especifica el documento.

En el procedimiento también se advierte de que deben abstenerse de presentar en la demanda y en declaraciones públicas “conceptos ofensivos o irrespetuosos” hacia las instituciones del Estado.