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Nicolás Maduro entra en desesperación ante el colapso total de Venezuela

Por Matthew Smith

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Tras más de 15 años de sanciones de Estados Unidos, que provocaron el colapso de la única y poderosa industria petrolera de Venezuela, el Estado latinoamericano en crisis parece estar ahora al borde del fracaso. Más de dos décadas de gobierno socialista autocrático, que comenzó con la revolución bolivariana de Chávez en 1999, han destruido lo que una vez fue la democracia más estable y el país más rico de Sudamérica. Venezuela se encuentra en la cola de lo que se describe como el peor declive económico de los tiempos modernos que se ha producido fuera de la guerra.

Sólo en 2020, el Fondo Monetario Internacional estimó que la economía venezolana se contrajo un devastador 30% y que este año volverá a contraerse al menos un 10%. La magnitud de la crisis económica se ve acentuada por la aparición de una hiperinflación a una escala comparable a la de la Alemania de Weimar de los años 20, que ha forzado la dolarización extraoficial de la economía venezolana. Estos acontecimientos han desencadenado una asombrosa crisis humanitaria que ha obligado a casi seis millones de venezolanos a huir de su asediada patria desde 2015. Ninguno de estos acontecimientos, incluidas las devastadoras repercusiones humanitarias precipitadas por el fallido experimento socialista de Chávez, ha persuadido a Washington de suavizar las sanciones.

La inmensa gravedad de la crisis que ahora se apodera de Venezuela hizo que el autocrático presidente Maduro pidiera recientemente a Biden que abriera relaciones diplomáticas con su gobierno y levantara las sanciones de Estados Unidos. Estas propuestas, a pesar de las numerosas ramas de olivo tendidas por Caracas en los últimos meses, fueron rechazadas por la Casa Blanca. El gobierno de Biden se niega a negociar con Maduro hasta que su régimen acepte cambios transformadores que incluyan el compromiso con Juan Guaido, el presidente interino reconocido por Washington, la restauración de las libertades políticas y el establecimiento de un calendario para la celebración de elecciones justas y democráticas.

Es difícil calibrar si Maduro aceptará o incluso tiene los medios para aceptar los elementos clave de las estipulaciones de Washington. Puede que haya superado a sus rivales políticos en Venezuela, pero el liderazgo socialista del país sigue estando bajo una presión extrema. Por eso, en los últimos meses, Maduro ha moderado notablemente su postura de línea dura hacia Washington. Eso ha incluido gestos unilaterales de buena voluntad destinados a crear capital político con la administración de Biden y crear presión para aliviar las sanciones. Las medidas más notables han sido el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral que incluye a dos figuras de la oposición, el traslado de seis ejecutivos de Citgo de la cárcel al arresto domiciliario y la aprobación de un programa mundial de alimentos de la ONU. También hay indicios de que Caracas está intentando expulsar a los grupos armados ilegales del territorio venezolano, especialmente a los designados por Washington como grupos terroristas extranjeros.

La desesperación de Maduro es fácil de entender. A pesar de desafiar las duras sanciones de Estados Unidos para reforzar su control del poder a nivel interno, derrotando a sus oponentes y ganando el control de la Asamblea Nacional, su posición es cada vez más vulnerable debido a la inminente implosión del Estado venezolano. La nación, rica en petróleo, está casi en bancarrota. Esto no sólo se debe a las sanciones de Estados Unidos y al desmoronamiento de la industria petrolera, sino a que el régimen de Maduro ha saqueado regularmente las reservas de oro y divisas de Venezuela para apuntalar la destrozada economía y cumplir con las obligaciones de la deuda externa.

La desastrosa caída económica se ve amplificada por la corrupción rampante, con leales al régimen que saquean regularmente las arcas del gobierno para su propio beneficio. Incluso los prestamistas de último recurso, como el Kremlin, Pekín y Teherán, han hecho poco para evitar la erosión de las importantísimas reservas financieras de Venezuela o de la economía del país. El rápido declive de la fortuna fiscal de Caracas obligó al régimen de Maduro a reestructurar la deuda soberana de Venezuela tras entrar en default en noviembre de 2017. Si bien el régimen llegó a un acuerdo con acreedores individuales, queda por ver si Caracas posee recursos suficientes para cumplir con las obligaciones de la deuda soberana de Venezuela, a menos que pueda obtener acceso a los mercados financieros y energéticos internacionales. Mientras sigan vigentes las actuales sanciones de Estados Unidos, esto no ocurrirá debido a la imposibilidad de obtener préstamos de los prestamistas internacionales. Esto magnifica la complejidad de la extrema crisis económica y humanitaria que Caracas se ve obligada a resolver.

