El presidente Nicolás Maduro decidió eliminar esa figura, pues dijo que «gane quien gane» podrá gobernar en su estado y municipio sin los interventores, quienes cumplían una función paralela a los gobernadores y alcaldes.
Los protectorados son miembros del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), designados por Maduro para «garantizar la protección social y económica» en los estados y municipios gobernados por la oposición.
En ese sentido, el diputado opositor Alfonso Campos, del partido El Cambio, dijo en conversación con Sputnik que la eliminación de los interventores forma parte del nuevo acontecer político, enmarcado en el diálogo que mantienen el Gobierno y la oposición para generar garantías electorales.
«Esa decisión del presidente no es voluntaria. Es producto de distintos diálogos que estamos tratando de alcanzar la oposición democrática para ver ese camino despejado y de confianza necesario para poder caminar hacia las elecciones del 21 de noviembre», expresó.
30 de junio, 21:24 GMT
En la actualidad, cuatro interventores cumplen funciones en igual número de estados: Freddy Bernal, en Táchira (oeste), Jehyson Guzmán, en Mérida (oeste), Dante Rivas, en Nueva Esparta (norte), y Luis José Marcano, en Anzoátegui (oeste).
Desde el 2013, Maduro ha designado protectores en varias regiones del país, donde el partido de Gobierno no ganó la gobernación o la alcaldía.
Inconstitucional
Para el abogado y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, Juan Manuel Raffalli, la figura de los interventores no está establecida en la Constitución.
«Desde el punto de vista del derecho constitucional, los protectorados son una figura evidentemente apartada del texto de la Constitución, porque su misión era ejercer poder donde el Gobierno no tenía el gobernador sino que era opositor, y el poder público regional es uno solo y de acuerdo a la Constitución el poder ejecutivo en el estado lo ejerce el gobernador, así como el poder nacional lo ejerce el presidente», dijo el académico a Sputnik.
19 de junio, 02:26 GMT
Rafalli, también docente de la Universidad de Monteávila, consideró que el Gobierno busca enmendar la creación de esa figura por razones electorales.
«Están corriendo a ver cómo ponen la película menos fea, por eso hacen una especie de enmienda, pero además ellos dicen que van a eliminar a los protectores, pero lo hacen a pocos meses de que se venza el período constitucional. Si la oposición se alzara con 15 gobernadores a lo mejor lo vuelven a poner, porque lo pusieron de la nada, una figura porque les dio la gana», acotó.
Comunal vs protectorado
La eliminación de los interventores generó desconfianza en un sector de la oposición, el cual considera que al Gobierno no le hará falta esa figura, de aprobarse en el parlamento la Ley Orgánica de Ciudades Comunales.
En ese sentido, Campos manifestó que esperan que el proyecto de ciudades comunales no sea el equivalente al protectorado.
«Como oposición, aunque somos minoría, dejamos clara nuestra posición de ir en contra de esta ley, porque no está dejando clara la intención desde el punto de vista institucional a querer fomentar la posibilidad de que haya un estado paralelo al que establece la Constitución», comentó.
Por su parte, Rafalli dijo que el Gobierno busca crear estados paralelos así como lo hizo con los interventores.
«Lo que hicieron con los protectores lo hacen ahora con estados paralelos por vía legislativa, sin preguntarle al pueblo si quiere o no que le reformen la Constitución, eso implica una reforma mayúscula del texto constitucional. Porque no se trata de un estado comunal en término de las comunas o vehículos comunitarios que van a actuar con los alcaldes o gobernadores, que es el único poder que la Constitución prevé, esto es un nuevo poder público que va a chuparse (absorber) los fondos de alcaldías y gobernaciones», expuso.
Sin embargo, el Gobierno asegura que esa ley impulsará el nuevo modelo de gestión, «porque el pueblo va a poder manejar sus recursos y podrá asumir la solución de los problemas de su comunidad».
El abogado indicó que en el marco de esa ley, la oposición debería asumir la posición contraria, y darles más votos a los gobernadores, para que hagan frente a «esa transgresión de la Constitución».
Entretanto, avanza en Venezuela el cronograma electoral de los comicios del 21 de noviembre, y Maduro ha llamado a la oposición a participar de forma unida para la elección de los gobernadores, alcaldes y representantes de los consejos legislativos y concejos municipales.
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