Si se tiene en cuenta que las reservas de petróleo de Venezuela son las mayores del mundo, con más de 300.000 millones de barriles, la profunda crisis económica del país es difícil de comprender. Con los precios del crudo repuntando sustancialmente desde finales de 2020, la extracción de esas vastas reservas de petróleo ofrecería, a primera vista, una solución urgente. Para generar interés y atraer inversiones vitales, Maduro declaró a principios de este año que Venezuela estaba abierta a los negocios y que buscaba inversiones de empresas energéticas extranjeras para explotar sus vastas reservas de petróleo. Maduro incluso planteó la idea de que las empresas energéticas de propiedad privada pudieran controlar los proyectos petroleros en Venezuela, algo que no ha ocurrido desde que Chávez confiscó los activos petroleros de propiedad privada entre 2007 y 2010.

Si bien esto despertó el interés de muchas empresas energéticas extranjeras más pequeñas, no logró atraer la importante inversión necesaria, estimada entre 58.000 y 200.000 millones de dólares, para reconstruir el destrozado sector petrolero venezolano. Esto no ocurrirá hasta que Washington suavice las sanciones y permita a las grandes empresas energéticas occidentales, que son las únicas que poseen los recursos y la tecnología necesarios, operar de forma rentable en Venezuela. La crisis que atraviesa la destrozada industria petrolera venezolana se pone de manifiesto en el hecho de que sólo bombeó una media de 535.000 barriles diarios durante mayo de 2021, lo que supone un 5% menos que un año antes y aproximadamente una sexta parte de los 3,1 millones de barriles diarios que se producían en 1998, antes de que Chávez ascendiera a la presidencia e iniciara su revolución socialista bolivariana.

La desesperación del régimen de Maduro es cada vez mayor a medida que pierde el control de importantes extensiones de territorio a favor de grupos armados no estatales venezolanos y colombianos. Esto está alimentando un temor considerable en el palacio presidencial de Miraflores de que incluso el férreo control de Maduro sobre el poder puede ser insuficiente para evitar que Venezuela se derrumbe, dejando al presidente y a sus partidarios vulnerables a las órdenes de arresto de Estados Unidos o algo peor. La incapacidad de Caracas para controlar grandes porciones de la topografía venezolana se debe a su incapacidad para financiar la infraestructura pública básica y los bienes sociales, combinada con unas fuerzas armadas dilapidadas.

Las fuerzas armadas de Venezuela, desprovistas de fondos durante casi una década, son una mera sombra de lo que eran cuando Chávez ganó democráticamente la presidencia en 1998. Los recientes acontecimientos en el estado occidental de Apure ponen de manifiesto esta situación, ya que las fuerzas de seguridad están luchando para derrotar al aguerrido Frente 10 de las FARC. Los guerrilleros colombianos, que se negaron a desmovilizarse de conformidad con el acuerdo de paz de 2016 con el gobierno nacional de Colombia en Bogotá, se han refugiado durante mucho tiempo en la zona fronteriza sin ley con Venezuela.

Allí se hicieron con el control de las lucrativas rutas de contrabando, el tráfico de drogas y la extorsión, además de ocupar el territorio de Venezuela con la aprobación tácita de Caracas. Los guerrilleros, curtidos en la lucha contra el ejército colombiano durante décadas, han utilizado tácticas de ataque y huida, incluyendo emboscadas y artefactos explosivos improvisados, con gran efecto. En muchos casos, han superado a los militares venezolanos, mal entrenados y equipados, que también luchan contra los efectos de la baja moral causada por el profundo malestar económico de su país. El mes pasado, guerrilleros disidentes de las FARC capturaron a ocho soldados venezolanos después de que una operación en La Capilla saliera mal y provocara la muerte de 16 soldados. Los soldados cautivos fueron finalmente liberados por la guerrilla a principios de este mes, después de que las autoridades venezolanas se mostraran incapaces de rescatarlos.

No es sólo la región fronteriza donde Caracas es incapaz de controlar el territorio venezolano. Analistas regionales y grupos de derechos humanos afirman que las guerrillas colombianas, incluidos los grupos de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), operan hasta en el 70% del territorio nacional de Venezuela. Se calcula que los grupos paramilitares venezolanos, conocidos como colectivos, controlan el 10% de las ciudades del país y operan en al menos 16 de sus estados.

La incapacidad del gobierno para controlar su territorio está amenazando incluso a las principales ciudades, incluida Caracas, que antes estaban firmemente bajo la administración del régimen de Maduro. La rápida afluencia y expansión de múltiples actores armados no estatales podría provocar la implosión de un Estado venezolano herido de muerte, lo que explica la desesperada petición de Maduro a Washington de que alivie las sanciones para que el régimen socialista autocrático pueda empezar a reconstruir el país antes de que sea demasiado tarde.